La nueva normativa aplicada al Área Metropolitana de Barcelona ya ha pasado al BOP (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona). Una semana después de que el Ayuntamiento, presidido por Ada Colau, diese luz verde a la propuesta enfocada a la limitación de las licencias VTC en su zona de control y casi 4 meses desde que se empezase a plantear la idea, los principales afectados por la futura reforma ya han dado su respuesta.

Tanto Uber como Cabify mostraron su negativa a la hora de aceptar esta modificación de la normativa. La reforma de Colau pretende incluir una nueva licencia urbana que, entre otras cosas, ajuste la proporción 1/30 de forma exacta en Barcelona. Acometiendo, de forma taxativa, lo que dicta la sentencia del Tribunal Supremo, esta limitación vendría impuesta a través de un sorteo. Todos aquellos sin licencia de operaciones quedarían fuera de la ley. Para las diferentes compañías tecnológicas operantes en Barcelona -y en cierto modo Madrid, donde también se ha solicitado dicho permiso por parte del sector del taxi- supone un duro golpe. Mariano Silveyra, de Cabify España, ya comentaba a este medio que, de llevarse a cabo esta reforma, muy probablemente la compañía tendría que salir de Barcelona. No existiría una suficiente masa crítica de licencias como para hacer rentable el negocio.

Para las tecnológicas, esta situación era una afrenta directa. Argumentaban, además que esta decisión estaba fuera de las competencias del Ayuntamiento de Barcelona. Hasta la fecha, cualquier regulación que se vincule a las licencias VTC está bajo la jurisprudencia del Ministerio de Fomento o de las Comunidades Autónomas. Hipertextual se puso en contacto con dicho Ministerio y confirmaron que, efectivamente, la normativa era esa y que revisarían el texto aprobado por Colau. Otras fuentes vinculadas a la institución confirmaron que Fomento tumbaría este decreto.

Sea como fuere, y mientras Fomento se aclara con sus coberturas, UNAUTO ya ha movido ficha. La patronal de VTCs, en la que se engloban Uber y Cabify, ha presentado un recurso contra la normativa AMB (o normativa Colau) en la que según el presidente, Eduardo Martín, hay un claro exceso de competencias:

“Se trata de una regulación especialmente alarmante porque prohíbe a más de 1.300 conductores su derecho a trabajar, un hecho insólito no solo en el ámbito del transporte sino en cualquier otra actividad económica. Queremos recordar que dichos profesionales han estado ejerciendo su actividad en Barcelona durante los últimos meses, sino años, con total normalidad”.

Desde la asociación insisten en el hecho de que todos los operadores activos están cumpliendo estrictamente todos los requerimientos sectoriales. Añaden, además, la polémica cuestión del ratio 1/30. La eterna batalla entre norma y criterio que defienden los taxis y UNAUTO respectivamente. Según el artículo 181.3, explica la patronal, no existe ninguna norma que exija el cumplimiento de la proporción; aunque sí recomienda esa cifra. Argumentan que esta circunstancia se debe, en gran medida, "a ciertos sectores interesados sigan intentando confundir a la opinión pública con este asunto".