Hay voces a favor y en contra de la implantación del nuevo impuesto a las grandes tecnológicas. Por un lado, la aplicación de tributos adicionales a una actividad económica puede frenar parte de la inversión extranjera de cara al futuro por el aumento de la presión impositiva. Por otro, equilibra un poco la balanza social de aquellas grandes corporaciones que aprovechando mecanismos, a todas luces legales, no contribuyen -ni compiten por tanto- en base a su capacidad económica por su actividad.
El debate en torno a si es positivo o no la implantación de medidas impositivas especiales para las globales tecnológicas en la Unión Europea sigue todavía en ciernes. El ejecutivo español ya ha ha confirmado que sus planes sobre a imponer la tasa Google para que los tributos de la grandes tecnológicas, que generan grandes beneficios en España, estén más acordes con los de las empresas nacionales y en la misma medida, la minoración de la base fiscal no suponga una desventaja competitiva para aquellas compañías que efectivamente está sujeta a una mayor presión fiscal.
El G20 quiere imponer nuevas medidas para que las tecnológicas paguen más impuestos
Está ampliamente demostrado que la curva de Laffer, que es la mueve que el mantra de a menor presión fiscal mayor incentivo de inversión, solo se alcanza dentro de los límites de equilibrio y que, cuando la balanza se desajusta lo suficiente, no existen incentivos para la inversión. De hecho, España ha demostrado ampliamente que la disminución de la presión fiscal no ha incentivado, a largo plazo y más allá de momento puntuales, la recaudación.
Esto nos deja, por tanto, el aumento de la presión impositiva como único incentivo para igualar la balanza fiscal. Si la menor presión fiscal no ha demostrado un aumento e la inversiones extranjeras de las grandes tecnológicas, sino que incluso con la caída de los impuestos las GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple, etc) siguen aprovechando los mecanismos financieros para disminuir su base fiscal y desplazar las plusvalías al extranjero, pese a que todo el valor añadido es generado en las fronteras nacionales, la 'tasa Google' se antoja como la única forma de imponer un poco de justicia.
Y no solo social, también económica. No podemos hablar de un mercado competitivo y autorregulado si nuestras empresas nacionales que compiten en igualdad de condiciones con las grandes tecnológicas están sujetas a una mayor imposición fiscal, por mucho que se repita el hecho de que pueden aprovechar los mismos mecanismos financieras que las extrajeras. No es justo, no es ético y no es competitivo en un mercado que se antoja único, moderno y comunitario.
Filiales y menor presión fiscal
Podríamos poner una amplia variedad de ejemplos que ponen de manifiesto como en España, en Francia o en otros países de la UE, las GAFA juegan en una liga impositiva distinta a las compañías puramente europeas, que no desplazan sus bases fiscales al extranjeros a la través de los mecanismos financieros aprovechando el juego de las filiales, los precios de trasferencia y cualquier otro de mecanismo sujeto a legalidad que nos podamos imaginar.
El último, y que desde luego pone de manifiesto la imperiosa necesidad de aplicar una mayor imposición fiscal a la tecnológicas, es el de Netflix en España. Según datos de Cinco Días, derivados de la cuentas del primero ejercicio fiscal de Netflix en España, la compañía solo ha pagado 3.146 euros de impuestos de sociedades en España. Eso es menos de lo que paga un ciudadano español en IRPF con un salario dentro de la media nacional (que no mediana), situado en torno a los 23.500 euros.
Netflix como la mayoría de las GAFA opera con dos filiales en España que no facturan su actividad principal. Lo que pagas por tu suscripción a Netflix está facturado pro su matriz europea con base en Holanda, por lo que desplazan sus plusvalías fuera de España y solo pagan impuestos por los beneficios generados en España por su actividad publicitaria y de producción de contenidos, que en el último ejercicio declararon unos ingresos conjuntos de 538.921 euros y un beneficio neto de 9.439 euros. Pero Netflix es una más, solo el último ejemplo. Y no, la compañía no está realizando ninguna ilegalidad desde el punto de vista de las normas contables, tributarias y financieras. Ni de España ni de la UE.
Con estos datos sobre la mesa nadie puede decir que el impuesto sobre actividades digitales o una figura similar no sea más necesario que nunca. Y que además se antoje casi como una obligación moral para equilibrar la balanza impositiva, social y competitiva.