– Mar 30, 2020, 17:32 (CET)

Que no te engañen: el Gobierno no quiere rastrearte para saber si cumples con el confinamiento

A pesar de lo que has oído, la orden que permite geolocalizar a los españoles durante la cuarentena por la COVID-19 no se ha aprobado para controlar tus movimientos.

La palabra rastreo tiene para muchos una connotación negativa. Como si se tratara de un espionaje a nuestras vidas. Por ello, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que empezaría a geolocalizar los móviles de los españoles para un estudio sobre movilidad, se encendieron todas las alarmas. Sin embargo, esos datos son anónimos y agregados, lo que implica que no son individuales y nunca se transferirá la identidad de las personas. Una situación de preocupación parecida se ha vivido desde que se habló sobre la intención del Gobierno de repetir esta estrategia para mejorar la gestión de la crisis por el coronavirus.

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el 28 de marzo, se incluyeron los nuevos planes del Gobierno. Como ya se había anunciado previamente, se analizarán los datos de movimiento de las personas a través de las operadoras. El objetivo será conocer por dónde y cómo se movieron los españoles en los días previos y durante el confinamiento. Los datos, igual que en el caso del estudio de INE, serán anónimos. Además, la orden incluye la creación de una app de autoevaluación para posibles casos de la COVID-19. En este caso, se geolocalizará a la persona solamente para confirmar que se encuentra en el lugar en el que afirma estar. Sin embargo, este decreto ya ha levantado críticas y polémica. ¿Se trata de una vulneración de los derechos digitales de los españoles?

A priori, la respuesta es no. Las garantías legales son las mismas que antes y estas son las que permiten que no se realice un seguimiento de personas en concreto. "El riesgo siempre está existente pero tendrá que probarse. Las operadoras ya tienen los datos para identificar a cada persona y podrían facilitar los datos si la ley lo permitiera. Pero en principio no es lo que dice el BOE", explicó Sergio Carrasco, abogado experto en derechos digitales. Por lo tanto, el riesgo de que se utilice de manera indebida la ubicación de los españoles, estará siempre ahí, aunque por el momento la regulación no aporta indicios para ello. "Toda medida siempre tiene que ser transparente y proporcional, da igual si se toman en momentos de crisis como este", reiteró Carrasco.

Verdades a medias

Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios han seguido alertando de que esta medida se ha tomado para controlar que se respete el confinamiento. De hecho, estas afirmaciones han llegado también desde partidos políticos. Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario de Vox, escribió en Twitter que el Gobierno pretende lanzar una app sobre la COVID-19 que permitirá localizar la ubicación. "Pedirán a los operadores móviles nuestros datos para conocer nuestra movilidad. Se puede evitar poniendo el móvil en modo avión y usando solo conexión vía wifi".

En primer lugar, las declaraciones de la política pueden provocar confusión. Las medidas publicadas en el BOE son dos diferentes: la app para el autodiagnóstico y el rastreo para estudiar la movilidad. El proyecto de aplicación no tiene ninguna intención de analizar este tipo de datos, según la orden aprobada. Segundo, si se intenta burlar la geolocalización, tal y como apunta Olona, los primeros perjudicados pueden ser las personas a la que se intenta ubicar. "Lo que se quiere mirar [con el estudio de movilidad] es el movimiento en masa y las posibles necesidades de servicios sanitarios. Si veo que una determinada zona hay una población muy grande, puedo detectar una necesidad de recursos médicos mayor de la que tenía prevista", aclaró el abogado digital en entrevista con Hipertextual. Por eso, continuó, si se reduce el conjunto de personas, puede parecer que las necesidades en esa zona sin inferiores y la persona que apaga su teléfono puede salir autoperjudicado.

El tuit de la representante de Vox ha provocado muchas críticas en redes, para algunos por no explicar debidamente el decreto y para otros por fomentar una información errónea.

Específicamente, el Gobierno planea rastrear a los españoles para poder contener la expansión del coronavirus en el país. Antes de que se publicara a información en el BOE, en algunos medios se publicó que una de las medidas para conseguir frenar la curva sería controlar que todo el mundo está cumpliendo con el confinamiento. Operadoras como Vodafone y Orange anunciaron que cooperarían con las autoridades para proporcionar información sobre la localización de las personas. Sin embargo, esta teoría es falsa y, cómo comentamos anteriormente, la idea no es controlar a cada persona -mucho menos ponerle una multa por no cumplir con la cuarentena- sino los movimientos de un conjunto de personas. En ese caso, tampoco sería para imponer sanciones, sino para poder analizar qué zonas son las más concurridas y dónde pueden estar ubicados los mayores focos de contagio de la COVID-19.

En la misma línea se ha posicionado el grupo por los derechos digitales XNet. Su cofundadora y activista, Simona Levi, indicó que no hay motivo por el que oponerse al uso de los datos y que es necesario defender un uso del big data para el bien común. Ahora bien, siempre y cuando se mantenga la transparencia de los procedimientos de agregación y anonimización y que se respete la privacidad de las personas. En esta misma línea se pronunció la organización en Twitter y destacó, además, que los servicios de telecomunicación ya nos geolocalizan. Pero alertan: "Vigilaremos cómo se hará y publicaremos análisis".

¿La solución para todos los males?

Respecto a la aplicación móvil, para muchos es una manera de seguir el ejemplo de Corea del Sur. Sin embargo, la aplicación que creó el país asiático, gracias a la cual se consiguió frenar los contagios sin parar la economía, venía acompañado de una estrategia basada en el éxito de los tests. El gran número de análisis que se realizaron y la aplicación, que en este caso servía para dar seguimiento al paciente, fueron la clave de este plan. Sin embargo, en España, los tests siguen siendo uno de los principales problemas y muchas personas, hasta las que tienen síntomas, no han tenido acceso a ellos.

Por ello, Sergio Maldonado, director de PrivacyCloud, puso en duda que la aplicación pueda llegar a desahogar la sanidad si no cambia la situación en el país.

Sin embargo, el mayor problema puede estar centrado en quién puede tener el control de los datos de lo usuarios de la app. El Gobierno, a nivel legal, está amparado por el GDPR. "El artículo 9 dice que no se necesitará el consentimiento explícito de los usuarios para el tratamiento de datos si es para salvaguardar el orden y salud pública. Exactamente el escenario de una pandemia", explicó Maldonado en entrevista.

No obstante, el problema está en las operadoras porque, continuó Maldonado, los datos no son en realidad completamente anónimos. "Los contratos de operadoras dicen que se reservan el derecho a tratar el dato porque es anónimo pero se ha demostrado que si combinas 3 data points, se descubre quién es la persona".