El comunicado se producía a última hora del miércoles, aunque el texto oficial fue del 9 de julio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunciaba la suspensión cautelar de algunos puntos del texto que aplicaba a la regulación del Área Metropolitana de Barcelona. Entre ellos, uno de los más polémicos desde que comenzó 2019: los 60 minutos de pre contratación obligatorios para poder usar los servicios de las plataformas VTC. De forma paralela también se suspende la actividad del registro electrónico mediante el cual estas compañías deben comunicar toda su actividad.

De esta manera, y a partir del 15 de julio, todas las medidas impuestas por el Ayuntamiento de Ada Colau, ahora revalidando su puesto, quedan en el aire. Es, sin duda, un revés para las políticas del Consistorio. La decisión del TSJC no afecta igualmente a la regulación impuesta desde la Generalitat. Tras el traspaso de las competencias a las Comunidades Autónomas por parte del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en septiembre de 2018 –consecuencia directa de los paros del sector antes del verano de ese mismo año– el Gobierno de Cataluña tardó apenas unas horas en aprobar sus medidas proteccionistas con el taxi. Estos impusieron un mínimo de 15 minutos, el estándar solicitado por el taxi en todas las comunidades, para solicitar con antelación los servicios de una VTC.

Coincidiendo con la celebración, dos semanas más tarde de la decisión de Fomento, del Mobile World Congress en Barcelona y Fitur en Madrid, el sector del taxi aprovechó la presión del dead line para presionar a la toma de las decisiones. Una estrategia que hizo aguas en Madrid, de hecho, donde el ya ex presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, manifestaba su negativa a seguir los pasos de Cataluña.

Mientras Madrid se paralizaba por el taxi y Fitur se quedaba sin este modelo de transporte a lo largo de su celebración, Barcelona celebraba un MWC sin VTCs. Días después del anuncio de Barcelona, Uber y Cabify anunciaban su retirada de la ciudad. De forma sorpresiva, la enseña española anunciaba su llegada, de nuevo, a Barcelona. Un cambio en sus política de clientes y un vacío legal en el texto regulatorio fueros los pilares de su estrategia. Según la tecnológica, sus usuarios solo tendrían que esperar esos 60 minutos para el primer servicio, el resto serían inmediatos puesto que la nueva relación entre ambos tendría un año de vigor.

Desde marzo Cabify lleva operando en la región como única alternativa al taxi –Uber rechazó regresar–. Una estrategia que, aunque vista con alto riesgo por muchos, les ha servido en este momento. La eliminación del las precontrataciones y su despliegue actual en Barcelona -aunque mucho más modesto que en los inicios– les posiciona ahora mismo como la alternativa viable. Uber, por su parte, tardaría días en volver a desplegar sus redes.

A la espera de los recursos

La resolución del TSJC aún pueden ser recurridas; por este motivo, el sector del taxi se mantiene expectante ante lo que pueda pasar en las próximas horas. Igualmente, Quedan las respuestas de las diferentes organizaciones de la competencia, por lo que gremiales del sector, como Elite Taxi, piden "calma". Entienden que la suspensión de los 60 minutos es un duro golpe, pero apuntan a que hay otras medidas que se han respetado por parte del TSJC.

Más duro, sin embargo, ha sido el golpe de unos de los implicados en el proceso judicial. Luxury VTC, compañía con la que según Elite mantenían una buena relación por negarse a compartir el modelo de negocio de Uber y Cabify, ha sido uno de los que han formado parte del auto. En este punto, la gremial apunta a una "puñalada" y rechazan cualquier tipo de negociación con esta compañía.