La semana que se cierra ha sido especialmente pródiga en temas que tienen que ver con la regulación que muchos países, y especialmente la Unión Europea, quieren promover sobre las grandes tecnológicas.
El Gobierno de España ha anunciado un nuevo proyecto de Ley para promover (por tercera ocasión, sin que las anteriores hayan llegado a nada) un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido popularmente como 'Tasa Google'.
Mientras, Mark Zuckerberg ha estado de gira por Europa para participar en diversos foros y también reunirse con las élites políticas de Bruselas, donde desde 2014 la Comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, se ha marcado como objetivo una agenda digital que también pase por poner coto a los monopolios que las Big-Tech generan por su propia condición de gigantes, y también de asegurar que dejan en territorio europeo la parte que les corresponde por sus ingresos, aunque esto haya traído varias tiranteces con el gobierno de Donald Trump, seguramente un aliado inesperado de Silicon Valley por sus política proteccionistas y su defensa a ultranza de las empresas norteamericanas.
Luz verde a la ‘tasa Google’ en España, aunque, al igual que en Francia, se aplaza su recaudación
Los años en los que el grupo de las llamadas GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) han estado volando por debajo del radar impositivo han terminado. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Facebook son las empresas más valiosas que cotizan en bolsa en el mundo, por ese orden, con un valor de más de 5 billones de dólares entre todas ellas.
Además, también están siendo investigados por políticas anticompetitivas. Hace unos días, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos ordenó a estas cinco empresas que brinden información sobre su última década de adquisiciones. Mientras tanto, Google acudió al Tribunal General de la UE para apelar una multa de 2.400 millones de euros impuesta por Bruselas en 2017 por degradar injustamente a los competidores en las búsquedas de compras, donde la gran 'G' parecía estar posicionando y visibilizando primero sus propios productos.
Como decimos, unos días más que movidos en materia de regulación. ¿Pero en qué punto concreto se encuentra todo esto?
La 'Tasa Google', un cuento que nunca termina
La llamada Tasa Google empieza a contar años a una velocidad peligrosa, principalmente porque aún no ha salido del papel a pesar de lo mucho que se ha hablado de ella. El Gobierno Español ha iniciado una nueva tramitación que tiene como objetivo imponer un impuesto del 3% a aquellas empresas digitales que facturen más de 750 millones de euros en el mundo con ingresos de más de tres millones en España. Ojo, se habla de facturación en esta última versión, no de beneficios.
La Tasa Google -que en realidad afectaría a cualquier empresas que supere estos umbrales- tiene como objetivo acabar con los entramados de filiales que hacen que por ejemplo Google o Apple facturen buena parte de sus ingresos en España a través de Irlanda, donde su fiscalidad es más atractiva, a pesar de que el dinero lo han conseguido en otro país.
Desde 2015 ha habido tres intentos por establecer esta tasa en España que ha corrido a cargo de Gobiernos tanto de PP como de PSOE. Esto es, parece que hay unanimidad política con imponerla. ¿Por qué no se ha hecho entonces ya? En esta ocasión, el Gobierno ha decidido retrasar su posible aplicación a final de año para evitar confrontaciones comerciales con el gobierno de Trump, que ya ha demostrado no ser muy aprensivo a la hora de impulsar aranceles sobre productos de países donde considere que no se trata bien a las empresas norteamericanas.
Este condicionante, o incluso se podría hablar de chantaje, también ha ocasionado que la UE en general, como bloque, haya decidido dejar el impulso común de una tasa comunitaria pospuesto hasta 2021, lo que a su vez ha provocado que países como España o Francia se hayan lanzando hacia delante por su cuenta. En concreto, el Gobierno español estima que la tasa podría suponer unos 980 millones de ingresos anuales.
Francia vs. Google: cómo el país galo está intentando poner coto al buscador
En el caso francés, país que ya ha tenido una larga pugna con Google, el tema tampoco ha salido hacia delante. De nuevo las presiones sobre nuevos aranceles han hecho que el gobierno de Macron haya recogido cable en eso de buscar poner tasas a las grandes tecnológicas, y en concreto poner coto a Google, contra el que estaba promoviendo también una política similar a la que España introdujo sin éxito (y con bochorno incluido) en el canon AEDE en lo referente al tratamiento que hace el buscador de las noticias de los medios franceses.
Datos y política antimonopolio
Volviendo a las decisiones en materia antimonopolio, si bien Google todavía está regateando la multa de hace dos años por hacer mal uso de sus resultados en lo que corresponde a ventas (equivalente a solo el 2.5% de sus ingresos anuales), la Unión tiene otros tantos litigios e iniciativas abiertas en materia de monopolio, y también de uso de datos.
El gigante del buscador en concreto ha sido castigado ya con más de 9.000 millones en multas por parte de la UE a lo largo de la última década, mientras que Apple también está recurriendo una reclamación masiva de impuestos atrasados y Amazon está siendo investigada por favorecer potencialmente sus propios productos sobre los de terceros en su plataforma. Nadie es aquí un angelito.
La UE, no obstante, ya tiene una larga trayectoria como impulsora de políticas antimonopolio, como la que hace diez años impuso sobre Microsoft al considerar que la instalación masiva de su navegador Internet Explorer iba contra la competencia.
Además de esto, ahora Margrethe Vestager se encuentra en diversas etapas de examen sobre Amazon, Google y Facebook en busca de sus prácticas de datos, incluida la cuestión de si estas empresas usan los datos que recopilan de terceros para desarrollar productos en base a ellos. Se espera que Vestager y la Unión tengan como objetivo a medio plazo la creación del llamado 'Mercado digital único', diseñado para impulsar a las empresas europeas y romper el control real que las Big Tech tienen del petróleo de los datos.
Poco se sabe sobre este plan, que de momento es solo un borrador. Pero se supone que vendría a proponer distintas herramientas tanto a nivel de regulación y tratamiento de datos, junto con varias medidas que buscarían generar un ecosistema que impulse las propias star-ups europeas.
La nueva política digital también incluye reglas sobre el uso de inteligencia artificial por parte de las empresas que podrían sentar un precedente para otros países. La regulación propuesta probablemente se centrará en cómo los gobiernos deberían monitorear los aspectos con más riesgo de la IA, como su uso en la atención médica o el transporte. La restricción de la tecnología de reconocimiento facial también es una preocupación clave.
"Es un enfoque bastante europeo decidir y hablar sobre si las cosas son arriesgadas, nosotros como sociedad queremos regular esto", dijo Vestager al New York Times. "Lo principal es que creemos sociedades donde las personas sientan que pueden confiar en lo que está sucediendo".
Por ahora, en su reunión de esta semana con Zuckerberg y otros magnates digitales, Vestager ha dejado claro que nuevas tecnologías como el reconocimiento facial incumplen el GDPR, y por lo tanto no es aplicable en la Unión en la mayoría de los casos.
De una forma u otra, lo que parece claro es que la UE está asumiendo un papel global en la regulación tecnológica, en contraste con los Estados Unidos, lo cual también podría ser un posicionamiento geoestratégico. Aunque, no olvidemos, ninguna de estas grandes Big-Tech es europea.