El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado a las Cortes Generales el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, defendió que los PGE 2018 eran "los más sociales" que había podido elaborar el Ejecutivo y que "no había recortes". Su libro amarillo, donde se recoge el cuadro macroeconómico y las principales partidas de ingresos y gastos del Estado, también se jacta de que "la política de I+D+i es una de las que más aumenta, un 8,3%, hasta los 7.044 millones de euros".

El documento del Gobierno reconoce que "en comparación con nuestros socios europeos, España presenta un bajo nivel de gasto en I+D+i", una realidad de la que culpa al menor gasto realizado por el sector privado. Según el Ejecutivo, la inversión en ciencia "se encuentra en una senda creciente que se ha reforzado progresivamente", con unos "niveles razonables de financiación pública en I+D+i" que permiten mantener al sistema científico sus "cotas de excelencia".

El actual proyecto de Presupuestos Generales del Estado incluye una dotación económica para I+D civil de 6.366 millones de euros, un 5,4% más que el año pasado. De esta cantidad, las subvenciones ascienden a 2.629 millones de euros (7,1% más que en 2017) y los préstamos a 3.738 millones de euros (un incremento del 4,2%). La retahíla de promesas del Gobierno de Mariano Rajoy terminan asegurando que, con los actuales niveles, es posible "aproximar los recursos públicos del sistema de I+D+i a la media comunitaria" y "alcanzar el 2% de inversión en I+D sobre el PIB en 2020". Sin embargo, el tímido aumento en los PGE 2018 no compensa los brutales recortes sufridos por la investigación en España durante los últimos años. Los datos lo demuestran.

La inversión en I+D (2004-2018)

Aunque el Gobierno asegura que la inversión en I+D se encuentra en una "senda creciente", el presupuesto asignado a las dos agencias estatales principales en España (CSIC y Agencia Estatal de Investigación) y a los organismos autónomos más destacados no dice lo mismo. Con la salvedad del INTA, la inversión en estas entidades —que alcanzó su cota máxima en 2009— se ha reducido de forma significativa.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

El mayor organismo público de investigación en España es el CSIC. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es uno de los que más ha sufrido los hachazos presupuestarios de los últimos años, además de perder miles de empleos como consecuencia de los recortes. La entidad también padece una fuerte precariedad laboral y envejecimiento de su plantilla: según datos de Comisiones Obreras, el 75% de sus titulados superiores son temporales y la edad media de los trabajadores fijos es de 54 años.

Instituto de Salud Carlos III

El buque insignia de la investigación biomédica en España es el Instituto de Salud Carlos III, cuya asignación presupuestaria también se ha reducido de forma significativa. Como se ve en el siguiente gráfico, no hay ni rastro de la senda creciente de la que habla el Ejecutivo.

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

El centro, especializado en estudios agrícolas, ganaderos, forestales, alimentarios y de medio ambiente, denuncia estar en pleno colapso por culpa de Hacienda. Los recortes presupuestarios, las trabas burocráticas y la pérdida de personal también afectan al INIA, creado en los años setenta.

Instituto Español de Oceanografía (IEO)

La falta de recursos y la burocracia "asfixian" a los organismos públicos de investigación, han denunciado cientos de científicos. Uno de los últimos en dar la voz de alarma es el Instituto Español de Oceanografía, uno de los centros históricos de la I+D en España —fue fundado por Odón de Buen en 1914—. Su personal se ha movilizado, según afirman, para evitar "el naufragio de la ciencia" en nuestro país.

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

El CIEMAT, que se creó a partir de la Junta de Investigaciones Atómicas y de la Junta de Energía Nuclear, también ha sufrido los recortes de la ciencia en España durante los últimos años.

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)

El INTA, que también lleva a cabo investigaciones en materia militar, es el único que se salva de la quema, en relación a la asignación presupuestaria. No obstante, estas cifras son engañosas dada la reducida tasa de ejecución presupuestaria, como se comentará después.

Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

Quien también ha perdido asignaciones presupuestarias durante los últimos años es el IGME, cuya financiación no aparece desglosada en el libro amarillo de los PGE 2018.

Agencia Estatal de Investigación

Aunque la Ley de la Ciencia de 2011 obligaba al Gobierno a crear la Agencia Estatal de Investigación en un plazo no superior a un año, el Ejecutivo de Rajoy anunció su fundación a finales de 2015. La entidad, que se encarga de gestionar y financiar parte de los fondos públicos de la ciencia en nuestro país, solo presenta una dotación presupuestaria durante los dos últimos ejercicios por este motivo.

Solo se gasta uno de cada tres euros presupuestados

El problema de la ciencia en España no solo debe a los recortes presupuestarios de los últimos años. Tal y como denuncia la Fundación COTEC, el Estado en realidad solo ejecuta uno de cada tres euros presupuestados en I+D. En otras palabras, la ciencia es la partida con menor tasa de ejecución presupuestaria de las principales políticas del Gobierno.

Esta realidad supone que, además de que la asignación presupuestaria se haya reducido, buena parte no llega a gastarse nunca. El Ministerio de Economía y Competitividad ha respondido que "los datos son sesgados" y que se ejecutan el 98% de las subvenciones presupuestadas. Son los créditos, el otro capítulo de las partidas en I+D, los que apenas se ejecutan con un 10%. Por su parte, la Fundación COTEC ha dicho que las cifras corresponden a datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

¿Solo falta inversión privada en ciencia?

El Gobierno se escuda en la falta de inversión privada en I+D para justificar los recortes en ciencia. Si bien es cierto que la tendencia en la Unión Europea es que el gasto del sector empresarial se sitúe en dos terceras partes del total, lo cierto es que el Ejecutivo también ha aprovechado para disminuir la cantidad presupuestada y ejecutada del ámbito público. En otras palabras: en lugar de fomentar el gasto privado sin reducir las partidas gubernamentales, se culpa únicamente a la industria y, de paso, se recorta la inversión pública en I+D.

El gasto en I+D por habitante, peor que hace una década

Los datos recopilados por Eurostat no dejan lugar a dudas. España gasta menos por habitante en ciencia que hace una década, un esfuerzo económico que supone la cuarta parte de la inversión por ciudadano que realiza Alemania, por ejemplo.

Muy lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea

El libro amarillo de los PGE 2018 señala que "el gasto en I+D medido como porcentaje del PIB en España ascendió al 1,19 por ciento en 2016". Sin embargo, este porcentaje disminuyó con respecto al año anterior y la tendencia durante la última década nos sitúa muy lejos del objetivo que España se marcó para 2010: alcanzar una inversión en I+D del 2% sobre el PIB. La evolución del gasto hace imposible que ese porcentaje se logre en 2020, como asegura el Ejecutivo.

Y mucho más de las potencias mundiales en I+D

El hachazo a la ciencia en España no solo convierte en imposible un reto —el del 2% de la inversión en I+D sobre el PIB— que nos marcamos para 2010. La estrategia comunitaria es que ese porcentaje sea del 3% en 2020 para la Unión Europea, una tasa que nos acercaría a las potencias mundiales en investigación. Un sueño frustrado en el que, sin duda, también influye otra realidad: según los datos oficiales, a día de hoy la ciencia es una prioridad de tercera para el bolsillo de los españoles en comparación con otras partidas presupuestarias.

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