El recorrido de la llamada tasa Google y su implantación en España ha sufrido demasiadas contradicciones. Desde su planteamiento inicial, que venía a imponer un poco más de justicia fiscal respecto a las compañías de valor añadido en la red, el camino hasta su aprobación hoy por el Consejo de Ministro ha sido tortuoso, incluyendo una deliberación en el seno de la Unión Europea que terminó en renuncia y acabó relegada a un armonización, todavía por determinar, en la OCDE.
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No obstante, aunque Europa como conjunto renunció a regular este impuesto a nivel comunitario, algunos países que estaban a favor de su implantación han tomado iniciativa propia dentro de sus competencias en materia fiscal, y algunos como Francia han aprobado y aplazado su recaudación.
Ahora, y siguiendo los pasos de Francia, España ha aprobado la implantación del impuesto sobre actividades digitales o la llamada 'tasa Google', que grava la actividad de las impresas tecnológicas de intermediación (las que generan valor con nuestros datos); básicamente, las grandes multinacionales de internet, aunque como en el mencionado caso de Francia, aplaza su recaudación hasta finales de año.
Según la vicepresidenta de asuntos económicos, Nadia Calviño, esta maniobra no se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de una liquidación a final de año
Las razones por las que el Gobierno va a aplazar la recaudación de este impuesto están relacionadas por las presiones, con aranceles incluidos, que Estados Unidos sometió al país galo toda vez aprobada la tasa. Un camino que podría seguir también con España y que, tras la imposición de aranceles a muchos productos de exportación europeos -y que afectan enormemente a España como los del aceite de oliva- puede suponer un problema a la hora de gravar a las empresas estadounidenses a las que se aplica la tasa Google.
Se espera que una vez el texto definitivo de la nueva norma sea aprobado, no varíe demasiado respecto al planteamiento, y trasponga las intenciones, ahora vacías, de la Unión Europea, todo a la espera de una armonización conjunta que se espere llegue de las manos de la OCDE a finales de año. Si las cosas no cambian respecto a las intenciones anteriores del ejecutivo, tasa Google tendrá un tipo del 3% que se aplicará sobre empresas digitales que facturen más de 750 millones de euros en el mundo con ingresos de más de tres millones en España, que puede estar sujeto a cambios una vez se apruebe el texto definitivo y con la vista puesta en los presupuestos generales del Estado.
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Además de a las grandes tecnológicas, con la tasa Google se gravará la publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital; la puesta a disposición de plataformas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios para comerciar con ellos y la venta o cesión de datos recopilados de los usuarios.