Lime, una de las startups de patinetes más popular a nivel global, no comenzó demasiado bien su relación con Valencia. Aterrizando en Madrid y la capital levantina de forma simultánea, poco le duró la actividad en la región.

A principios de septiembre, el Ayuntamiento de Valencia solicitaba la retiradade todos los vehículos de la vía pública. Existía una ocupación del espacio público de la capital sin haber solicitado los permisos necesarios para ejercer tal actividad. El Consistorio daba 24 horas a la tecnológica para que retirase todos los patinetes; de no proceder, la policía local se haría cargo de los mismos con las correspondientes multas por retirada y almacenaje de los mismos. Finalmente, el 5 de septiembre Lime renunciaba a sus 200 modelos de patinete y estos pasaban a disposición de las autoridades.

Casi un mes después y ante la negativa del Ayuntamiento de Valencia de cambiar el statu quo, Lime ha decidido plegarse al Consistorio. Lo adelantaba El País, Lime tendría hoy lunes una reunión con el Concejal Carlos Galiana, responsable de los asuntos de ocupación pública. Es la primera vez que Lime se sienta con alguno de los responsables del Ayuntamiento de Valencia, cuestión que desde el Consistorio consideraban inaceptable desde todo punto.

Para comenzar con buen pie esta segunda ronda, Lime ha decidido ir con una propuesta bajo el brazo. Si uno de los puntos que Valencia consideraba inaceptable era el de la ocupación de los espacios públicos sin permiso, la tecnológica tiene una solución: propondrá el pago de un impuesto, similar al de las terrazas y cajeros pero adaptado al servicio en cuestión, en concepto de explotación de los espacios públicos de Valencia. Huelga decir, que esto no quiere decir que el Ayuntamiento de Valencia de luz verde a la actividad de Lime; se reservan su decisión para después de las reuniones con la compañía estadounidense.

De momento, la idea del Ayuntamiento se posiciona del lado de hacer una nueva regulación para los modelos de negocio similares a los de los patinetes. Situación que se replica en ciudades como Madrid o Barcelona.

En el caso de la capital, y a la espera de que la nueva regulación esté aprobada por el Ayuntamiento, se espera que la situación sea mucho más restrictiva que en la versión anterior del texto normativo. Apenas calles para circular en la capital, a lo que se uniría el requisito de Valencia: una licencia de explotación, incluso pago de impuestos, por la explotación de un servicio privado en vía pública.