La promesa de que la actividad de los nuevos modelos de negocio en España iban a ser controlados con mano de hierro ha llegado antes de lo esperado. Siguiendo con la constante de 2017 en algunas de las comunidades más contrarias a estas actividades.

En este caso, todas las miradas se han ido a Airbnb y Madrid con su reciente normativa de control de licencias de pisos turísticos. Si Baleares ha empezado con sus procesos sancionadores a nivel económico, en la capital se opta por los cupos.

El Ayuntamiento de Madrid ha tomado la decisión de controlar la concesión de las licencias necesarias para operar con viviendas de uso turístico. Es decir, el permiso necesario para poder colgar una vivienda en alguno de los portales del momento: Airbnb, HomeAway... Los alquileres, limitados a tres meses como máximo al año, también estarán controlados por los diferentes barrios. Más de ese tiempo requeriría la solicitud de cualquiera de los permisos expedidos por las administraciones. En estimaciones del consistorio se estima que se solicitarán entre 1.000 y 1.200 licencias en Madrid, según el censo. El objetivo sería evitar lo sucedido en Barcelona, donde los pisos turísticos se concentran en la zona centro de la ciudad. Además, no está sólo dirigido a las viviendas turísticas; en la regulación se incluye el control del número de hoteles y apartamentos por zona de la capital.

Por otro lado, en el proceso de control no queda sólo limitado al turismo de residencia. Todas las actividades del sector terciario entran dentro de esta nueva regulación. Bares y comercios se acogen a este sistema de control del número de establecimientos con motivo del plan de Ordenación Urbana.