Era de esperar. Fomento se movía entre dos aguas en lo que a las licencias urbanas iniciadas por Colau se refiere: por un lado, comentaban a Hipertextual, se abría una línea de diálogo y análisis para ver el estado de la cuestión. Por otro, asumían la ilegalidad del movimiento de Ada Colau respecto a su normativa a favor de taxi, por lo que las medidas en contra del Ayuntamiento de Barcelona no se harían esperar.

Finalmente, el ministerio de Fomento ha dado el paso y ha presentado un recurso en contra del texto de Ada Colau, muy en la línea del movimiento de UNAUTO, la patronal de VTCs. La idea de Fomento, en primera instancia, era la de presentar una medida cautelarísima para suspender de forma inmediata el nuevo reglamento de la alcaldesa de Barcelona. Rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Fomento ha decidido ir por la vía del recurso. Desde el punto de vista del Ministerio, existe una necesidad de suspender este reglamento, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa 1/30 del ROTT, por considerar que excede las competencias de la alcaldía. Hasta la fecha, cualquier asunto vinculado a las VTCs estaría limitado a las Comunidades Autónomas o Fomento. Pese a todo, Colau ya solicitó la modificación de este punto con el objetivo, precisamente, de abordar la creación de la licencia urbana. Fomento, por su parte, negó la mayor.

Para el taxi, que ya estaba preparando una medida similar en Madrid y conseguir que compañías como Uber y Cabify reculasen, supone una traición del lado del Partido Socialista. Explican que el partido presidido por Pedro Sánchez afirmó que nunca recurrirían a la vía legal, añadiendo que cualquier diálogo se produciría fuera de los juzgados. La situación planteada dista mucho de la realidad, por lo que el gremio de los taxistas ya ha planteado varias movilizaciones. El 25 de julio se sucederán manifestaciones en la Ciudad Condal, además de la ausencia de servicios en el aeropuerto el 27 de julio -coincidiendo con la huelga de Ryanair y Vueling-.

El texto de la discordia

Prometía ser un texto polémico desde el primer momento. Viendo la luz durante la celebración del MWC 2018, Ada Colau marcaba un antes y un después en lo que a normativas se refiere.

De sobra es conocida la enemistad de Podemos con este tipo de compañías. De hecho, Cabify y Podemos mantienen un litigio abierto por la cuestión de las acusaciones vertidas por el partido respecto a la tecnológica. En este caso, el objetivo de Colau era mantener el límite del volumen de licencias VTC en el área metropolitana de Barcelona. Quitarlas, teniendo en cuenta que muchas de ellas han sido aprobadas por la vía judicial, no era una opción. Se abría entonces la idea de la licencia urbana. ¿El problema? Cómo decidir quién tiene acceso a ella y quién no. La respuesta sería simple: mediante un sorteo. Todos aquellos que no contasen con esta licencia adicional querían fuera de juego.

Lógicamente, para las compañías como Uber y Cabify supondría un varapalo muy grande. Recortar de manera tan drástica esas licencias crearía una situación en la que la masa crítica de permisos no sería suficiente como para hacer viable el negocio en la región.