Médicos que mienten a sus pacientes sobre anticonceptivos y aborto: una práctica poco frecuente, pero real

Del siglo XXI se esperan muchas cosas. Como que a estas alturas, y con todo nuestro pasado, ya no hubiese guerras. Pero luego llega la vida y nos defrauda. Pasa lo mismo con ciertas prácticas médicas. En el pasado era común que hubiese médicos que se negaran a practicar abortos, farmacéuticos que insultaran a las personas que acudían a comprar anticonceptivos o incluso experimentos en los que se ponía en peligro la salud de las personas, bajo engaños y disfrazando la simple y pura maldad de supuesto interés científico. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Pero aún nos sorprendemos. Todavía conocemos casos que podrían haber ocurrido hace muchos años. Como engañar a una paciente para que deje los anticonceptivos. O darle largas cuando pide un aborto para que finalmente se le pase el plazo legal. 

Nada de esto es una invención. Y tampoco una vieja historia rescatada de diarios médicos del siglo pasado. Ambos son sucesos que han llegado a Hipertextual con el testimonio de Claudia (nombre ficticio), una ginecóloga que ejerce su profesión en Andalucía y conoce de primera mano demasiados casos de este tipo. 

Obviamente, no son la tónica de la medicina, pero sí que son muchos más casos de los que deberían. Porque la única cantidad admisible de sucesos de este tipo debería ser ninguna. 

Cuando la ética no existe

Durante la Segunda Guerra Mundial, Josef Mengele, un famoso médico nazi, se dedicó a realizar macabros experimentos con los presos del campo de concentración de Auschwitz. Tomaba grupos de gemelos e infectaba a uno con tifus y a otro no para ver qué ocurría, realizaba amputaciones sin motivo, asesinaba a reclusos al azar para poder diseccionarlos… 

Sus bárbaras acciones, así como las de otros de sus compañeros, se juzgaron en Nüremberg al acabar la guerra. Pero el abuso de médicos y científicos sobre personas vulnerables no acabó con ellos. No mucho después, en uno de los países que ganaron aquella guerra, se engañaba a los aparceros afroamericanos, negándoles la existencia de un tratamiento contra la sífilis, simplemente para poder estudiar cómo avanzaba la enfermedad sin ningún antibiótico para detenerla.

Estas y otras muchas atrocidades llevaron a enunciar los que a día de hoy se conocen como Principios de la Bioética. Unos principios dirigidos a que nadie pueda usar la ciencia como excusa para dañar a otras personas ni imponer sus ideales.

Son principalmente cuatro. El primero es el de autonomía. Según este, todas las personas deben ser tratadas como seres autónomos y, por lo tanto, recibir la información necesaria para actuar bajo sus propios criterios.

En segundo lugar nos encontramos con el de beneficencia, que apela a la importancia de curar cualquier daño y promover el bienestar de las personas. De la mano de este está el de no maleficencia. Puede parecer lo mismo, pero se usa para incidir en la importancia de no promover ningún daño y prevenirlo en la medida de lo posible.

Y, para terminar, el de justicia promueve la equidad en la distribución de cargas y beneficios y rechaza cualquier tipo de discriminación. Como la que se hizo sobre los presos de Auschwitz, los aparceros afroamericanos de Tuskegee, en Estados Unidos, o cualquier mujer que, confiada en la fiabilidad de su médico de cabecera, recibe deliberadamente información errónea sobre anticonceptivos o aborto.

Médicos que se creen con derecho a decidir sobre anticonceptivos

Todos los principios de la bioética mencionados se usan también para prevenir actividades médicas o científicas dañinas basadas en la ideología de la persona que las practica.

Esto es común en medicina cuando se habla de cuestiones como el uso de anticonceptivos, el aborto o la eutanasia. Aun existiendo la posibilidad de declararse objetores de conciencia y negarse a realizar determinadas prácticas por motivos ideológicos, algunos directamente prefieren usar todo tipo de artimañas. Según nos cuenta Claudia, conoce casos en los que “se exageran o directamente se inventan efectos secundarios de los anticonceptivos tanto hormonales como no hormonales para que las pacientes los dejen”. Esos engaños pueden ir “desde que restan fertilidad futura hasta que provocan anemia”. 

Y de hecho esto último fue el motivo empleado por una médica cuyo caso concreto resulta muy preocupante. “Una paciente comienza tomando la píldora, con una mala posología porque no se lo han explicado bien, pero, unos meses más tarde, le detectan anemia”, relata. “Su médica de cabecera le dice que se la están provocando los anticonceptivos, algo que a ella le extraña porque ahora sangra menos cantidad. Aconsejada por su médica los deja pero sin buscar un método alternativo por lo que a los pocos meses se queda embarazada”.

Solo hasta aquí el caso ya es de lo más preocupante. Pero lo más grave es que hubo mucho más. “La chica quiere abortar, acude en plazo a su centro de salud y solicita interrupción voluntaria del embarazo (IVE)”, continúa Claudia. “Su médica le da cita telefónica y la llama a los 7 días, le dice que tiene que ir al centro de salud a hacer los papeles, pero en ese momento la mujer está aislada por COVID. Cuando sale del confinamiento, vuelve a pedir cita y la médica le dice que está en contra y que tiene que gestionarlo todo la trabajadora social y que no tiene cita hasta 14 días después”. 

Ante esta situación, la paciente tuvo que esperar dos largas semanas, con todo lo que supone psicológicamente una decisión de este tipo. Y, llegado el momento, la cosa se complica. “La mujer espera todo este tiempo y finalmente acude a la clínica fuera de plazo legal para la interrupción en primer trimestre”. Como bien explica Claudia, esto supone que “al drama de verte obligada a tener un embarazo que no deseas, se le suma la desesperación de haber tomado una decisión que, en su caso, es dolorosa como no continuar con una gestación durante más de un mes porque quien tiene que velar por tu salud física y mental no lo está haciendo”.

Este es un caso flagrante. Pero no aislado. De hecho, según señala Claudia, es algo relativamente frecuente a la hora de prescribir anticonceptivos o derivar para la realización de un aborto. No quizás tan concreto y con un final tan terrible, pero sí que se dan muchos casos en los que “directamente los médicos las llaman asesinas o les dan mil vueltas para que se sientan mal”.

La ginecóloga que nos ha dado su testimonio deja claro en todo momento que “afortunadamente esto no es lo normal, pero sí que ocurre con relativa frecuencia, se sienten juzgadas, no se sienten acompañadas y están solas y desinformadas”.

De la objeción de conciencia a la infracción de la ley

Aunque, por suerte, cada vez son menos, en la actualidad sigue habiendo muchos médicos que se oponen al uso de anticonceptivos o a técnicas como el aborto.

Algunos se declaran objetores de conciencia. Otros directamente se valen de artimañas como las que nos cuenta Claudia. Y lo peor es que, según señala también la ginecóloga, los pacientes que sufren este tipo de maltrato no suelen atreverse a denunciar. Pero imaginemos que sí lo hacen. ¿Serían realmente sancionables este tipo de actividades?

Para saberlo, en Hipertextual nos hemos puesto en contacto con Carlos Rodríguez Castro, abogado especialista en derecho sanitario. Concretamente hemos hablado de un caso como el descrito más detalladamente por Claudia. Y en ese caso, según el especialista, habría “tres conductas que pueden ser reprochables legalmente”. 

Las dos primeras van muy unidas, pues son la retirada indebida de los anticonceptivos y la falta deliberada de información en relación a dicho tratamiento. “Si se pudiese demostrar que el profesional ha mentido deliberadamente para retirar un tratamiento con la intención de perjudicar a la paciente, en este caso causando un embarazo no deseado, la conducta sí sería reprochable penalmente, enfrentándose a penas de cárcel o de inhabilitación”, relata Rodríguez Castro.  “El problema que veo en la práctica es demostrar que efectivamente ha habido un comportamiento doloso, esa intención de causar ese daño por parte del profesional”. 

Esta dificultad sería relativa a procedimientos por la vía penal. Sin embargo, el abogado explica que por otros caminos podría ser más sencillo. “Aunque sea difícil dirigirse en estos casos por la vía penal, podría ser viable la reclamación por otras vías, puede ser civil o administrativa, dependiendo de en qué situación nos encontremos”. Esto se debe a que, “si bien no es fácil demostrar la intencionalidad del médico, sí podemos acreditar que se ha hecho de forma indebida”.

Ataque al derecho al aborto

La última conducta negligente que menciona el abogado es la concerniente a los retrasos a la hora de realizar el aborto hasta el punto de que se sale de los plazos. “Si pudiésemos demostrar que el retraso ha sido deliberado y doloso, con la intención de causar daño a la paciente y obligarla de alguna manera a tener un hijo no deseado, también podría ser reprochable penalmente”, plantea. “Se enfrentaría a penas de prisión, inhabilitación o ambas”. Eso sí, para que fuera reprochable penalmente “habría que demostrar el ánimo,que siempre es muy difícil”. Sin embargo, aunque no se pueda demostrar el ánimo, “si hay una vulneración flagrante de los derechos de la paciente, se puede pedir una indemnización por otras vías”. 

De cualquier modo, de las tres opciones, esta quizás sea la que se puede atajar más fácilmente, porque vulnera directamente la ley. Concretamente la  ley orgánica 2/2010 del 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Esta ley reconoce la garantía al acceso a esta prestación”, aclara Rodríguez Castro. “Es algo que por ley debe estar garantizado por los servicios públicos”. Y, en este caso que nos contó Claudia, dicha ley parece vulnerarse a muchos niveles más allá del tema de los anticonceptivos. Tanto por no respetar la garantía al aborto, como por no informar adecuadamente.

De hecho, incluso si un médico se declara objetor de conciencia, sus pacientes deben tener alternativas. Como bien nos señala Claudia durante su relato, “la objeción de conciencia es un derecho siempre que la paciente no vea menoscabado su derecho a interrumpir el embarazo”. De hecho, el abogado especialista en derecho sanitario nos cuenta que, para empezar, cualquiera que quiera abortar “tiene derecho a que se lo hagan en un hospital público”. Si por parte del hospital no pueden, ya sea porque no tienen personal, todos son objetores de conciencia, o cualquier motivo, “tienen la obligación de derivarla a un sitio en el que sí se lo puedan practicar”. Además, deben comprometerse a que, si el lugar alternativo es una clínica privada, “están obligados a abonar ese coste a la paciente para que no le cueste dinero algo que tendría que estar garantizada por servicios públicos de salud”.

La importancia de denunciar las injusticias sobre anticonceptivos

Los crímenes de Mengele o las atrocidades de Tuskegee se atajaron cuando salieron a la luz. Ya era demasiado tarde para muchas personas. Pero, gracias a que se detuvieron y se intentaron poner medidas para evitar que volviera a pasar algo así, se salvaron otras muchas.

Todo lo concerniente a la negación a prescribir anticonceptivos o realizar un aborto puede parecer más leve. Y quizás lo sea. Pero no debemos olvidar que un embarazo no deseado puede suponer para quien lo tiene un coste físico, económico y psicológico muy elevado. 

Por eso, es importante que estas historias se den a conocer. Y también que cualquiera que crea que ha sufrido maltrato de este tipo acuda a un profesional. “Si una persona sospecha que ha sufrido cualquier perjuicio como consecuencia de una mala actuación médica, lo primero que tiene que hacer cuanto antes es acudir a un abogado especializado en derecho sanitario”, aconseja Rodríguez Castro. “Cada caso es un mundo, requerirá actuar de una manera diferente y un abogado siempre va a saber cómo se tiene que actuar en cada momento”. 

Además, “se debe recopilar toda la información posible para acreditar tanto el daño, como el nexo causal, como la infracción a la lex artis”. Esto último hace referencia a “la infracción de las normas técnicas que son exigibles a cualquier profesional”. Para recopilar toda esta información lo que se hace es solicitar la historia clínica en el hospital donde se ha cometido la infracción. El abogado, además, aconseja solicitarla cuanto antes, porque “tardan hasta un mes o incluso dos, según la complejidad”. Luego ese informe será el que use el perito que trabaja con el abogado. Y, ya con su informe, se elaborará la estrategia, que dependerá de cada caso. 

En definitiva, todo ser humano debería tener derecho a una sanidad que busque su beneficio, evitando dañarlo, tratándole como a un ser autónomo y de la forma más justa posible. Esos principios de la bioética están salvaguardados por la ley. Para que no vuelvan los errores del pasado, deberíamos acogernos a ella cuando sea necesario. Porque nadie debería nunca usar su profesión para imponer su ideología sobre quienes acuden en busca de su ayuda.