La ministra Isabel Celaá ha explica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno de Pedro Sánchez recuperará la sanidad universal en todo el Estado. Lo hará a través de un Real Decreto en el plazo de seis semanas, con el objetivo de "devolver a todas las personas el derecho a su protección de la salud". El anuncio había sido adelantado por la ministra de Sanidad Carmen Montón, que había abogado por la universalidad de la sanidad pública y la eliminación de los copagos.

Con esta nueva normativa el Ejecutivo pretende tumbar una de las medidas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy. El Real Decreto Ley 16/2012 excluyó a las personas migrantes en situación irregular del acceso sanitario —con la salvedad de casos de urgencia, atención de menores de edad, embarazos, partos y postpartos—, al exigir que el paciente tuviera la condición de asegurado o beneficiario de la Seguridad Social. La reforma sanitaria fue introducida en un contexto de crisis económica, con una deuda millonaria que comprometía la sostenibilidad de la sanidad pública.

Falta de razones médicas y económicas

Desde su puesta en marcha, numerosas investigaciones han cuestionado las razones económicas y médicas que justificaron el Real Decreto Ley. Por un lado, la sanidad no se financia mediante la Seguridad Social, sino que su financiación depende de las comunidad autónomas —y estas, a su vez, reciben el dinero de los impuestos que el Estado recauda—. Es decir, en última instancia la atención sanitaria se nutre a partir de impuestos como el IVA, el IRPF o el de sociedades.

La creencia de que las personas inmigrantes copan el sistema sanitario es falsa, existen evidencias de que el gasto sanitario de los inmigrantes está muy lejos del promedio de los españoles, incluida la población pediátrica. La exclusión de la universalidad de la sanidad pudo además tener consecuencias graves para la salud pública. El Comité de expertos del Grupo para el Estudio del Sida (GESIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) alertó, por ejemplo, de la desatención de los pacientes con VIH.

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Por un lado, esto podría haber implicado una falta de diagnóstico de las infecciones y de los tratamientos antirretrovirales, hasta el punto de que los afectados solo acudirían al médico en los casos de urgencia, que suponen un gasto mayor que la atención primaria. Por otro, la disminución de la detección del VIH podría haber desembocado en un repunte de las infecciones —si los pacientes desconocen que tienen el virus es posible que las medidas de prevención sean menores que si lo supieran—. Las organizaciones no gubernamentales advirtieron que la limitación de la sanidad universal podría crear un problema humanitario.

La Organización Mundial de la Salud ha destacado recientemente la importancia de la “cobertura sanitaria universal”, aunque a juicio de la entidad esto no signifique "cobertura gratuita". Por su parte, la revista The Lancet también pidió recientemente el fin de los recortes en España y criticó la exclusión de la cobertura universal, en línea con un informe del Consejo de Europa. La limitación del acceso universal a la sanidad, que se reestablecerá previsiblemente durante las próximas semanas, también ha podido influir en el aumento de casos de malnutrición y problemas de salud mental en las personas migrantes, según la evidencia disponible. La restitución de la cobertura universal, en un contexto de recuperación económica como el actual, parece más que necesaria.

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