Una vez calmadas, en medida de lo posible, las aguas del sector del transporte se abren las del negocio de los pisos turísticos. El problema que se abrió en Barcelona, zona en la que ambas partes parecen haber llegado a un entente cordiale, se ha extendido como la pólvora por el resto de geografías de España. Está por ver si la tecnológica cederá a las exigencias de los Gobiernos regionales al igual que hizo en Barcelona.

Palma de Mallorca ha sido de las más radicales en su posicionamiento. Ya en abril de este mismo año, la delegación de urbanizado anunciaba una prohibición de los pisos turísticos. Una medida pionera en el históricos de los pisos turísticos a nivel mundial que se sustentaba en un dato: solo 600 viviendas, de 11.000, contaban con las licencias necesarias para operar como tales.

En todo este contexto, Madrid está a punto de unirse a la lista de los más belicosos contra Airbnb. Ya se anunciaba en el Plan de Ordenación Urbana de enero de 2018: el Ayuntamiento controlaría el número de licencias necesarias para operar en función de la distribución de los pisos en las diferentes zonas de la capital. Una medida que se suma a la limitación de alquileres a tres meses a lo largo del año. No ha sido suficiente.

Las crecientes quejas de asociaciones de vecinos y organizaciones vecinales, así como el incremento del precio de los alquileres en la zona centro y la disminución de la oferta han sido acicates para el Ayuntamiento de la capital. Ayer mismo, en la sesión de control, se adentó un texto preliminar (esperado para junio de este mismo año) en el cual se abordaba la reforma de los pisos de carácter turístico. Una competencia que debería estar abordada por la Comunidad de Madrid, pero que ha terminado por recaer el en Ayuntamiento. Plan Especial de Implantación del Uso del Hospedaje: bajo este título se quiere modificar la estructura del sistema del momento.

En términos generales, Ahora Madrid quiere dividir Madrid en cuatro zonas para establecer las normativas en cada una de ellas. El resumen vendría a decir que el Gobierno de Carmena busca prohibir la modificación de las viviendas particulares a turísticas a partir de la fecha de aprobación del texto. Lo que quiere decir que no se expedirán más permisos, ni para hoteles ni para particulares.

La realidad es que las nuevas entradas de pisos turísticos supone un problema, pero para los vecinos de las zonas afectadas el verdadero drama son los que ya operan. Se presentan en este caso varias dudas respecto a las medidas del Ayuntamiento. ¿Cómo se controlará quién cuenta con licencia? Un gran dilema hasta la fecha que tiene los visos de resolverse próximamente. Y, ¿los que cuentan con licencia la podrán perder? En lo que respecta a hoteles y edificios de apartamentos, el Ayuntamiento confirma que mantendrán su actividad y licencia como hasta ahora. En lo que respecta a los pisos turísticos las cosas son muy diferentes. Especifican que, con la nueva normativa, casi todas las licencias existentes serán ilegales. La cuestión de los 90 días y la entrada diferenciada del portal de la comunidad son temas que no suelen cumplirse en la mayor parte de los casos.

En la línea de la decisión de Madrid, Palma o Barcelona, Valencia también se ha apuntado a la reforma de la Ley de Turismo. Esta reforma busca dar completo poder a la regulación de los alquileres. La primera intención de Valencia es prohibir la mayor parte de las licencias.