La Comisión Europea se enfrenta a todo un dilema interno en lo que a "nueva economía" respecta.

Por un lado, la institución europea no ha ocultado su punto de vista sobre los nuevos modelos de empresa; ya a mediados de 2016, la Comisión se posicionó a favor de las empresas emergentes como Uber o Airbnb. Su primer movimiento fue instar a los países miembros a crear canales de diálogo para solventar los problemas internos de los diferentes sectores, -aunque su mensaje iba directamente para el negocio hotelero y del taxi-. Así mismo, aseguró que prohibir estos modelos de negocio debería ser el último recurso. Aunque, dado el último caso de Londres, lo que está claro es que la opinión de la Comisión cae en saco roto en gran parte de las ocasiones.

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La cuestión es que, ahora, la Unión Europea se enfrenta a un nuevo reto. Dice sí a los nuevos modelos de empresa por los beneficios financieros que eso puede reportar al grupo europeo, pero no tanto así le ocurre con las nuevas formas de contratación. Las condiciones laborales del total de la Unión Europea han sufrido un deterioro con el paso de los años; lo que antes funcionaba ya no es válido para las nuevas compañías. Se enfrentan a una lucha entre los derechos de los trabajadores y los deseos de las empresas. Y todo bajo el mismo marco: “Hay que mejorar la vida diaria de los ciudadanos y conseguir que haya convergencia —no a la baja— entre Estados miembros”, ha instado Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión. Además, en el trasfondo de esta iniciativa por parte del Grupo se encuentra la sombra del alzamiento de los partidos extremistas de derecha, uno de los cuales acaba de encontrar un hueco en el Bundestag alemán.

En todo este contexto, lo que propone la Comisión, a través de una iniciativa que empezará a estudiarse por un comité de expertos, es la revisión de los derechos y protecciones de algunos colectivos laborales. Los más precarios, compuestos en esencia por jóvenes. Una de sus principales peticiones sería la de ajustar los modelos de contrato a la nueva economía o, al menos, a nuevas relaciones laborales para así mantener de forma íntegra los derechos de los profesionales.

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Empresas como Uber, Glovo o Deliveroo han recurrido a los modelos de autónomo para reclutar riders, asociados o repartidores; de sobra es conocido que este tipo de asociación labora permite una libertad teórica al profesional, pero también le aleja de ciertas coberturas sociales de protección. Es precisamente contra esto con lo que quiere luchar la Comisión. Modelos que incluyan horas de trabajo, condiciones muy específicas y tiempos de prueba muy delimitados con el objetivo de evitar el abuso de las empresas.

Esto es, de momento, una teoría, pero que la Comisión tiene la firme intención de llevara a la práctica. Ahora bien, la última palabra sigue estando en manos de los estados miembro.