Los acontecimientos de las últimas semanas han puesto sobre la mesa un hecho de gran importancia. La semana pasada se cerraba con Cabify sentando a Podemos en los juzgados de Plaza Castilla, en el marco de un encuentro de conciliación. ¿El motivo? Los comentarios vertidos por el partido político liderado por Pablo Iglesias en referencia a la tecnológica española, principalmente en redes sociales, afirmando que esta no declara sus impuestos a las arcas españolas. Lo que para Podemos supone una afrenta para la actividad de económica del país.
Podemos se reafirma en los juzgados: es el turno de la demanda de Cabify
Batallas legales a un lado, una de las consignas de Podemos, secundada por el gremio de los taxis, es la de considerar que Cabify tiene su sede social en un paraíso fiscal. No es un secreto el hecho de que el único unicornio español tiene sede social en Delaware; la cuestión esencial en todo, y sin entrar en cómo funciona la estructura fiscal de la compañía, es la de si, efectivamente, el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, detrás de Rhode Island, es un paraíso fiscal o no.
¿Qué se considera paraíso fiscal?
Según la OCDE, una de las definiciones más precisas hasta la fecha, un paraíso fiscal es un instrumento de competencia fiscal perjudicial. Si preguntamos a Hacienda, esto sería un conjunto de territorios que con baja o ninguna tributación favorecen la opacidad de las operaciones de las empresas allí afincadas sin constar ningún registro.
Sin exigir transparencia en las cuentas de las compañías, ni normativas de información de los movimientos que allí se realicen, sin posibilidad de que otras regiones puedan exigir información sobre las mismas, supondrían una afrenta para el resto del mundo. De hecho, para la OCDE, es precisamente la opacidad uno de los peores puntos de estas regiones.
¿Cuáles se encuentran en la lista negra?
Esta pregunta es una de las más complicadas en lo que a paraísos fiscales se refiere. La Unión Europea vio la luz el 1 de noviembre de 1993 y no creó las conocidas como lista negra y gris de paraísos fiscales hasta diciembre de 2017 tras dos años de negociaciones. Una diferencia de fechas que, aun sabiendo de la existencia de estos lugares desde principios de los años 60, no se hizo efectiva sobre los papeles hasta hace escasos meses.
Acuerdos económicos y políticos entre países obligaban a retrasar este momento lo máximo posible. El escándalo de los Papeles de Panamá, en los cuales se vieron implicadas empresas y empresarios de países miembros de la Unión Europea, aceleraron el proceso.
El primer borrados de la "lista negra" incluía 17 países que meses después terminó quedándose en 9 regiones. Los 8 restantes prometieron mejorar su situación en lo que a estructuras opacas, imposiciones fiscales y secretos bancarios se refiere. Otras 47 regiones se encuentran en la "lista gris". Por su parte, España cuenta con su propia lista desde 1991, mucho más limitada en la que entre otros países, Panamá no aparece como paraíso fiscal. Cabe resaltar que regiones como Suiza, Bermudas, Gibraltar (o cualquier territorio adscrito a Reino Unido), Marruecos o Estados Unidos nunca entraron en ninguna de las listas propuestas por países miembros del territorio común. Una vez formalizado el Brexit, los expertos confirman que habría que volver a revisar el listado incluyendo regiones de la Commonwealth.
Criticados por ONGs y organizaciones anticorrupción, la realidad es que la lista de la Unión Europea ha sido criticada por su afinidad y sumisión a relaciones internacionales más que a la realidad de la situación financiera. Añaden, además, que el listado no tiene sentido si Europa no añade sanciones para estas regiones.
El caso específico de Delaware
El estado norteamericano queda fuera de todas las listas oficiales, tanto de Europa como de España, que les vinculan bajo el régimen de paraíso fiscal.
Una región que cuenta con el mayor índice de compañías en el índice Fortune 500 y agrupando más del 65% de las filiales de compañías estadounidenses. En el caso de España, existen más de 460 subsidiarias(casi todas ellas pertenecientes al Ibex 35), de las cuales más de 100 pertenecen a Banco Santander. Y, entre todas ellas, se encuentra el único unicornio español; también Carto, 8fit, Badi, Fever o Userzoom
Cabify afirma ser el primer unicornio de España, pero no habla de su valoración real
Obligados a pagar la tributación federal de Estados Unidos, muy por encima del impuesto de sociedades en España, una de las razones que las compañías ofrecen para afincarse en esta región es por la exención del pago estatal y local, acompañado por ventajas fiscales en la región. Con poca o ninguna información necesaria para crear una compañía, en la que no se debe invertir más de dos horas, los empresarios eligen Delaware como destino por el pacto de confidencialidad que ofrece el estado a la hora de crear acuerdos entre socios. Lo que se hace en Delaware se queda en Delaware. Si a esto le añadimos el hecho de que si un empresario busca inversiones con origen en Estados Unidos, el hecho de crear la sede de la empresa en el país norteamericano, o al menos una filial, es casi obligatorio.
Ahora bien, ¿se puede decir que Cabify se encuentra en un paraíso fiscal como afirma Podemos? Oficialmente, Delaware no está incluido en las listas y, por lo tanto no vincula. La realidad es que es un secreto a voces; de aquí a un tiempo, la opinión pública ha considerado esta región como tal, pero sin ninguna referencia oficial. Sin embargo, a la hora de la verdad y una vez el juez tome su decisión, se tendrán en cuenta las listas oficiales, tanto de España como de la OCDE, para determinar quién tiene razón en el caso. Bajo esta perspectiva, y hasta que las listas cambien, Cabify no se encuentra bajo un régimen de paraíso fiscal. Cuestión aparte sería la del funcionamiento de dicha localización: como sede legal de la compañía o para derivar ingresos. Una situación que ambas partes deberán demostrar ante un juez.
