Han pasado pocas horas desde que el sector de taxi en Barcelona pusiese entre la espada y la pared al Ayuntamiento para quitarse de encima, y cuanto antes mejor, a compañías como Uber y Cabify.

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Sobre la mesa quedaba una amenaza de boicot sobre uno de los eventos tecnológicos por excelencia: el Mobile World Congress. De no aceptar las medidas propuestas por el sector del taxi, irían a por lo que más le duele a la capital catalana. Entre esas peticiones se encontraba la de la obligación, por parte del Ayuntamiento, de explicar el funcionamiento de las tarifas dinámicas. Lo que vendría a ser lo mismo que "desnudar" el algoritmo por el cual se rigen estas compañías. Por otro lado, estaría la cuestión de las precontrataciones. Lo que buscaría el taxi, liderado en este caso por Elite, sería que cada vehículo de Uber o Cabify vuelva a cocheras una vez haya terminado el servicio. De esta manera, y según las gremiales, se acabaría con el problema de la captación ilegal de pasajeros por la calle; una actividad que, por licencia, solo le estaría permitida al taxi. Para solicitar uno de estos coches, por tanto, debería hacerse con horas de antelación.

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Esta medida, por la que el taxi llevan pugnando años, sería el golpe de gracia definitivo del sector. Si los coches de Uber o Cabify deben desempeñar su tarea bajo esas condiciones, su actividad dejaría de ser rentable. Su retirada de Barcelona sería anunciaría en apenas días.

Según los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial el Govern estaría a punto de ceder a los requerimientos del taxi con un texto que vería la luz antes del 25 de enero. De esta manera, y según la normativa pendiente de aprobación, solo se podrían reservar coches de este tipo entre 6 y 12 horas de antelación. ¿Cómo controlar esto? Un aparato de localización GPS mediría los movimientos de cada vehículo. En las medidas de control también entrarían cuestiones como los horarios de trabajo, descansos, modelos de contratación y condiciones laborales de los conductores. Este último punto, junto con la obligación de la contratación previa, pondría en jaque a muchas de las entidades propietarias de la mayor parte de las licencias VTC en Barcelona.

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Este decreto entraría dentro de los objetivos que el pasado mes de octubre expuso el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos. La cesión de la gestión de las licencias VTC a los Ayuntamientos y Comunidades para limitar los permisos que se vinculan a Uber y Cabify. En la mente de todos estaba, por simples antecedentes, la creación de los permisos urbanos. Esos mismos que Ada Colau aprobase hace un año pasándose por alto las competencias de su Ayuntamiento. La realidad es que el Área Metropolitana se ha decidido por las medidas más restrictivas para con estas compañías.

Barcelona es el primer luchar en el que el posicionamiento de las Administraciones ha ido en contra de estas compañías, pero es de esperar que otras regiones sigan su estela dejando inútiles los 4 años de concesión previstos por Fomento. Precisamente hoy, una manifestación de taxis frente a la sede de la Comunidad de Madrid solicitaba los mismos requisitos que sus compañeros de catalanes. En su punto de mira: el bloqueo de Fitur.

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