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Golpe al independentismo: cómo Pedro Sánchez quiere intervenir las redes en Cataluña

En medio del reto independentista en Cataluña y la creación de la República Digital Catalana, Pedro Sánchez aprueba un decreto ley con carácter de urgencia para intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Los expertos condenan la medida mientras que la Generalitat busca las maneras para frenar la norma.

Por – Nov 20, 2019 - 8:01 (CET)

Turquía, China o Rusia. En las últimas semanas, estos gobiernos han sido comparados con España en el ámbito de los derechos digitales. Y a Àlex, una de las personas que formó parte de las manifestaciones en Cataluña, no le sorprende. Después de la sentencia a los líderes independentistas y las intensas jornadas de disturbios y protestas en esta región, la página web y la aplicación de Tsunami Democràtic fueron bloqueadas y la organización fue tildada de grupo terrorista.

Semanas más tarde y en medio del reto secesionista en Cataluña, el Presidente en funciones, Pedro Sánchez, aprobó un decreto que permite al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en supuestos específicos. En realidad, el Gobierno ya tenía estas capacidades antes de la aprobación urgente del decreto; la diferencia es que ahora hay más supuestos. Y, según los expertos, el problema radica en la ambigüedad de los mismos.

Àlex fue una de las personas que acudió a las manifestaciones después de la sentencia y que formaba parte del canal de Tsunami Democràtic en la red social Telegram. Como ya tenía la aplicación descargada desde poco después del referéndum del 1 de octubre, el bloqueo no le afectó; seguía recibiendo la información de las convocatorias. Después de que la organización se considerara terrorista, a la app se podía acceder solamente con códigos QR, el cual tenía un máximo de usos y se recomendaba que se compartiera solo cara a cara y no por aplicaciones como WhatsApp para evitar que llegara a manos de las autoridades españolas.

Sin embargo, Àlex afirmó que lo peor fue la crispación que sintió la gente en ese momento. “Fue por el hecho del bloqueo y que nos cortaran las libertades más que por el hecho de no poder asistir a una manifestación. El que quería enterarse tenía a alguien de su entorno que le comentaba (los detalles de la convocatoria)”, explicó para Hipertextual.

Además, sintió rabia cuando se aprobó el decreto ley que permite, además, cerrar páginas webs sin sentencia judicial. Se pregunta qué tiene de peligroso la aplicación o el portal de Tsunami Democràtic. “Mañana puede ser una web a favor de los derechos de los trabajadores. El problema es la censura”.

En esta misma línea comparó esta ley Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña, calificó la medida como un '155 digital' y la puso al nivel de la ley mordaza, pero en versión digital. En entrevista, el funcionario subrayó que desde el Ejecutivo catalán están muy preocupados por la aprobación de esta norma que da vía libre al Gobierno español para intervenir las comunicaciones e internet bajo criterios tan subjetivos como el orden público.

“Es una ley que hace retroceder a España en derechos fundamentales como Turquía y China y eso no es tolerable en el siglo XXI”, dijo.

Asimismo, expuso que desde la Generalitat están tomando medidas. A nivel judicial, han pedido un informe a los servicios jurídicos del Ejecutivo catalán y al Consejo de garantías estatuarias porque consideran que el decreto ley vulnera el Estatuto de autonomía. El objetivo es presentar los informes al Tribunal Constitucional para que la norma sea revocada.

Respecto a las medidas políticas, han abierto tres frentes. El primero, con las comunidades autónomas, sobre todo con el País Vasco, porque entienden que este decreto afecta a toda España. En segundo lugar, Puigneró explicó que buscar tener conversaciones con las instituciones europeas. Como último frente pretenden aprovechar el acuerdo político entre PSOE y Podemos de cara a la investidura de Sánchez como Presidente. “Podemos no debería aceptar que el Gobierno que quiere llamarse progresista arranque con un decreto que es una ley mordaza 2.0. Una ley represiva”, apuntó para Hipertextual.

Al respecto, el grupo Tsunami Democràtic respondió a la solicitud de entrevista y contestó por correo electrónico que la norma es una estrategia para eliminar la separación de poderes y adjudicar al Ejecutivo la posibilidad de alterar el ejercicio de la libertad de expresión persiguiendo una ideología concreta circunscrita a un territorio determinado.

“Los derechos se defienden ejerciéndolos. Frente a este recorte, es necesario seguir defendiéndolos”, apuntó el grupo, y añadió que seguirán estando presentes en Cataluña y tomando las medidas necesarias según los objetivos de cada momento.

Un decreto ¿constitucional?

Más allá de las intenciones políticas, en la Generalitat de Cataluña no han sido los primeros en poner en duda la constitucionalidad de la reforma. El primer problema, según los expertos, radica en la ambigüedad de los nuevos supuestos que permitirían la intervención de las redes y telecomunicaciones.

"Los supuestos se amplían con temas bastante abstractos como orden público, seguridad pública y seguridad nacional", aclaró Sergio Carrasco, abogado experto en derechos digitales, en entrevista telefónica.

Además, la norma, al haber sido aprobada de extrema urgencia, pone en duda que las modificaciones estén completamente justificadas hasta un punto en el que se pueda violar la autonomía de las comunidades autónomos.

La Constitución protege, por un lado, el régimen de distribución de competencias y, por el otro, obliga a que los reales decretos ley sean supuestos de extrema y urgente necesidad. Y lo que se está discutiendo es que lo que se regula realmente no son supuestos de urgencia, muchos preceptos están incluidos en el reglamento de protección de datos, que lleva años en aplicación, con lo cual, la urgencia no está completamente justificada.

En específico, la norma permite intervenir redes de cualquier infraestructura y cerrar, además de webs, comunicaciones digitales y estructurales como el corte de la conexión, explicó Eva Belmonte en Civio.

En este contexto, la abogada y presidenta de la asociación Internautas Ofelia Tejerina añadió para Hipertextual que el decreto da una nueva redacción a uno de los artículos de la ley general de las telecomunicaciones de 1981.

La norma sostiene que si se limitan los derechos fundamentales (también en supuestos específicos) se tiene que llevar a cabo un proceso. En primer lugar, pedir autorización al Congreso de los Diputados, determinar los efectos de esta suspensión de derechos y, una vez que se ha conseguido el permiso, la autoridad puede intervenir toda clase de comunicaciones. Estos casos se justifican solamente en situaciones excepcionales para mantener el orden público y la intervención debe ser entregada por escrito al juez competente.

Además, apuntó que no se pueden cambiar derechos fundamentales con un decreto ley y que esta función está reservada para las leyes orgánicas.

"Cuando se determina la limitación de la actividad de un derecho fundamental por una ley tiene que estar perfectamente detallado, bajo qué condiciones, qué procedimientos. Desde el punto de vista constitucional, este decreto ley no es posible". Para combatir el decreto, Tejerina planteó que el Defensor del Pueblo debería presentar esta medida ante el Tribunal Constitucional.

‘Como en Rusia y China’

La comparación del Gobierno español con regímenes como el de China ha estado revoloteando en varias páginas webs desde la aprobación del decreto ley a principios de noviembre. Una de las primeras defensoras de los derechos digitales en hablar de este tema fue Simona Levi, co-fundadora de la organización Xnet.

“Nosotros formamos parte de una federación internacional que se llama “Keep it going” y que va comentando cuando en un país bloquean el acceso a internet, como por ejemplo en las últimas protestas en Hong Kong. Se iguala al Gobierno español a estos lugares cuando hay protestas, tradúcese orden público, porque podrían quitar el internet para que la gente se comunique entre sí”, afirmó en entrevista telefónica.

Sin embargo, uno de los aspectos más críticos para la activista es la renovación democrática en la era digital para combatir una visión, que según Levi parte de un punto de vista autoritario respecto al significado de la palabra democracia, y que se basa en la relación paternalista y de una protección del estado no demandada por los ciudadanos. La experta explicó que en el decreto ley se habla de transferencia de los datos de los ciudadanos de una institución a otra, como está sucediendo con el seguimiento de los móviles por parte del Instituto Nacional de Estadística.

Se abusa del derecho que tienen las instituciones de hacer lo que se les antoja sin informar debidamente a la población. Nosotros buscamos que se frenen estas políticas.

Para intentar combatirlas, Xnet ha iniciado diálogos con diputados para evitar que una posible intervención de las telecomunicaciones se pueda llevar a cabo sin mandato judicial. Sin embargo, Simona Levi admitió que en el caso de que se intentara llevar este decreto a instancias europeas para que se reconozca la violación de los derechos humanos, “el recorrido es muy lento y seguramente nos darían la razón pero de aquí a 15 o 20 años”.

La República Digital Catalana, el centro de la polémica

La razón principal para aprobar el decreto urgente se basa en la creación de la República Digital Catalana en medio del reto secesionista. Esta herramienta plantea un nuevo concepto de la ciudadanía que no está basada en un territorio específico. Para el Ejecutivo, pretende ser un espacio en el que gobierne un estado paralelo e independiente al del español. Uno de los puntos más polémicos de esta independencia online se basa en los llamados paraísos digitales.

La práctica consiste en ubicar los servidores en otro país para que no pueda ser intervenido por el Gobierno. Sin embargo, esta práctica es ilegal porque la normativa exige que los datos de los ciudadanos europeos deben ser tratados en el espacio de la UE o en países donde tengan acuerdos. Algunos medios de comunicación publicaron que, en el caso de Cataluña, los servidores podrían estar ubicados en las islas Nieves.

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Sin embargo, Jordi Puigneró recalcó para Hipertextual que esta información es falsa. “La Generalitat cumple con la ley general de protección de datos y estos residen en suelo europeo”. No obstante, explicó que otra cosa es que los Gobiernos tienen otros servicios digitales, en los cuales no se almacenan ni tratan con datos personales, en servidores alrededor del mundo, una práctica también utilizada por las autoridades españolas.

Otro de los argumentos que, según el Gobierno, pueden vulnerar el orden y la seguridad pública es la herramienta llamada IdentiCat, que permite a cualquier ciudadano del mundo que quiera operar en Cataluña y tener servicios digitales, poder darse de alta y contar con una identidad autosoberana. Esta tecnología en desarrollo está siendo actualmente probada en algunos lugares de Europa. El objetivo para la Generalitat es licitar y lanzar el proyecto para 2020.

El Gobierno de Sánchez, con la norma que aprobó a principios de este mes, busca afianzar que el Documento Nacional de Identidad (DNI) es el único documento vigente y vinculante. “Pero nosotros siempre hemos dicho que no estábamos haciendo un DNI. (...) Es un proyecto legal y no vamos a renunciar a la innovación”, replicó el conseller de Políticas Digitales.

Las presuntas amenazas de esta república digital son, desde el punto de vista del funcionario catalán, infundadas. Esta teoría fue replicada por Simona Levi, quien afirmó en entrevista que esta plataforma, así como los retos políticos en la región, han sido utilizados como excusa implementar sistemas de control a los ciudadanos.

Un freno a la innovación

Las críticas, sin embargo, fueron más allá de este decreto y se puso en duda la calidad de las leyes digitales en España.

Expertos como Ofelia Tejerina apuntaron a que la mayoría de las normativas se aprueban desde un desconocimiento muy amplio y, sobre todo, haciendo muy pocos esfuerzos para entender las nuevas tecnologías.

En este contexto, la fundadora de Internautas dijo para Hipertextual que, en casos como los paraísos digitales, el decreto se ha aprobado con carácter de urgencia para acabar con este problema, aunque en realidad este lleva años existiendo. Por ello, calificó este tipo de leyes como frenéticas y enfocadas en quedar bien de cara a la galería. "Y hablo de propiedad intelectual, del secreto de las telecomunicaciones y de los partidos políticos recabando datos de las ideologías de los ciudadanos".

No obstante, el efecto colateral más grave del decreto ley es que, por el momento, se prohíbe la investigación de la tecnología blockchain al menos hasta que la Unión Europea emita una legislación común sobre su uso. Bajo el argumento de que el Blockchain es una de las herramientas utilizadas en la República Digital Catalana -y que por lo tanto puede poner en peligro aspectos como el orden y la seguridad pública- en España impidieron las investigaciones que se están llevando a cabo en todo el mundo. “Eso deja a España en la cola de innovación digital y algunas startups están empezando a cambiar su sede social”, continuó Simona Levi.

En este contexto, Puigneró añadió que, generalmente, España ha interpretado las leyes digitales como una pulsión centralizadora y como una forma de control de la ciudadanía en lugar de una manera de fomentar la innovación y el empoderamiento digital.

“Vemos que el estado está muy a la defensiva respecto a esta nueva dimensión digital (...) y quieren evitar que se apodere a la gente. Porque un país que apodera digitalmente a su ciudadanía es un país imparable y hace cosas increíbles”.