Mientras que el Gobierno de España aprobar recientemente el impuesto sobre actividades digitales o la llamada 'tasa Google', que grava la actividad de las impresas tecnológicas de intermediación (las que generan valor con nuestros datos), en la Unión Europea no se ponen de acuerdo, y han decidido renunciar a la armonización de este tributo para dejarlo en manos de la OCEDE.
Las compañías tecnológicas pagarán más: España aprueba la nueva ‘tasa Google’
El recorrido de esta regulación ha sido un tanto tortuoso, y mientras España de forma interna ha puesto en marcha este tipo de regulación, el resto de países de la UE no estaba por la labor de poner en marcha este tipo de gravación fiscal para la intermediación en Internet. De entre todos los países que han apoyado de forma limitada la aplicación de este tributo, Francia, España, Alemania e Italia apostaban por aplicarlo sobre la venta de espacios publicitarios, dejando de lado el asunto del intercambio de los usuarios y las actividades de intermediación.
Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia se han opuesto de forma frontal a cualquier tipo de implantación de este tasa, y dado que la armonización fiscal en la UE quiere del acuerdo de todos, la mesa comunitaria ha decido delegar en la OCDE el debate sobre este asunto.
De momento habrá que esperar a 2020 para volver a discutir este asunto en el seno de la Unión, en caso de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos no termine de llegar a un acuerdo sobre el impuesto de actividades digitales.