Más de un año después de que saliera a la luz la compra por parte del Gobierno mexicano del malware Pegasus para espiar a periodistas y activistas, parece ser que las autoridades deberán dar más detalles sobre las condiciones del contrato. A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto ha negado espionaje ilegal con Pegasus, las evidencias muestran que el Gobierno negoció con la empresa israelí NSO Group para la adquisición del software.
El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ha anunciado este martes 17 de abril que la Procuraduría General de la República (PGR) debe entregar el contrato con la empresa que le permitió hacer uso del malware con el que se espió a periodistas como Carmen Aristegui.
Vinculan a funcionario mexicano con la compra del malware Pegasus
A pesar de que la herramienta se utilizó con fines de inteligencia, esta también se usó para acceder a la vida privada de algunas personas. Asimismo, el INAI recordó en un comunicado que las contrataciones por parte del Gobierno son públicas y "los sujetos obligados deben acostumbrarse a dar cuenta del ejercicio de los recursos públicos, ya que se trata del dinero de la ciudadanía".
#INAIinforma @PGR_mx debe dar a conocer contrato con filial de NSO Group para adquirir software de inteligencia.
— INAI (@INAImexico) April 17, 2018
Comunicado: https://t.co/HEzXRHdOcz pic.twitter.com/CPDUkRq1BQ
El comisionado Oscar Guerra Ford añadió que es necesario que el Gobierno mexicano rinda cuentas sobre la adquisición del software después de que su utilización se convirtiera en un hecho controvertido.
A pesar de que la PGR tendrá que presentar el documento que certifica la compra de Pegasus y los detalles, no todo es oro lo que reluce y no se hará pública toda la información sobre el caso.
Datos ocultos
Tras el escándalo del malware Pegasus, un particular exigió al INAI que pidiera una versión pública del contrato entre el Gobierno mexicano y la empresa israelí. Sin embargo, las autoridades contestaron que la difusión del documento podría poner en peligro estrategias para combatir la delincuencia organizada y garantizar la seguridad pública y nacional.
No contento con la respuesta, el demandante alegó el derecho a la información para que se revisara el caso. En una audiencia, se determinó que la PGR debía entregar la versión pública del documento pero que se eliminaría la información que pudiera ser comprometedora. EL INAI resumió:
El comisionado ponente tuvo a la vista el contrato y su anexo técnico, y luego del análisis y revisión del contenido, constató la existencia de diversos apartados que constituyen información pública, como el objeto del mismo, el importe total y precio unitario, anticipo y amortización, forma y lugar de pago, vigencia, obligaciones del proveedor y del sujeto obligado, entre otros.
Por lo tanto, en el documento que presente la PGR se protegerían los nombres y cargos de las personas que estuvieron involucradas en la negociación con NSO Group. La Red por los Derechos Digitales (R3D) envió un comunicado en el que condenan la decisión del INAI por "mantener ocultas las especificaciones técnicas del equipo adquirido, los procedimientos relacionados con su operatividad y los nombres, cargos y firmas de las personas físicas que participaron en la adquisición".
Asimismo, el organismo criticó que el contrato que entregará la PGR no dará información que no se hubiera dado anteriormente en las investigaciones que se han publicado en varios medios de comunicación. Por el momento, el INAI no ha exigido a las autoridades mexicanas otro documento que pueda dar más detalles sobre la negociación y el trato con la empresa que desarrolló el software.
Pegasus y ciberataques contra los periodistas en México
El organismo anunció que impugnarán la decisión en el Poder Judicial de la Federación.
La investigación sobre la utilización de Pegasus por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto encendió todas las alarmas sobre la capacidad de la autoridad para espiar a periodistas, abogados, políticos y activistas a pesar de no suponer un riesgo para la seguridad nacional. En el caso de los periodistas, aquellos que escribían artículos en contra del Gobierno fueron rastreados, así como abogados del caso Ayotzinapa y políticos de la oposición como del Partido de Acción Nacional (PAN).