Durante años se ha debatido sobre la necesidad de un impuesto que gravara los ingresos que generan las grandes tecnológicas en un territorio en concreto… Pero que se escapaban al estar sus sedes en otros países. Francia ha impulsado su propio impuesto durante el último año, España acaba de poner en marcha su ‘Tasa Google’, y Europa llevaba años trabajando en el asunto.
El objetivo, evitar que Google, Apple, o Facebook (con sede en Irlanda a efectos internacionales, con un impuesto de sociedades al 12,5%, frente al 24% de media de la OCDE, o el 25% de España), Amazon en Luxemburgo, con volúmenes de negocio millonarios en otros países, escabulleran su tributación. El último caso más conocido, el de Netflix, que apenas pagó en su primer año con sociedades en España 3.000 euros de impuesto al pasar sus ingresos por su filial holandesa.
Estas intentonas por frenar esta dinámica a nivel local, sin embargo, podrían cambiar para siempre. El G7 anunció esta semana en su última reunión un principio de acuerdo para promover un tipo mínimo del impuesto de sociedades global del 15%. Además, se impondría una vigilancia global para que todas las grandes multinacionales -no solo las tecnológicas- tributen un 20% sobre todas sus líneas de negocio que han generado más de 10% de beneficios, un montante que después se repartiría de forma equitativa entre para paliar estas diferencias.
De tasas Google locales a un impuesto global
La intención es de momento solo eso, pero supone “un cambio de paradigma”, según cuenta a Hipertextual María Bertrán, Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Loyola.
“Queda mucho por ver cómo se acabaría asentando, pero la OCDE ya lleva años promoviendo una iniciativa global para acabar con este problema. La lectura inicial es simple. Antes las sociedades y empresas estaban localizadas, algo que la digitalización ha cambiado por completo, y es socialmente justo que se tribute de forma equitativa en aquellos territorios en los que generan beneficios”.
Los efectos de estas propuestas ya han sido analizados y, con un tipo mínimo del 15%, supondrían en Europa unos 50.000 millones de euros más al año. “El debate y el cambio que puede marcar que se deje de promover tasas nacionales para caminar hacia un impuesto global ha tenido mucho que ver también con la crisis de la COVID. Los políticos y los ciudadanos han tomado conciencia de que recursos que hemos necesitado este tiempo deben sufragarse con impuesto y, en cierto modo, se está dejando a un lado el mensaje imperante de que por definición los impuestos son malos”, continúa la experta.
Bertrán también destaca que que la propuesta haya surgido ahora tiene que ver con e cambio en la Casa Blanca, donde Joe Biden ha dado un volantazo sobre la política que hasta ahora mantenía Trump.
¿Adiós a los paraísos fiscales?
Las dudas que quedan en el aire son muchas. La primera, cómo hacer que los países que ahora se beneficiaban de tributaciones más laxas como Irlanda para atraer empresas pasen por el aro. “Al final, las empresas lo que necesitan es seguridad jurídica. No creo que para estas compañías sea un problema económico, y pueden preferir tener claro cómo actuar a estar pendientes de cambios regulatorios”, explica. El caso de Facebook, que en enero vio como en protección de datos su escudo irlandés quedaba inhábil gracias a un cambio de dirección de la Unión Europea, puede ser un buen ejemplo. “Y es posible que sigan existiendo algunos paraísos fiscales, pero si te sales del sistema, al final todo tiene consecuencias. Nadie quiere tener por ejemplo a Estados Unidos como enemigo”, subraya.
Bertrán también pone sobre la mesa algún precedente, como el cese del secreto bancario. “Cuando estudiaba en la universidad nos explicaban que nada cambiaría con respecto a este tema. Que Suiza por ejemplo no lo permitiría. Hoy compartir información bancaria está a la orden del día. Simplemente, los tiempos cambian”.
La propuesta del G7, que será evaluada por el G20 y la OCDE próximamente, no promete de todas formas tener un aterrizaje sencillo. “Más allá de disputas políticas o intereses, armonizar el Impuesto de Sociedades a nivel global, sin entrar en tecnicismos, no es sencillo. Hay países que lo calculan de una forma y otros de otra, pero se ha dado un primer paso importante”, dice la profesora de la Universidad de Loyola.
¿Hecha la Ley, hecha la trampa? Amazon podría evitarse este impuesto
Como por ahora se sabe más bien poco, todo lo que se puede decir son sobre todo elucubraciones. Tras un primer día de negociaciones, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, dijo que los países del G7 todavía están discutiendo qué empresas deberían estar sujetas a un nuevo mecanismo de imposición para grandes empresas basado parcialmente en las ventas (la tributación al 20% sobre los beneficios).
Sin embargo, en un análisis publicado en The Guardian, varios analistas coincidían en que si bien Apple o Google deberían pasar por el aro, Amazon podría esquivarlo. ¿Por qué? El gigante creado por Jeff Bezos reinvierte constantemente sus beneficios, con un margen para todo la compañía de solo el 6,4% en su último ejercicio. Tan solo Amazon Web Services genera más de 10% de beneficios que sería grabado.
“Es posible que las empresas carguen esta tributación a los consumidores, como ya se ha anunciado que va a pasar con el Impuesto sobre determinados servicios digitales en España. Pero creo que a nivel incluso de visión política, perseguir que estas empresas paguen más puede traer votos, y eso es importante para que tenga impulso”, comenta Bertrán.
Las conversaciones recibieron un impulso esta primavera cuando Estados Unidos se posicionó sobre los dos elementos de la reforma. Washington propuso ampliar la reforma fiscal más allá del sector tecnológico para incluir a las 100 mayores empresas del mundo. También pidió un tipo impositivo mínimo global de al menos el 15% del que ahora se habla.
La gran pregunta: ¿llegará a concretarse?
Sin embargo, mientras que el consenso sobre un tipo impositivo mínimo podría ser relativamente fácil de alcanzar, las cosas podrían ser más complejas cuando se trata de dividir los ingresos fiscales entre los países en función de dónde venden las empresas sus bienes y servicios.
A diferencia de una propuesta anterior debatida en la OCDE, que se basaba en criterios más complejos, el nuevo plan solo se dirigiría a las empresas con un umbral de ingresos anuales superior a 20.000 millones de dólares.
Habrá que estar pendiente de cómo evoluciona todo esto. Por ahora, el Gobierno de España parece que mantendrá su propio impuesto -esta misma semana se concretó su reglamento en el BOE- hasta que surja la esperada solución global.
