En Estados Unidos, Uber está centrado en su promesa para 2019: su salida a bolsa. Con un documento que era presentado a finales de 2018 en secreto ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), la tecnológica del transporte ponía sobre la mesa algo mucho más importante que su salida a cotizar en los mercados. Esto implicaría que todas sus cuentas estarían bajo escrutinio público y que, por tanto, cualquier desliz sería identificado.

Uber se prepara en secreto para cotizar en la bolsa

Unos documentos confidenciales analizados por The Information sobre las cuentas de la tecnológica han dejado la idea de que, quizá, la esperada salida a bolsa de Uber no sea tan espectacular como todos espera. Se jugó con la idea de que sería la IPO más cuantiosa de la historia. La realidad es que algunos detalles de sus pérdidas y deudas financieras podrían hacer bajar el valor de la oferta pública: de los 120.000 millones augurados se podría bajar a los 90.000 millones de dólares. Una cifra nada desdeñable, pero que pone en jaque algunas de las promesas de la tecnológica.

Además de las cuestiones financieras que pesan, y mucho, las disputas legales también lastran la imagen de Uber para con los inversores. Y de cuestiones legales, y políticas, especialmente de los taxis contra Uber –y su versión española Cabify– saben mucho en España.

El Mobile y Fitur en peligro por nuevas protestas

Lo que parecía ser inicio de año tranquilo ha pasado a ser algo más que un espejismo. Primero ha sido en Barcelona y en los próximos días se anunciará en Madrid; según el curso que tomen las reuniones convocadas.

El sector del taxi en Barcelona ha avisado: si no llegan a un acuerdo con el Ayuntamiento, boicotearán la celebración del Mobile World Congress. El evento tecnológico por excelencia quedaría pendiente, entonces, de la aprobación de una normativa por parte del Consistorio liderado por Ada Colau para limitar la actividad de Uber y Cabify. De nuevo, se pone sobre la mesa el tema de la captación ilegal de pasajeros. Elite pide que se obligue al sector de las VTC a regresar a cocheras una vez finalicen el servicio, de forma que se les diferencie de forma definitiva del sector del taxi.

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Asímismo, Madrid quiere las mimas condiciones que Barcelona. En los próximos días, Caracol –una de las gremiales más activas del sector del taxi– lanzará una convocatoria de asamblea. En su foco estará la celebración de Fitur, la feria de turismo, contra la cual también amenazan con el boicot en caso de que el Ayuntamiento y la Comunidad no den su brazo a torcer. Sin la presencia de Elite porque, en opinión de Caracol, "no quiere ir contra la Comunidad porque les tiene miedo, ni de la gremial o la federación que van a desconvocar", el objetivo es establecer los sistemas de precontratación dentro de la Capital.

¿Qué es precontratación o captación de pasajeros? Esta sería una de las peticiones que Caracol quiere que se contemple en las normativas del Ayuntamiento con "un compromiso por parte de todos los partidos a modo de consenso". En este sentido, según Nacho Castillo (Peseto Loco), quieren usar una frase que se les ha venido encima durante largo tiempo: "hay que adaptarse a los nuevos tiempo". Haciendo referencia a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determinó que Uber y Cabify eran empresas de transporte y no plataformas, buscan que la ley se adapte también a ellas. Es decir, que se encuadre a este tipo de apps en los nuevos textos y que aclaren, de una vez por todas, qué implica la captación de viajeros y qué no. O lo que es lo mismo: que se obligue a los coches VTC a volver a cocheras una vez finalizado el servicio tal y como se pide en Barcelona. Estas medidas, así como la exigencia de que estas compañías expliquen cómo funciona su sistema de precios dinámicos, sería el principio del fin de compañías como Uber y Cabify.

No hay fecha prevista para la asamblea de la capital, pero esperan que el día y los resultados de la misma se conozcan en los próximos días. De momento, hoy, día 9 de enero, se ha convocado una manifestación frente a la sede de la Comunidad de Madrid.

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La demanda contra las VTC

Si esto no fuera poco, la historia de desamores que mantiene en vilo al sector del taxi y las VTC cuenta con más de un capítulo. Como si de una historia con realidades paralelas se tratase, mientras algunos en el sector en Barcelona y Madrid pugnan "por adaptar al sector a los nuevos tiempos" otros trabajan para quitar al negocio de las VTC y, por tanto, a Uber y Cabify, del panorama.

Lo adelantaba EL ESPAÑOL, la Plataforma Integral del Taxi (PIT) con el abogado Elpidio José Silva a la cabeza está trabajando en una demanda por "competencia desleal" contra el sector de las VTC.

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Una nueva brecha abierta que, en cualquier caso, sigue teniendo la vista puesta en la decisión que tome el Congreso en las próximas semanas. ¿Se aprobarán las enmiendas propuestas por el Ministro de Fomento?¿Conseguirá el sector VTC tumbar el decreto de Ábalos? Mientras se toman las decisiones a nivel político, se abren nuevas vías a nivel judicial. Silva pide al sector VTC 1.400 millones de euros en concepto de indemninzación por daños y perjuicios acometidos desde la llegada de estas plataformas hasta la actualidad. En opinión de la plataforma, esta cantidad de dinero ha sido la que el sector del taxi ha dejado de percibir durante todos estos años. El texto de la demanda incluye, además, la idea de que en cierto modo la mayor parte de la culpa sobre este asunto recae en los propios Ayuntamientos. Su inactividad durante largo tiempo a la hora de permitir que las licencias VTC operen en sus ciudades han sido las que, en última instancia, han creado este caldo de cultivo.

De esta manera, entienden que desde el primer momento, se ha hecho un uso fraudulento de los permisos VTC. A través de una compleja red de contratas y subcontratas, entre las que se incluye por ejemplo el caso de los coches de Tesla para Uber en Madrid, los propietarios de las licencias habrían estado "engañando" a la Administración. Junto con los Ayuntamientos, los propietarios de licencias y los propios conductores, entrarían dentro de la lista de culpables para la Plataforma Integral del Taxi.

Ahora sí, el texto que da la victoria al taxi ya es una realidad

En este sentido, para un sector que debería contar con licencia de operaciones nacional, autonómica y urbana, pero que, según ellos, ha venido operando solo con la primera como si de un taxi se tratase, solicitan el cese total de su actividad de forma inmediata. Además del pago de la correspondiente indemnización.

En cualquier caso, si de indemnizaciones va la cosa, el sector del taxi no es el único que pugna por ellas. Unauto, la mayor asociación de licencias VTC en España, alega que de aprobarse el texto de Ábalos, las indemnizaciones en caso de restringir los derechos de los titulares de VTC ascenderían a 1.600 millones de euros en el caso de Madrid.

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