El día ha llegado. La vista de conciliación entre Cabify y Podemos estaba prevista para el 22 de junio a las 12:30 en los juzgados de Plaza Castilla.
Los motivos, ya de sobra conocidos, se venían dando desde hacía meses. Según el posicionamiento de la tecnológica, el partido político liderado por Pablo Iglesias venía generando un ambiente de enfrentamiento basado en comentarios emitidos en redes sociales y entrevistas. Para Cabify, la situación está clara: Podemos es un partido que va de la mano del sector del taxi emitiendo reglamentos favorables a ellos. Mariano Silveyra, General Manager de Cabify, argumenta que “cuando hay una regulación que viene de la mano del taxi no traen nada bueno”. Para Podemos, Cabify no es más que una compañía que incumple la normativa vigente, expuesto en el Reglamento de Ordenación Terrestre(ROTT), en lo que a captación de pasajeros se refiere (de ahí lo que se ha conocido como “la policía del taxi”) y a rendir cuentas con Hacienda.
Cabify cumple sus amenazas y demanda a Podemos
No es una novedad el hecho de que Cabify cuenta con su sede en Delaware, lo que para el partido político supone una afrenta contra las arcas del estado. Desde el punto de vista de la tecnológica, esto no supone una estafa a Hacienda; respondería a una estrategia de inversión por parte de fondos norteamericanos. En este sentido, el propio sector del taxi acaba de presentar una petición al Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de grabar a empresas como Uber y Cabify con una suerte de ‘tasa Google’ sobre los ingresos de las compañías para evitar lo que ellos entienden como una fuga de capitales.
Sin novedades en la vista: habrá demanda
La realidad es que la vista ha supuesto una formalidad más que un acto con valor. Cabify se conformaría con una rectificación y, y aprovechando la situación, buscar un ecosistema en el que no se creen medidas que perjudiquen a la compañía. Y aún así, Cabify sabía, de forma previa, que Podemos no iba a retirar sus comentarios; un hecho confirmado a Hipertextual desde el propio partido horas antes del encuentro.
Cabify ha demandado a varios portavoces de Podemos por ayudar a que la ciudadanía sepa que su sede está en un paraíso fiscal o que Hacienda les ha pagado 1 millón de € de todos los españoles por declararse empresa con pérdidas en España.
No nos van a amordazar. No tenemos miedo pic.twitter.com/uYjES55zrJ
— Irene Montero (@Irene_Montero_) 19 de junio de 2018
Por su parte, los mayores representantes de Podemos, presentes en el acto, ya confirmaban lo que era un hecho: no se retractarían de sus opiniones asumiendo los hechos que se sucediesen. Es más, horas antes del encuentro, varios representantes de Podemos, entre ellos Irene Montero y Pablo Iglesias, ya adelantaban lo que sucedería a las 12:30 en Plaza Castilla. Momentos antes de entrar a los juzgados, el propio Rafa Mayoral ha explica que el partido político siempre "irá en contra de todas esas compañía extractivas que crean precarización del trabajo; dejando claro a todas las compañías extranacionales, como Cabify, que no van a permitir que una compañía con sede en paraíso fiscal les ponga una mordaza a representantes de la soberanía nacional". De sucederse alguna huelga, Podemos reafirmaría su posicionamiento a favor del taxi. Por su parte, Irene Montero ha añadido el hecho de que "su obligación es estar del lado del sector público del taxi alejándose de compañías que no declaran lo que ganan a Hacienda".
¿Y ahora qué? Para Silveyra la situación está clara: “el proceso seguirá su curso legal y precederán a la fase judicial”. Por su parte, Podemos asume el proceso legal que se les viene encima. En este sentido, para a la tecnológica se le presentaba un dilema más que importante: ¿es sensato enfrentarse a un partido político del perfil de Podemos? En Cabify “se ha medido el riesgo y a los que trabajamos en la compañía no nos gusta, especialmente porque no nos gusta la política, y tener que destinar recursos y tiempo a esto desgasta mucho, pero había que hacerlo”.
La insólita relación entre el taxi y Podemos
No está del todo claro si la situación responde a medidas políticas, previas a una campaña electoral que se sabe a la vuelta de la esquina, o a una realidad del sector. La realidad es que los sectores más activos en lo que a defensa del taxi se refiere han entrado en sintonía con el partido de Pablo Iglesias.
Como apoyo a los integrantes de Podemos a la entrada de los juzgados de Plaza Castilla, las gremiales lideradas por Elite Taxi y Caracol, se han reunido con el objetivo de impugnar la demanda interpuesta por la tecnológica, con un llamamiento al comportamiento cívico y ejemplar por su parte. Enarbolando una serie de tuits pertenecientes a integrantes de Podemos, y no del propio partido, solicitan que el caso judicial se enfrente a personas y no a partidos, asumiendo así su responsabilidad en el caso. Siguiendo esta línea, la posibilidad de que Cabify también tome acciones legales en contra de las manifestaciones de algunas de estas gremiales no se antojan muy alejadas en el tiempo.
Manifestaciones en contra de la superación de la normativa 1/30, que solicita mantener una licencia VTC por cada 30 de taxis, una medida en la que el Ayuntamiento de Madrid y Barcelona ya están trabajando con lo que ellos llaman "licencia urbana", y que en opinión de Cabify, y Silveyra, "supondrían la desaparición de Cabify en España". La lógica de 1/4 actual, siguiendo la lógica de un liberalización pausada en opinión de la tecnológica, no gusta a los integrantes del sector del taxi ni a Podemos.