A finales de junio, la Universidad de California en Irvine hacía pública la expulsión de Francisco J. Ayala por presunto acoso sexual. Tras una investigación de ocho meses —donde se entrevistó a más de sesenta testigos—, la institución decidió retirar el nombre de Ayala de sus centros y programas. Desde el pasado 1 de julio, el madrileño ha dejado de ser profesor emérito en California.
A sus 84 años, el prestigioso especialista en Biología evolutiva ha hecho las maletas y se ha ido de viaje fuera de Estados Unidos, donde aterrizó para hacer la tesis con el célebre genetista Theodosius Dobzhansky y donde llegó a ser asesor del Gobierno de Bill Clinton. El abrupto final de la carrera de Francisco J. Ayala en la Universidad de California (Irvine) comenzó a escribirse con las denuncias de cuatro investigadoras —la catedrática Kathleen Treseder, la profesora Jessica Pratt, la decana adjunta Benedicte Shipley y la estudiante de doctorado Michelle Herrera—, que pidieron que su nombre se hiciera público.
El investigador, que llegó a donar 10 millones de dólares a la Facultad de Ciencias Biológicas de California, ha negado las acusaciones. En declaraciones a Los Angeles Times, Ayala ha asegurado que fueron “buenos modales de un caballero europeo”. Científicos e incluso periodistas de su entorno han difundido un comunicado apoyándole y tachando la actuación de la Universidad de California de "exagerada".
"No tienen ni idea de cuáles son las alegaciones"
Al otro lado del teléfono, Micha Star Liberty —la abogada de tres de las cuatro denunciantes— se muestra indignada. Según explica a Hipertextual, las palabras de Ayala son "extraordinariamente ofensivas". "Mi familia tiene orígenes europeos y tengo parientes cercanos en Madrid. El acoso sexual no es cultura. No son modales", sostiene. En su opinión, las excusas del científico no tienen nada que ver con el "comportamiento cortés europeo".
La jurista también rechaza las afirmaciones del entorno de Ayala. "No tienen ni idea de cuáles son las alegaciones reales", señala. De vuelta en Madrid, el profesor fue entrevistado por la agencia Colpisa. Ayala se defendió diciendo que las acusaciones se basaban en dar dos besos en las mejillas y en haber tocado el brazo y apoyar su mano sobre la de otra colega mientras sujetaba el ratón del ordenador.
Sus argumentos han sido compartidos también por Camilo José Cela Conde. El hijo del Nobel —catedrático de Filosofía y coautor de varios libros sobre evolución con Ayala— compartió sus reflexiones en un artículo de opinión publicado por Diario de Mallorca. "Lo tremendo es que el ansia por unirse al movimiento 'Me Too' lleve a perseguir, denunciar y castigar a personas a las que sería muy difícil que un tribunal de los de verdad condenase". La tribuna fue escrita después de que el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, propusiera retirar el honoris causa a Ayala si se confirmaban las acusaciones.
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Liberty afirma "estar bastante molesta con los rumores" cuando quienes han apoyado al madrileño "no tienen conocimiento real de lo que pasó". "Es difamatorio", advierte la abogada. Según cuenta a Hipertextual, las quejas comenzaron hace tres o cuatro años y se relacionaban con "comentarios inapropiados, tocamientos y observaciones que menoscabaron la credibilidad de las profesionales". El escenario al que se enfrentaron sus representadas, señala, consistía en "un hombre utilizando su posición de poder en un ambiente educativo".
En una serie de mensajes en Twitter, Jonathan Eisen —microbiólogo de la misma institución académica, pero de un campus diferente— ha asegurado que, en sus pocas interacciones con el profesor español, fue testigo de "múltiples interacciones y comentarios sexistas" por su parte. Otras investigadoras, como la astrónoma Virginia Trimble y la politóloga Kristen Monroe, han defendido que se trata de "una caza de brujas" contra Francisco J. Ayala.
No opina lo mismo la letrada de tres de las denunciantes. La Universidad de California se convirtió en "entorno inhóspito", afirma Micha Liberty. "Le dejaron seguir aunque supieron durante años lo que ocurría. El doctor Ayala fue una fuente de ingresos. En lugar de proteger a las profesoras y estudiantes, se centraron en su reputación y en lo que él podía aportar a la universidad", denuncia. Tras las cuatro acusaciones presentadas ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Diversidad (OECD, en inglés), la abogada asegura que "el comportamiento era tan grave que le forzaron a dimitir".
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Críticas a la Universidad de California
Los últimos meses no han sido fáciles para sus representadas. A las consecuencias psicológicas, sostiene Micha Liberty, se suma un entorno donde denunciar el acoso sexual no sale gratis. "Durante el curso de la investigación, hubo comentarios que avisaban de posibles demandas por difamación, lo que frena a las víctimas de tomar acciones legales o que lo hagan otras posibles afectadas", relata. "Seguro que hay más, sigan o no adelante [con las acusaciones]. Solo el tiempo lo dirá. Se trata de decisiones individuales", dice.
La abogada defensora de Ayala, Susan Estrich, ha desmentido estas afirmaciones en la revista Science. "En ningún momento se consideró presentar una demanda por difamación", ha dicho. Según el rector de la Universidad de California, Howard Gillman, "la investigación confirmó una serie de acusaciones por acoso sexual". Los defensores de Ayala han criticado que la institución rechazase supuestamente testimonios a su favor, como el de la investigadora Elizabeth Loftus, que también ha apoyado al profesor madrileño. "No sé quién es ni si es relevante", dice Micha Liberty al otro lado del teléfono.
Pese a la insistencia de este medio de conocer cuáles son exactamente las acusaciones contra Francisco J. Ayala, Liberty prefiere esperar. "Mis tres clientes están evaluando todas las posibles acciones legales", tanto contra el investigador como contra el resto de personas que, en su opinión, pueden estar difamando a sus representadas. "Hicieron lo que debían. La Universidad de California llevó a cabo una investigación y la evidencia es abrumadora. No tenían otra elección [que forzar su dimisión]", apunta. No obstante, Micha Liberty también se muestra muy crítica con la institución académica.
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A su juicio, la actuación de la universidad llega tarde. La investigación comenzó en noviembre de 2017, cuando —según Liberty— la primera denuncia fue presentada hace tres años. La abogada lamenta además que el comunicado de prensa de la entidad académica fuera difundido sin consultar a sus clientes, con el único objetivo de "aplaudirse a sí mismos". "Querían sacar su versión antes de que saliera por otro lado. Ellas darán a conocer su historia en un futuro, cuando quieran", asegura a Hipertextual.
Para Liberty, el acoso sexual es "un problema muy extendido". "Finalmente se está hablando de ello gracias a que el movimiento del #MeToo se haya hecho tan público. "Es particularmente cruel en el entorno educativo. Se trata de una encrucijada muy tóxica, donde las mujeres se forman y realizan sus carreras profesionales a la vez", afirma. La letrada que representa a las denunciantes de Ayala dice que "existen políticas para cumplir la ley", pero que es clave comprobar "la eficacia de los procedimientos". "Saber que existen es completamente diferente de saber si son efectivas", zanja.
