La actualidad de los patinetes eléctricos no da tregua; está empezando a coger formas similares a las polémicas del sector del taxi y de los pisos turísticos de la mano de Airbnb. Barcelona ya se ha deshecho de todos sus modelos y Madrid está pendiente de una regulación mucho más restrictiva en lo que al uso del patinete eléctrico y su explotación por empresas privadas se refiere.

El lunes a primera hora de la tarde, el Ayuntamiento de Valencia ordenaba la retirada inmediata de los patinetes eléctricos de Lime en la capital. El alcalde, Joan Ribó, argumentaba que Lime había incumplido de forma explícita la prohibición del consistorio de la explotación privada de la vía pública sin los permisos pertinentes. Desde ese momento, daba el aviso a Lime de que retirase todos sus modelos de patinete de la vía pública. De no ser así, se daría aviso a la Policía Local para que procediese a su retirada.

Dos días después, Lime ha decidido no retirar los modelos de la ciudad, por lo que estos han pasado a ser decomisados. A lo largo del día, la Policía Local de Valencia limpiará la ciudad de los modelos eléctricos de la compañía financiada por Uber.

El abandono por parte de Lime no le saldrá gratis a la compañía. Es decir, el hecho de que el Ayuntamiento de orden tendrá un coste diario para Lime, que habrá de abonar los costes del proceso. Concretamente, 750 euros por cada grupos de patinetes, más otros 122 por la intervención. Cada día que pasen en el depósito, edemás, el Consistorio cobrará a la empresa 1,05 euros por cada aparato.

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