El peor escenario digital se ha cumplido en Cataluña. El 'decretazo' de Pedro Sánchez que entró en vigor el pasado 6 de noviembre ha sido convalidado con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos. Este Real Decreto busca, según el Gobierno en funciones, frustrar la llamada República Digital Catalana y permite al ejecutivo intervenir las telecomunicaciones y redes si se vulnera el "orden público".

El presidente español ha señalado en anteriores ocasiones que no habrá independencia ni online, ni offline, en referencia a la iniciativa digital lanzada en Cataluña como una herramienta que plantea un nuevo concepto de la ciudadanía que no está basada en un territorio específico.

La aprobación del decreto se enmarca en medio del reto independentista en la región y semanas después del bloqueo de las plataformas de Tsunami Democràtic, el grupo que organizó las protestas después de la sentencia a los líderes independentistas. La organización fue calificada como grupo terrorista.

El partido Podemos se abstuvo en la votación, mientras que los ultraderechistas de Vox votaron en contra al considerar que la medida socava la libertad de expresión.

El decreto, que fue puesto en vigor con carácter de urgencia, fue criticado duramente por la Generalitat de Cataluña. El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, lo calificó como el "155 digital" y una nueva versión de la ley mordaza. “Es una ley que hace retroceder a España en derechos fundamentales como Turquía y China y eso no es tolerable en el siglo XXI”, dijo.

Asimismo, abogados expertos en derechos digitales pusieron en duda la constitucionalidad de la medida. Por su parte, activistas de los derechos digitales compararon la ley digital con las aprobadas en países como China en medio de las manifestaciones en Hong Kong.

Además, destacaron que el Gobierno ya tenía la capacidad de intervenir las comunicaciones antes de este decreto, aunque ahora han aumentado los supuestos para argumentar estas acciones. Estos han sido duramente criticados porque se basan en términos ambiguos como "orden público" y "salud pública".

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