Open Coronavirus está disponible y de libre acceso para que el Gobierno, en este caso de España –pese a que esté disponible en varios idiomas– haga uso de una aplicación desarrollada para controlar y acabar con la crisis de la pandemia del coronavirus. Detrás de esta propuesta, la investigadora clínica Aurelia Bustos y una larga lista de desarrolladores que se han prestado a crear una aplicación que funcione. "Cuando comenzó todo esto de los contagios, vimos que el tema de la cuarentena iba a ser necesario. También vimos que es totalmente insostenible con el mantenimiento de la economía, por lo que buscamos una solución que ya había funcionado en otros países y lo adaptamos a nuestra cultura", explica Aurelia a Hipertextual.
Un sistema de código abierto que propone una solución mucho más radical que las ya usadas en Madrid –tras el lanzamiento de Díaz Ayuso con la ayuda del sector tecnológico–, pero que se basa en los éxitos registrados en Corea con sus respectivas aplicaciones de control de contagios. Con solo 9.780 infectados, 162 fallecidos, Corea es de los pocos países que puede decir que está sobrellevando los efectos de una pandemia que ha conseguido paralizar el mundo.
¿Su clave? Uso de test masivos y un estricto control de la circulación de la población mediante la revisión de su geolocalización que permitiría trazar todos sus movimientos en caso de dar positivo en los test por COVID-19. ¿Para todos? Esta es la clave, el diseño por módulos de la aplicación propone que los controles de geolocalización (así como otras variables en función de las necesidades) sean opcionales –aunque recomendables en algunas variables– y que sea siempre bajo el consentimiento de los usuarios.
"Si ponemos en la balanza privacidad y limitación del movimiento de forma continua, creo que caería del lado del movimiento. Yo con esto soy racional, esto no incumpliría ninguna normativa y el control solo sería temporal hasta la salida de la vacuna; si luego las autoridades quieren hacer uso de más módulos de control, ellos ya pueden organizarse como quieran", argumenta Aurelia. Este sistema, añaden, permitiría un control discriminado de la población y una vuelta a la normalidad con menos riesgo de una nueva oleada de contagios.
No han tocado la puerta de ningún político, y ya se adelantan a aclarar que esto no responde a ningún color de partido, pero sí que han puesto el sistema al servicio de la administración a través del Instituto de Salud Carlos III; además de presentarse al hackaton convocado por Facebook.
Un sistema a tres tiempos basado en los test masivos
Open Coronavirus se basa en los modelos de éxito registrados en Corea, donde la detección temprana de los casos ha supuesto una línea de diferencia a las estrategias de países como Italia o España.
Por un lado, propone una aplicación a ciudadanos –similares a las que se han estado desarrollando por diferentes sectores, pero con un seguimiento más exhaustivo–. Este apartado cuenta con todo lo necesario para que los usuarios puedan hacer autotest de síntomas y la consecuente cita para realizar un test médico de la COVID-19.
Este primer punto parte de la base que el éxito de Open Coronavirus depende de que el Estado sea capaz de realizar test masivos –si es posible a toda la población, tengan o no síntomas– para aislar a los contagiados lo antes posible principalmente porque entre el 50% y el 70% de los contagiados no muestra síntomas, pero sí son potenciales fuentes de contagio. Las citas, explica el documento, se realizarían fuera de hospitales para no saturar las instalaciones.
¿Cómo solucionar el grave problema de abastecimiento de pruebas? Por un lado, y aquí aventura Aurelia desde una perspectiva personal, se pondría en primera línea a los sectores esenciales –como el personal médico– y los grupos de riesgo. Después llegaría el resto de la población y quizá un interés por la empresa privada –pagando ellos los test a sus empleados– para que se permita la libre circulación de la fuerza de trabajo no esencial. En cualquier caso, apunta, sería una cuestión de tiempo.
El resultado es que nadie que no porte una etiqueta de libre de coronavirus tendría la oportunidad de circular por la calle.
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Este sistema, que parte de la idea de Corea, ya ha sido testado en pequeñas dimensiones en algunas regiones como Italia. El inmunólogo Sergio Romagnani realizó pruebas a todos los habitantes de un municipio de Venecia. De esta manera logró aislar a los contagiados y controlar la pandemia en su región.
Toda esta información iría a parar a un sistema centralizado de datos, gestionado por el Gobierno y los sistemas sanitarios para monitorizar las zonas de influencia, alertar de los principales focos de contagio, controlar cuarentenas y solicitudes de pruebas, además de gestionar su envío.
Finalmente, el último mecanismo de la aplicación estaría enfocado a las autoridades –policía y otros organismos de vigilancia– para controlar las identificación de los ciudadanos y analizar las fichas de permisos de movilidad y estado de salud. Solo aquellos con los permisos autorizados por la aplicación –es decir, los 100% sanos– podrán circular por la calle. Y aquí es donde vienen las dudas.
Un paso más allá para el éxito total: Open Coronavirus sería obligatoria y con estricto control GPS
Uno de los puntos importantes de la aplicación, y basado en el modelo de Corea del Sur –ese mismo que muchos han defendido como exitoso–, es la obligatoriedad de usar la aplicación por parte de los ciudadanos. Aquí se abre la duda sobre la brecha tecnológica, a lo que apuntan a que esto no tendría que ser mucho más complicado que el uso de WhatsApp en los colectivos más vulnerables, como los mayores.
"La aplicación del ciudadano debería ser de uso obligatorio de manera que además del DNI deberá presentar a las autoridades su código QR donde está identificado su estado con el SARS-CoV-2", cita la documentación aportada por sus creadores en GitHub. Además, añaden, "el sistema deberá estar integrado con los sistemas centrales sanitarios de las comunidades".
Funcionando como un sistema de colores estrictos y necesario para circular por la ciudad, solo aquellos que dispongan de una etiqueta verde (a través de un código QR) podrán transitar por las calles. La base del modelo coreano que, entre otras cuestiones, defiende la idea de que no es necesario paralizar la economía si los controles son exhaustivos. Los no registrados, amarillos (por estado de cuarentena) o rojos (contagiados) tendrán que acudir a sus domicilios o centros de salud.
¿Cómo permitir esto? Una de las bases del sistema es el control estricto de personas o grupos, también por geolocalización "para hacer un seguimiento de su evolución y, al mismo tiempo, garantizar que cumple con la orden de permanecer en casa, en cuarentena y aislamiento los días estipulados". Ante los nuevos positivos, Open Coronavirus conectaría con los servidores y establecería medidas de cuarentena y de distanciamiento social en aquellos que se sabe que son posibles contactos por su histórico de localización. También tendría la capacidad de alertar a los usuarios "en función de dónde se encuentren mediante GPS, de riesgo de ser contagiado y en función del grupo de riesgo al que pertenece el usuario recibirá recomendaciones específicas". Esto requeriría el control milimétrico de los movimientos de todos los ciudadanos del país.
Ante esta situación son tajantes: podría funcionar también con grupos o sistemas de triangulación a través de las operadoras, sin necesitar los datos de movimiento el 100% del tiempo.
Una tema muy sensible en una aplicación que va más allá en una sociedad que teme por las filtraciones y el control de sus datos cada día más. La obligatoriedad del uso de la aplicación sería poner toda la información a disposición del Estado.
En este sentido, y en los términos legales de la documentación, exponen que el uso de la aplicación estaría en línea con la Ley de protección de datos en cuanto a almacenamiento, custodia y obligatoriedad de pedir al usuario el consentimiento del uso de los datos. Aún con todo, añaden, que "también el RGPD contiene excepciones a la necesidad de recabar el consentimiento previo al tratamiento de datos, en el caso de epidemia o de protección de la salud de las personas en base al interés general, que es la situación en la que nos encontramos", ya que según la AEPD, la normativa de protección de datos no debería utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten dichas autoridades, en la lucha contra la pandemia.
Sin embargo hay una opción más radical que también proponen basándose en una investigación de un equipo de expertos en investigación médica de la Universidad de Oxford, que elaboró el documento acreditativo para evidenciar la viabilidad de la creación de una aplicación de rastreo móvil como forma de acabar con la epidemia. Siempre con las consideraciones éticas pertinentes, cita el artículo, el estudio defiende que –teniendo en cuenta la situación actual– los modelos de contención tradiciones son muy lentos en una sociedad como la actual.
La larga polémica de las aplicaciones en España
Open Coronavirus no es, ni mucho menos, la única aplicación disponible en España. Pero sí la que ha ido un paso más allá con su propuesta de geolocalización y obligatoriedad de uso. Dos temas que han causado tensiones en España durante los últimos días.
Una de las primeras en salir a la luz vino de la mano de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso hizo un llamamiento al colectivo tecnológico de la capital para crear un sistema de control voluntario para luchar contra la COVID-19.
El objetivo de Coronamadrid, lanzada durante la primera semana e confinamiento en Madrid, era el de proveer a los ciudadanos de un sistema de autoevaluación de la enfermedad y poder descongestionar teléfonos y centros primarios de asistencia. Además de ofrecer información actualizada, en este caso a la Comunidad de Madrid, sobre la situación de la pandemia en su ciudad.
La aplicación estaba liderada por una colaboración entre Miguel Arias, director global de Emprendimiento de Telefónica, Federico López de Ferrovial y con la colaboración de Google, Goggo Network (fundada por Martín Varsavsky), Carto, ForceManager o Mendesaltaren. Fue precisamente esta unión de colectivos privados lo que generó algunas dudas respecto ciertos puntos de la aplicación. Uno de los puntos fuertes del sistema se basaba en la entrega de información, entre ellos datos personales y de geolocalización de los registrados en el sistema. Si bien los términos legales dejaban claro que esos datos sería de gestión única de la administración, la sombra de la duda estuvo sobre la propuesta durante los primeros días de lanzamiento.
La realidad es que después de Madrid llegó la de Cataluña y País Vasco. ¿Tenía sentido la creación de una aplicación por comunidad en un momento de crisis nacional? En este punto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha estado trabajando en la unificación de dicha medida instando a la creación de un sistema de control de la pandemia en España. Según adelanta Vozpopuli, Madrid habría cedido su sistema al Gobierno central.
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Con algunas modificaciones en la política de datos y seguridad, la aplicación estaría lista durante los próximos días para todas la Comunidades Autónomas; y de esta manera centralizar los datos.
Justo a tiempo para cumplir una de las publicaciones del BOE del 28 de marzo, en la que el Sánchez anunciaba precisamente la creación de esta medida para, entre otras cosas, verificar los movimientos de población en caso de contagio. Una medida que suscitó recelo desde los primeros momentos ante la posibilidad de que el Gobierno estuviese aprobando una medida para controlar los movimientos de sus ciudadanos. Una cuestión que se consideró como una vulneración de los derechos digitales de los españoles por algunos sectores y posteriormente desmentida por los expertos en la materia en declaraciones a Hipertextual.
