Ya van dos semanas que el tema de la discordia se mantiene casi de forma continua. La cuestión del taxi, las licencias VTC y sus propietarios, Cabify o Uber, la conductores se está enquistando en la agenda pública.

El caso catalán

Por un lado, tenemos el caso de Barcelona. Hoy entraba en vigor el decreto ley del Govern. A las 00:01, todas las licencias VTC tendría que cumplir el requisito de precontratación de mínimo 15 minutos, además de la obligación de volver a cocheras una vez termine el servicio. Ayer se anunciaban los EREs en las diferentes compañías propietarias de los permisos vigentes y que operan para Uber y Cabify y estas mismas compañías confirmaban su marcha de Barcelona.

¿Será una marcha temporal? Las cosas no quedan demasiado claras. El objetivo de las compañías propietarias de licencias buscan solicitar una suspensión cautelar del decreto ley; esto permitiría el regreso (al menos hasta la celebración del correspondiente juicio) de Uber y Cabify. Bajo la misma estrategia, y en vista de que no se consiga la medida cautelar, han comenzado a sucederse las demandas para reclamar las indemnizaciones por el cambio de condiciones de los permisos VTC. Un total de 11.000 reclamaciones por las que la Generalitat podría tener que abonar 1.200 millones de euros; lucro cesante y daño patrimonial serían los dos bastiones que los propietarios de VTCs alegarían en un juicio. Un poco menos probable es que comience la venta de licencias; pero sí se ha registrado una bajada de su precio respecto a lo alcanzado en las últimas semanas. De media, se están manejando unos precios de 5.000 euros –en su punto más alto llegaron hasta los 70.000-.

Los 12 días sin acuerdo en Madrid

En la capital, la duodécima jornada de huelga se sucede con relativa tranquilidad. El sector del taxi ha pasado de manifestarse a las puertas de la sede del Partido Popular en Génova y ante la Comunidad de Madrid (CAM), a acampar en la Puerta del Sol.

El sector ha estado trabajando en una nueva propuesta para Ángel Garrido, presidente de la CAM. Ayer jueves, el colectivo del taxi anunciaba que eliminaba su única línea roja en lo que a negociaciones se refiere: la cuestión de las precontrataciones; ya sean temporales o a distancia. Este era uno de los puntos que el presidente no iba a eliminar de su hoja de ruta.

Esto sería, a grandes rasgos, volver al acuerdo propuesto por la Comunidad de Madrid del 23 de enero. El propio Garrido confirmaba que estaría dispuesto a negociar todo, menos el tema de las precontrataciones; delegaba esta responsabilidad en los Ayuntamientos. "No lo vamos a poner, si el Ayuntamiento lo quiere asumir me parece fantástico", declaraba el presidente. Esto hacía referencia a las declaraciones que, horas antes, Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ofrecía a los medios: "si nos dan base legal, base jurídica, seguridad y criterios, nosotros, que ya vamos a regular, aumentamos los contenidos de la regulación, pero lo que no pueden es no decir nada". De esta manera, el Ayuntamiento recogía el testigo de la regulación de las licencias VTC y, por consiguiente, de la famosa precontratación.

Lo que parecía una buena idea, ha terminado siendo un fiasco para el taxi. Ángel Garrido ha vuelto a rechazar, de nuevo, la propuesta del sector. "El gobierno madrileño no va a aceptar nada que suponga la desaparición de los VTC en la Comunidad de Madrid, porque es positivo para la competencia y porque es un servicio que demandan los ciudadanos", ha argumentado. Lo que es lo mismo que decir no quiere ceder ninguna potestad al Ayuntamiento de Carmena por la "vía Colau" o la "vía Carmena.

Esto, a fin de cuentas, es una perpetuación de la huelga.