El día que se lleva esperando desde junio de este mismo año ha llegado. La batalla, que comenzaba en las calles de las grandes urbes de la mano de la mayor huelga de taxis en España se trasladaba a la esfera política. Tras varios días bloqueando las principales arterias de las capitales, el taxi conseguía convencer al recién estrenado Gobierno del Partido Socialista, de la mano del grupo parlamentario de Podemos, de crear un marco regulatorio convincente para solucionar la situación de las VTC en el país respecto al sector del taxi.
El día en el que el taxi se convirtió en un tema de Estado
La promesa sobre la mesa estaba clara: un Decreto Ley que sortease la minoría parlamentaria del partido liderado por Pedro Sánchez. Del texto poco o nada pudo verse hasta septiembre de este mismo año: una normativa que prometía ser del completo agrado de las facciones más duras del taxi y una completa pesadilla para los propietarios de licencias VTC. El resultado no contentó a nadie: ni a taxis, ni a tecnológicas. La derivación de las competencias a las Comunidades Autónomas, con un plazo máximo de cuatro años, suponía una ampliación del problema en el tiempo para los primeros y la incertidumbre para los segundos.
Los estudios encargados a diferentes consultoras para demostrar los efectos del posible Decreto Ley, y presiones por parte del taxi para sacar adelante las promesas del partido popular con la amenaza de nuevas movilizaciones similares a las de junio, han sido la tónica de estas semanas. De hecho, horas antes de la votación celebrada en el Congreso, el taxi se personaba a las puertas de la Institución. Por su parte, las VTC desconvocaban una cita similar con el objetivo, comentan, de no ceder a las presiones del taxi y no ejercer presión sobre la libertad del voto de los parlamentarios.
El decreto ley para el taxi que ya odian todas las partes
El Decreto Ley a debate
Sin sorpresas en este punto. El Decreto Ley de Abalos tiene sus defensores y sus retractores en función del color de su partido político.
Defendido en primera instancia por el actual Ministro de Fomento, los debates posteriores han seguido la senda esperada. Desde el Partido Socialista se ha defendido un hecho criticado por las diferentes partes: no haber escuchado a uno de los implicados, es decir, las VTC. En este sentido, explican, "es imposible pensar que se va a poder consensuar con todos ellos", negando el hecho de no haberse sentado con todos las partes. La defensa de la regulación, como garantía para los usuarios y trabajadores ha centrado su posición en el debate. El voto favorable de Podemos, ha encaminado este discurso por el mismo camino, al contrario que PP y Ciudadanos. En el caso del primero, el posicionamiento estaba claro de la mano de Herrero Bono: "Este Decreto Ley es una forma de quitarse un marrón de encima y pasárselo a las Comunidades Autónomas". Cuestionando la constitucionalidad de este Decreto Ley, la idea del Partido Popular (antes y después de la votación) es que esto se gestione por la vía de Proyecto de Ley, una idea compartida por los partidos nacionalistas que, ante todo, buscan una seguridad jurídica y económica ante el traspaso de competencias.
La seguridad jurídica ha sido esencial para el debate. Uno de los puntos esenciales del Decreto ley, y que ha sido altamente criticado por la oposición, es la idea de expropiación de las licencias emitidas y que, desde el punto de vista de las consultoras, supondría la pérdida de millones de euros en recaudación. Ante esto, Ábalos tiene una posición clara:
Con todos mis respetos a las consultoras, que trabajan para los clientes que les pagan, me merece más respeto la abogacía del Estado. Se ha hablado de que las licencias se van a confiscar, la realidad es que se van a cambiar las condiciones, y no pasa nada por hacerlo porque si no, serían unos permisos petrificados. ¿Qué pasaría si mantuviésemos permisos del siglo XIX? Esto es para los de la competencia tecnológica... No pasa nada por cambiar condiciones, porque precisamente el taxi es el que más cambios en sus condiciones ha visto y ahí siguen".
En este sentido, Ábalos ha pedido "valor" a los grupos parlamentarios ante el intento de no "dejar que el tema "se siga pudriendo con el paso del tiempo".
Con estas, los diferentes grupos parlamentarios han emitido la orientación de su voto. Por 177 votos a favor, el Decreto Ley que regula la actividad de las licencias VTC en España mediante su derivación a las Comunidades Autónomas ya es una realidad con el apoyo de Podemos y PSOE. Además, con 184 votos a favor, el texto se tramitará como Proyecto de Ley y no como Decreto Ley, lo cual admitirá enmiendas.