Todavía con los presupuestos en ciernes, el Gobierno de España ha aprobado la transposición a la ley española del el impuesto sobre actividades digitales, enfocado a gravar la publicidad dirigida online, comúnmente conocida como la "tasa Google" y que viene precisamente a aplicar una tasa adicional a la publicidad en la red, con el que de hecho la Hacienda Tributaria espera recaudar 1.200 millones de euros. No es algo nuevo, sino que básicamente se trata de adaptar la normativa interna a lo que ya se aprobó en Europa en el pasado bajo el epígrafe de "Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales".
El trasfondo de esta tasa es la de gravar a las empresas tecnológicas para compensar que pagan menos impuestos, es decir, es una forma de gravar su actividad y está circunscrito a aquellas de base tecnológica con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Como vemos, y por las cifras que ya tenía el anteproyecto de ley, es la de ponderar los pocos ingresos que tributan en España en forma de filial frente a lo que realmente ingresan.
La propuesta, que viene de la UE, tiene como idea la de aplicar una tasa especial a este tipo de empresas de entorno al 3% de los "servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario". Una tasa que también se aplicará en Francia y Reino Unido, según han anunciado los gobiernos de ambos países.
“Se grava la publicidad dirigida. No una página web que salga dirigida a El Corte Inglés o Zara. Un servicio de publicidad que haya estudiado los gustos del consumidor. Se refiere a plataformas, no a páginas webs. Se trata de que las grandes empresas paguen allí donde se genera el beneficio" - Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del Gobierno.
Como vemos, la idea central del impuesto es la de aplicar una tasa especial a aquellos servicios digitales en los que el usuario es una parte fundamental del valor de la empresas, es decir, son los propios usuarios los generadores el vehículo que empresas como Google o Facebook utilizan para montar sus servicios: datos, metadatos o el propio uso que genere plusvalías, por lo que el gobierno busca no es aplicar un impuesto adicional a los beneficios, sino supone no sino "el valor incorporado a los servicios que se prestan".
Con esta nueva tasa, las arcas públicas buscan compensar mediante un gravamen todos aquellos impuestos que las grandes comparáis digitales no pagan por estar fuera del marco fiscal general, por ejemplo cuando las grandes corporaciones declaran pérdidas por su estructura empresarial cuando en realidad el valor generado por sus usuarios es multimillonario pero que, mediante técnicas fiscales, escapa al control de la Hacienda Pública.
