Sobre la mesa estaba la propuesta de que los servicios de Uber y Cabify, en Barcelona, tuviesen la obligación de volver a cocheras y tener que ser solicitados con 6 horas (mínimo) de antelación. Esta medida sería el principio del fin de estas compañías, un discurso que han repetido en varias ocasiones ante el cambio regulatorio iniciado por José Luis Ábalos, Ministro de Fomento, como respuesta a la la huelga general de taxis que se desarrolló a principios de verano de 2018.

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El Decreto Ley de Ábalos se construía en base a una tesis central: ceder a las Comunidades la gestión completa de las licencias VTC en sus respectivos territorios. Esto, para el sector del taxi, suponía una completa victoria; especialmente en el marco de Barcelona y su Área Metropolitana. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ya había mostrado su intención de aprobar una licencia urbana que limitase el número de licencias a la proporción 1/30. Todos contentos, excepto Uber y Cabify. Ahora, justo a principios de año, el sector del taxi ha buscado la complicidad de los diferentes gobiernos regionales de la forma que más resultados les ha dado hasta ahora: con la amenaza de huelgas generales. FITUR, en el caso de Madrid y el Mobile World Congress, en el caso de Barcelona. Ha sido amenazar con el bloqueo de estos eventos y los Gobiernos se han puesto manos a la obra con sus regulaciones.

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Hoy ya se han podido ver los planes del Gobierno de la Generalitat, el cual ha querido dar una pauta común a todas sus regiones. Ayer se reunía el Gobierno regional con Fomento con un claro objetivo: sentar los límites viables para la reforma para evitar las posibles sanciones de Bruselas. Europa ya lo avisaba: estarían vigilando de cerca a la Generalitat respecto a este tema.

Parece ser que han llegado a un acuerdo para que no sea sancionado, ni por Bruselas ni por un Tribunal. El taxi ponía, como condición básica, que los trayectos de Uber y Cabify se reservasen con varias horas de antelación. La realidad es que la Generalitat no lo tiene nada claro y, aunque había afirmado tal hecho, ha decidido ir sobre seguro. La propuesta del real decreto de la Generalitat, a través del Consell del Taxi, dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, ha puesto 15 minutos entre la contratación y la prestación del servicio. Esto, según su punto de vista, evitaría cualquier sanción y, por su forma de Decreto Ley, evitaría ser retirado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El texto, que vería la luz el 25 de enero presumiblemente, abre la puerta a que cada Ayuntamiento regule a su antojo sobre las bases mínimas impuestas por el gobierno central. Es decir, Barcelona podría aplicar plazos mayores para sus trayectos.

Lo que sí ha conseguido el taxi es que Uber y Cabify tengan la obligación de volver a cocheras una vez terminado el servicio. Si bien es cierto que 15 minutos suena mejor que 6 horas, si se le añade este punto acaba con una de las particularidades de estas compañías: la inmediatez.

Pero esto no ha sido suficiente para el sector del taxi de Barcelona, cuna de Elite Taxi. Ya han confirmado que, de momento, los servicios de dos de las terminales de Barcelona dejan de prestar servicio (T1 y T2) para reunirse en asamblea y decidir la estrategia de los próximos días y con la vista puesta en el MWC, que se celebra de aquí a un mes. Por su parte, Unauto también se ha pronunciado al respecto de la posición del la Generalitat y ha anunciado que recurrirá la medida de los 15 minutos, avisando de que se están enfrentando a indemnizaciones de más de 1.000 millones de euros.

De momento, fuentes cercanas a los grupos de decisión del sector del taxi apunta a un cierre patronal indefinido en Barcelona. En Madrid, se celebrará una reunión esta tarde en la Terminal 4 para tomar decisiones al respecto. Nacho Castillo, de Caracol, explica que "aunque la huelga estaba prevista para el lunes 21, es muy probable que se precipite todo a esta misma tarde". Acompañarían, de esta manera, al cierre patronal de Barcelona de la misma manera en que se desarrollaron los acontecimientos el pasado verano.

Actualización (18/01 – 16:27h). Cabify se posiciona, a través de un comunicado oficial, sobre los sucesos ocurridos en Barcelona:

Cabify como empresa de movilidad española que cuenta con cerca de 1 millón de clientes registrados en Barcelona, está en desacuerdo con la propuesta regulatoria de la Generalitat para restringir y discriminar al servicio de Cabify, y al sector VTC, en favor del sector del taxi. La empresa tomará todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de Barcelona no pierden una alternativa de movilidad que necesitan y valoran positivamente. Las medidas que plantea la Generalitat ya han sido rechazadas en otros países europeos. La restricción de la libre prestación de un servicio sin que exista un interés general atenta contra la normativa española y las directivas de la Unión Europea. De hecho, estas medidas han merecido ya el rechazo de las instituciones responsables de defender la competencia en Catalunya (ACCO) y en el conjunto de España (CNMC). Ambas ya han denunciado el grave perjuicio generado para los usuarios de estos
servicios. En este contexto, Cabify está tremendamente preocupada por el futuro del sector en la ciudad. Los 3000 profesionales que ya trabajan en esta modalidad de transporte en Catalunya hoy ven su trabajo amenazado. España es ya uno de los países con mayor regulación y cualquier obligación de precontratación lo hará todavía más restrictivo. Además, Cabify considera que se está enviando un mensaje muy preocupante a la sociedad catalana: la presión y el boicot a los ciudadanos funcionan para defender los privilegios de un monopolio que no quiere evolucionar y que ve en la tecnología una amenaza. Incluso se han producido ataques contra conductores y usuarios de nuestro servicio en la ciudad que condenamos enérgicamente, así como cualquier otro tipo de violencia. El compromiso de Cabify se mantiene: queremos ofrecer un servicio de movilidad que mejore la vida tanto en Barcelona como en el resto de las ciudades en las que operamos. Nuestra intención es trabajar con las instituciones y con el sector para asegurar que no se vean truncadas las opciones de movilidad en Barcelona y en Catalunya.