Yucatán parece haber hecho historia. El estado de México afirma haber sido el primero en tipificar el llamado porno de venganza (en referencia al revenge porn en inglés) como un delito penal. El pasado viernes 25 de mayo, los diputados aprobaron por unanimidad las modificaciones que permitían que, a partir del próximo 1 de agosto, las imágenes eróticas o pornográficas difundidas sin el consentimiento de la persona que aparece en las fotografías sea motivo suficiente para ir a la cárcel.

Aquellas personas que revelen, publiquen, difundan o exhiban el tipo de contenido comentado anteriormente en redes sociales u otros medios en internet afrontarán de uno a cinco años de prisión. Para los que coaccionen, hostiguen o amenacen a otra persona con la publicación de imágenes eróticas sin su consentimiento expreso enfrentarán de seis meses a cuatro de años de cárcel. En el caso de los menores de edad, la pena puede aumentar hasta el doble.

A pesar de que el ya tipificado como delito en el estado mexicano es una problemática actual, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Celia Rivas Rodríguez, destacó la importancia de dar un paso considerable "para difundir el tema, porque hay que aclarar que no se está sancionando la conducta de tomarse fotos entre parejas, que se conoce como sexting; se está penalizando que sin permiso de una de las partes, esas imágenes, vídeos o sonidos, sean compartidos, incluida la amenaza de ejecutar esta mala práctica", informó en un comunicado del Congreso de Yucatán.

En este punto, la política aclaró un punto importante, ya que esta modificación a la ley no tiene relación con el llamado sexting pero también se ha criticado que se vincule con el porno de venganza. Lulú Barrera, fundadora e integrante del colectivo Luchadoras, explicó en entrevista con Hipertextual que, a pesar de que el comunicado del congreso yucateco nombra este término, "la ley no hace mención a eso". La regulación habla, literalmente de "difundir imágenes eróticas, sexuales o pornográficas obtenidas sin el consentimiento de la persona".

"En su ejercicio de difusión hablan de pornovenganza, pero no es un ejercicio de pornografía, no se ha creado en un circuito de producción y consumo del entretenimiento sexual, no fue creado en el marco de una industria. Es una invasión a la privacidad".

Asimismo, Barrera destacó que el término procedente del inglés revenge porn está muy extendido, aunque no todos están de acuerdo con su significado y utilización.

No habría que nombrarlo como venganza porque sería una acción en represalia de algo y en realidad no es así. El término se entiende como si la mujer hubiera hecho algo malo y mereciera una represalia, cuando decirle que no a alguien [en el caso de ruptura de pareja] es un derecho de la mujer.

La legislación modificada también fue descrita por los políticos yucatecos como un parteaguas en México que manda un mensaje claro a los agresores y que permitirá a las víctimas tener acceso a la justicia. Asimismo, se animó a llevar esta iniciativa más allá del estado para que pueda sentar un precedente y crear leyes parecidas en todo el país.

Sin embargo, otros estados del país han apostado por modificaciones muy parecidas. La Ciudad de México fue uno de los lugares en los que se empezó a sancionar con penas de uno hasta tres años de cárcel la publicación de fotografías o vídeos de índole sexual sin el consentimiento de la persona. Asimismo, Chihuahua, Estado de México y Jalisco votaron a favor de las mismas medidas.

En el caso de Chihuahua, las autoridades apelaron al sexting para definir la conducta que penalizaron, la cual estuvo también definida por el envío de imágenes o grabaciones de índole sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. No obstante, este punto no tiene relación con el intercambio consensuado de imágenes íntimas, el conocido como sexting. "Aunque las notas digan que se tipificó eso no es así, los que se tipifica es la difusión sin consentimiento. No se criminaliza a la mujer que envía la imagen, solo a la persona que la difunde. Se está desinformando", alertó la fundadora de Luchadoras.

¿La penalización es la solución?

Varios estado de México han empezado a modificar sus códigos penales para intentar evitar el envío de fotografías sexuales sin el consentimiento de la persona. Sin embargo, estas iniciativas también han sido motivo de discusión y se ha puesto en duda si muchas de las víctimas optarían por esta vía para afrontar el problema.

"Sí hay casos muy graves que llevan a extremos y en los que una solución penal puede ser una solución pero en otros, en el contexto adverso de acceso a la justicia, una mujer no quiere enfrentar un proceso penal sobre este tema", expuso Lulú Barrera en entrevista con el medio.

Las sanciones sociales y la suspensión de los agresores en el ámbito laboral o educativo son otras de las opciones barajadas por las víctimas de estos comportamientos.

En el ámbito educativo, la activista sostuvo que, en general, las instituciones no se están involucrando como deberían y que es necesario empezar a tomar cartas en el asunto. Asimismo, añadió la importancia de recordar que el envío de imágenes sin el consentimiento de la persona es una de las maneras en las que se puede violentar a una mujer en línea, pero no es la única.

Es clave que las autoridades tengan una visión más amplia de lo que implica la violencia, sentenció Barrera, y añadió:

Cuando alguien quiere denunciar amenazas por redes sociales o quiere una orden de protección se tiende a menospreciar estas agresiones porque pasan en línea. En realidad, se encuentra igual en riesgo, la sensibilización sobre formas de violencia digital no se limita a la difusion de imágenes sino otros comportamientos.

En este punto, la modificación de las leyes para incluir este tipo de acosos o abusos digitales en la legislación tanto estatal como federal es uno de los retos del país para luchar contra una situación que han sufrido miles de personas y que ha ido en aumento con el auge de las redes sociales.

Sin embargo, es vital reconocer cada uno de los abusos para describirlos y legislarlos adecuadamente. El porno de venganza, el sexting y el envío de fotografías de índole sexual sin el consentimiento de los implicados son cosas completamente diferentes y el primer punto necesario es informar a la población sobre las características de cada una de ellas.