Las cosas para Uber en Londres no van de todo bien y, por el curso que están marcando los acontecimientos, la realidad es que todo apunta a que los procesos pendientes serán bastante largos y tediosos. Tanto para la tecnológica, como para las instituciones legales.

El último acontecimiento que ha marcado el devenir de los hechos de Uber en la capital británica pasó por la posible pérdida de la licencia de operaciones. En septiembre de este mismo año Transports for London anunciaba algo insólito para su haber en la capital: después de darle plenos poderes a la tecnológica en 2012, permitiéndoles operar con total normalidad y con todas las licencias en orden, la organización anunciaba su retirada de forma inmediata. O, mejor dicho, su no renovación que, además, estaba apoyada por el alcalde de Londres. Malas prácticas, uso de tecnologías para vigilar a los empleados de la administración encargados del control de los transportes y problemas de seguridad fueron los motivos por los que TFL retiró el permiso. Como era de esperar, Uber anunció que iniciaría todos los procesos legales que estuviesen en sus manos para volver a recuperar su licencia de operaciones; hasta el mismo Dara Khosrowshahi se personaba en la ciudad para intentar tender nuevos puentes con la Administración dentro del ideario de su nueva política de empresa. Dicho sea de paso que, mientras batallan por la recuperación del permiso, los asociados pueden seguir operando con normalidad.

Uber empieza la batalla por sus licencias en Londres

Ahora, sale a la luz otra piedra en el zapato de Uber en Londres: los derechos de sus trabajadores. Hace tiempo que muchas voces del sector apuntan a que las peores pesadillas de Uber, y compañías del estilo, vendrían precisamente por el alzamiento de sus empleados ante la solicitud de más derechos. Y la realidad es que sin ellos nada tendría sentido. Desde octubre del año pasado, la tecnológica mantiene abierto un litigio en la corte de Londres iniciado por los ex-conductores James Farrar y Yaseen Aslam que, sin precedentes, pedían a la compañía los derechos básicos de los trabajadores, entre los que se incluyen el pago de las vacaciones, y el salario mínimo nacional igualándose a los empleados de cualquier compañía. En primera instancia, el Tribunal dio la razón a los empleados y tras la apelación de la compañía, alegando que operaba con las mismas normas que los servicios Minicab, hoy se ha sabido que ha vuelto a perder ante los conductores.

Como cabía esperar, Uber volverá a recurrir esta decisión. Ya no sólo por sus razones como empresa, sino porque esto marca jurisprudencia ante un hecho que puede ser determinante para el futuro de Uber. Afectando a tecnológicas de otros sectores, como Deliveroo, el hecho de que sus más de 40.000 conductores en Londres empiecen a pedir el aumento de sus derechos, salarios mínimos y vacaciones pagadas podría suponer todo un agujero en las cuentas de la compañía. Las cifras financiera de Uber no son públicas en el desglose de geografías, pero la compañía ya ha mencionado en varias ocasiones la importancia que tiene Reino Unido para sus cuentas. El modelo de crecimiento de la compañía no podría soportar la petición de ese volumen de conductores para convertirse en empleados con todos sus derechos y obligaciones.

Londres, la capital icono para Uber en Europa, se está convirtiendo en toda una pesadilla para la tecnología. Algo que podría empañar el sueño de Uber de lograr, por fin, su salida a bolsa que, según ha admitido el CEO de la compañía en un evento del New York Times podría fijarse para 2019. Una idea muy en contra del objetivo de Kalanick que, por encima de todo, buscaba mantener las cuentas de la compañía en secreto el mayor tiempo posible.