¿Qué influencia puede tener el reto independentista en Cataluña en la innovación de la tecnología blockchain en España? Al parecer, mucha. Después de la aprobación del decretazo digital de Pedro Sánchez con el que buscaba frenar la República Digital Catalana, algunos activistas de los derechos digitales pusieron el grito en el cielo.
Uno de los objetivos del decreto ley es acabar con Identicat, un sistema de identificación autosoberano creado a partir de blockchain. El Gobierno lo interpretó como un nuevo pulso independentista y una estrategia para reemplazar al Documento Nacional de Identidad (DNI) y prohibió el uso de este sistema de identificación, con el que todavía se está investigando.
“Es una barbaridad prohibir la investigación sobre algo que se está indagando en todas partes. Es dejar a España a la cola de la innovación sobre renovación administrativa en Europa”, afirmó Simona Levi, co-fundadora de la organización Xnet.
Sin embargo, no todos han visto esta iniciativa legal como algo negativo. “Esta nueva regulación no pone frenos ni palos en las ruedas sobre la innovación del blockchain, lo que hace es repetir algo que ya estaba en una ley de 2015: el Estado español tiene ser galante de la identidad de las personas físicas cuando se empleen sistemas de identificación para ponerse en contacto con la Administración pública”, indicó Pablo Fernández Burgueño, abogado especializado en ciberseguridad, protección de datos y blockchain.
¿Qué es la tecnología de blockchain y por qué es tan importante?
En entrevista con Hipertextual, el experto añadió que antes del decreto había una sensación de que se podía hacer lo que uno quisiera dentro de las cadenas de bloques para identificar a los ciudadanos y que no había una seguridad jurídica. Al contrario de la percepción de muchos activistas, la norma es positiva para la investigación e innovación de esta tecnología, continuó. “Lo que se indica en la práctica es que ahora es el momento de innovar, de crear esos sistemas de identificación del ciudadano para que se ponga en contacto con la Administración pública utilizando blockchain”.
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Tal y como indicó el conseller de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró, en una entrevista anterior con Hipertextual, la herramienta Identicat permite a cualquier ciudadano del mundo que quiera operar en Cataluña y tener servicios digitales, poder darse de alta y contar con una identidad autosoberana. En ningún momento pretende reemplazar al DNI, destacó. Esta tecnología, que está siendo investigada en Europa aunque todavía no cuenta con un marco legal, pretende ser licitada y lanzada por el ejecutivo catalán en 2020.
En ese momento, la Generalitat podría darse de bruces con el Gobierno español aunque actualmente la investigación no está coartada por el decreto. Fernández Burgueño reforzó su argumento de que son buenos tiempos para el blockchain al afirmar que todavía no están muy claros todos los usos de esta tecnología. Por lo tanto, continuó, hay muchas iniciativas de investigación para ver si puede adaptarse a procesos tradicionales como la identificación oficial de los ciudadanos. “No se sabe si van a ser útiles o no, algunas no llegarán a nada, pero es un proceso necesario. (...) Y en España tenemos además una de las normativas más amables y favorables para la innovación en blockchain”.
Sin embargo, para otros expertos no son los mejores tiempos para esta tecnología. Alberto G.Toribio, responsable de blockchain en Bankia, indicó en entrevista con Hipertextual que actualmente estamos viviendo un período de sobrevaloración de las expectativas y que se han creado muchas organizaciones, asociaciones y empresas que aprovechan esta tendencia para generar influencia y hacer dinero. “La tecnología se está utilizando como un elemento de marketing, como una palanca para posicionar a determinados grupos en ámbitos y esferas de poder e influencia”, sentenció.
Además, Toribio puso en duda las capacidades de blockchain para los nuevos sistemas de identificación. En su opinión, esta tecnología se utiliza principalmente para lo que fue creada, que es todo lo relacionado con las criptomonedas y la propuesta de valor de blockchain para la identidad digital es muy baja. No obstante, sí tiene una ventaja clara: la de evitar la censura.
La resistencia a la censura no es deseable ni conveniente para los organismos públicos y la Administración. Y en Cataluña se decidió impulsar el proyecto de identidad digital y sí tiene sentido allí porque una de las cosas que pretendían evitar es la eventual censura del Gobierno frente al sistema que querían lanzar. Una vez lanzado, hubiera sido imposible de detener, a nivel tecnológico pero también a nivel legal porque los operadores de este sistema no están en manos del Estado.
Los investigadores de blockchain siguen teniendo vía libre para las innovaciones, pero abogados y activistas cuestionaron la ley y hasta sostuvieron, sin dar detalles, que algunas startups habían cambiado su sede social para poder seguir indagando esta tecnología. A pesar de que Hipertextual ha hablado con algunas empresas españolas de blockchain, ninguna de las consultadas ha confirmado este hecho y no se ha encontrado más evidencia al respecto.
Para Pablo Fernández Burgueño, si este hecho fuera cierto, no sería por el decretazo digital, sino por las normas europeas vinculadas a la prevención de blanqueo de capitales. Las casas de cambio están obligadas a hacer más esfuerzos, señaló, para identificar el origen y destino de los fondos. “No se van por los frenos a la innovación, sino porque no les gusta la normativa y solo quieren innovar a costa de todo”.
Envía tus archivos, rápidos y seguros a través de blockchain
A pesar de que el Real Decreto no interfiere directamente en las investigaciones relacionadas con blockchain, sí ha tenido otras consecuencias en el ámbito tecnológico. Ahora, el Gobierno español tiene la potestad de intervenir las comunicaciones, bloquear páginas red y hasta dejar sin cobertura a una parte del territorio. Estas acciones ya podía tomarlas antes pero ahora han ampliado los supuestos para hacerlos más ambiguos, como cuando se violen aspectos como la seguridad y el orden público.
Activistas como Simona Levi compararon esta ley con las aprobadas en países como China, donde el acceso a redes sociales fue bloqueado durante las protestas contra el gigante asiático en Hong Kong.