El mundo de los riders no pasa por su mejor momento y no hay previsiones de que la situación cambie. Las Inspecciones de Trabajo que se llevan sucediendo desde hace unas semanas no hacen más que incrementar su actividad en vez de menguar.

Primero fueron los expedientes de Madrid y Valencia, donde Trabajo determinaba una contratación fraudulenta por parte de Deliveroo y Glovo. ahora, según informa El Economista, se han abierto media docena más de expedientes en Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, La Coruña, Alicante y Gijón. Todos con el objetivo de analizar la situación de los posibles falsos autónomos operando en las diferentes plataformas de repartidores. De momento, la cuestión se ha cerrado en la compañía británica y en la catalana, pero ya se ha mencionado la idea de que Stuart y UberEats también entren a formar parte del grupo de los investigados.

Los antecedentes ya han metido a todos en el mismo saco. En los últimos días del año pasado, UGT anunciaba que debido a las peticiones de algunos de los riders de las diferentes plataformas, entre las que se metía a UberEats, procedería a denunciar las condiciones de falsos autónomos que se venían causando desde hace tiempo. Por su parte, Ridersxderechos rechazaba el oportunismo que uno de los sindicatos mayoritarios había demostrado al sumarse meses después de iniciar las quejas.

En todo este contexto, uno de los objetivos de Trabajo es precisamente la opinión y punto de vista de los riders. Las compañías ya han presentado sus datos y documentaciones. El turno está ahora en manos de las entrevistas a los repartidores donde deberán presentar contratos desde 2015, documentos referentes a las relaciones laborales establecidas con las empresas contratantes, facturas... Entrevistas obligadas que de no realizarse supondría el pago de multas de unos 6.250 euros a los que se nieguen a declarar.

La Inspección y los diferentes grupos organizado de riders en pro de los derechos laborales del sector se han visto apoyados, además, en el posicionamiento del Ministro de Hacienda. Montoro actualizaba el BOE el 24 de enero con la idea de que los modelos de trabajo de la 'nueva economía' sería estudiados al milímetro y perseguidos en caso de que existiesen irregularidades laborales o desigualdades respecto a otras compañías del sector.

Desde el punto de vista de las compañías, un cambio en los sistemas de relación laboral con los riders supondría el cierre de muchas de las compañías: no podrían asumir los costes de contratación.