Un grupo de científicos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el principal organismo de investigación biomédica en España, ha lanzado un manifiesto denunciando la situación en la que se encuentran. El documento, al que ha podido tener acceso Hipertextual, sigue la estela de los textos impulsados en el seno de otros centros como el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Bajo el título La ciencia se muere, trescientos científicos —una tercera parte del personal, entre investigadores de plantilla e interinos— critican "las dificultades que sufren para desarrollar sus proyectos de investigación" y lanzan una advertencia. "Si no se adoptan medidas urgentes nos será imposible seguir realizando nuestro trabajo de manera eficaz y a medio plazo esta parálisis repercutirá no sólo en el nivel científico de nuestro país sino en el tratamiento de enfermedades y la salud de la población española", aseguran. Los firmantes enviarán el documento durante las próximas horas al ministro Ramón Escolano, a Carmen Vela —responsable de la Secretaría de Estado de Investigación— y al director general del Instituto de Salud Carlos III.

Según los últimos datos disponibles, el ISCIII cuenta con casi un millar de trabajadores. De él dependen entidades como el Centro Nacional de Microbiología y el Centro Nacional de Medicina Tropical, que jugaron un papel clave durante la crisis del ébola en España; el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, los Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) o el Registro Nacional de Biobancos, entre otras. Los firmantes del manifiesto del Instituto de Salud Carlos III señalan en su carta que la ciencia "muere de inanición, parálisis, asfixia, precariedad, extinción y falta de interés".

"Mecanismos kafkianos” y "150 años de retrasos"

El ligero incremento de la inversión en I+D reflejado en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 no compensa los años de recortes. "Los presupuestos de investigación real –no financiera- [subvenciones] han disminuido en un 40% en los últimos años (de más de 4.000 M€ en 2009 a menos de 3.000 M€ en 2016)", comentan los firmantes del Instituto de Salud Carlos III. El documento también critica que, mientras el gasto en ciencia respecto al PIB ha aumentado en Europa casi un 30% entre 2009 y 2016, la inversión se ha reducido en España en un 9,1% durante el mismo período de tiempo. Pero la disminución de los presupuestos destinados a la ciencia no es el único problema.

Las investigación es la partida que menor tasa de ejecución presupuestaria presenta dentro de las grandes políticas gubernamentales. La Fundación COTEC denunció recientemente que solo se gastaba uno de cada tres euros presupuestados, unos datos que el Gobierno consideró "sesgados". No obstante, según las propias explicaciones del Ministerio de Economía, aunque más del 90% de las subvenciones en I+D se ejecutan, no sucede lo mismo con los préstamos. Una situación que también denuncian dentro del ISCIII: "De los 4.635 millones de euros de presupuesto público para I+D+I disponibles en 2017, finalmente se ejecutaron 1.376, un 29,7%, la tasa más baja en I+D+I desde que se registra este dato (2000)".

La situación, en opinión de los científicos, es insostenible. En el documento al que ha tenido acceso Hipertextual, los firmantes lamentan la "imposibilidad de gastar los presupuestos que se dedican a investigación". Tal y como criticaron anteriormente trabajadores de organismos públicos de investigación como el Instituto Español de Oceanografía, la gestión de la ciencia en España cuenta en la actualidad con "mecanismos kafkianos". La fiscalización previa por parte de Hacienda desde 2014, una medida destinada a luchar contra la corrupción, ha hecho que se evalúe cada trámite que se realiza de forma preliminar, lo que ha conllevado las críticas de los investigadores ante el exceso de burocracia y el bloqueo de sus estudios. En su día el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las universidades quedaron exentos de la fiscalización previa, algo que no sucedió con los organismos públicos de investigación como el Instituto de Salud Carlos III.

La excesiva burocratización a la que denuncian verse sometidos ha hecho, en opinión de los firmantes, que se reduzca de forma drástica la flexibilidad y la agilidad a la hora de gestionar los proyectos de investigación. Uno de los problemas más graves, sostienen, se encuentra en la contratación de personal, limitada por un "cupo" que establece Hacienda y cuya tramitación se demora durante mucho tiempo. "Entre 2014 y 2017 los retrasos acumulados si sumamos todos los contratos convocados y los meses perdidos en la tramitación representan más de 150 años, 150 años de retraso en la ejecución de los proyectos", lamentan en el documento. La situación, según denuncian, han hecho que pierdan "más de 50 incorporaciones de jóvenes investigadores", aunque no se especifica cómo se han realizado los cálculos. "En nuestra institución nos alegramos de la renovación de edificios, pero nos preguntamos si esos laboratorios tendrán a alguien trabajando en ellos en el futuro", continúa el manifiesto refrendado por una tercera parte del personal del Instituto de Salud Carlos III.

Precariedad, temporalidad y envejecimiento

Los problemas de precariedad laboral que denunció Comisiones Obreras hace unos días —según su informe, el 43% de la plantilla del CSIC tiene contratos temporales— también afectan al Instituto de Salud Carlos III. De acuerdo con el manifiesto, "una parte muy importante de los investigadores trabaja encadenando contratos temporales hasta edades que superan los cuarenta e incluso los cincuenta años." Además, según se lee en el documento, la situación hace que la tasa de reposición sea "inferior a la de jubilación" y que los "investigadores se vean abocados al paro o la emigración en un futuro próximo". ¿La consecuencia? Plantillas más reducidas, precarias y cada vez más envejecidas: según datos del propio ISCIII, desde 2011 han perdido casi a un 20% de sus empleados, una tendencia que se ha visto en todo el país, ya que España ha reducido en 21.000 empleos el personal dedicado a actividades de I+D durante la última década.

El documento impulsado en el seno del Instituto de Salud Carlos III no es el primero en dar la voz de alarma sobre la situación de la ciencia en España. Pero sí apunta directamente a los que —dicen— son los responsables. "Los sucesivos directores del Instituto de Salud Carlos III conocen esta situación pero ni ellos ni el resto del equipo directivo han podido o sabido resolver estas graves disfunciones", aseguran los firmantes. La propia Comisión de Investigación del organismo, encargada de asesorar a la Dirección en la elaboración y evaluación de las líneas de I+D, dimitió en bloque "ante la falta de soluciones" el pasado febrero.

El documento critica con dureza a Carmen Vela —que ocupa la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación—, a la que acusan de no haber "solucionado ninguna de las demandas", además de "justificar que los problemas no dependen de ellos sino de las normas administrativas y del MINHAP [Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas]", recoge de forma literal el documento. "Se reunió con representantes de los investigadores hace ya tres años sin haber solucionado ninguna de las demandas y a pesar de los compromisos adquiridos - entre otros - ante el Parlamento y el Defensor del Pueblo", critican. El manifiesto termina asegurando que la ciencia es "la hermana pobre del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad", por lo que piden "que se aporten soluciones reales" ante la extrema gravedad que denuncian.