Las enfermedades no transmisibles (non-communicable diseases, NCD en inglés) son una de las grandes amenazas para la salud pública de nuestros días. Casi el 70% de los fallecimientos en 2012 se debieron a este grupo de patologías entre las que se encuentran los trastornos cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias o la diabetes. Entre los factores de riesgo, además del consumo de tabaco o de alcohol, destacan una alimentación no saludable o una reducida actividad física. Según la Organización Mundial de la Salud, es posible prevenir el 80% de estos problemas de salud. Sin embargo, las iniciativas impulsadas en el seno de la Unión Europea han contado con fuertes oposiciones por parte del lobby alimentario.
La lucha contra la comida basura se ha centrado, en particular, en reducir la cantidad de azúcar, sal y grasa que ingerimos habitualmente en nuestra dieta. "Este evento no es sólo para hablar, sino para tomar medidas", explicó Oleg Chestnov, portavoz de la OMS, durante el European Health Forum que se celebró la pasada semana en Gastein (Austria). Entre las medidas más efectivas para tomar una menor cantidad de azúcar, sal y grasa en los alimentos, los expertos destacan el establecimiento de impuestos que desincentiven el consumo de este tipo de productos. Algunos países europeos, como Francia, Dinamarca o Hungría, han tomado este tipo de medidas que han demostrado su eficacia siempre y cuando se acompañen de otras políticas de prevención y promoción de la salud pública.
Una excelente medida que cuenta con un fuerte rechazo
El caso de México quizás sea el más claro de todos. El país estableció en 2014 un impuesto del 10% sobre el precio de venta de las bebidas azucaradas. Esta medida redujo en un 12% el consumo de este tipo de productos, relacionados con problemas como la obesidad y otros trastornos para la salud. Las cifras son muy importantes dado que el 70% de los mexicanos padece problemas de sobrepeso y obesidad. Su ejemplo ha llevado a que expertos en España recomienden tomar medidas similares, dado que la evidencia científica ha apoyado sus beneficios. La industria alimentaria, como sucedió durante el Gobierno de Artur Mas en Cataluña, se ha posicionado de forma drástica en contra de este tipo de impuestos.
De acuerdo con la consultora Acumen Public Affairs, diversos Estados miembro de la Unión Europea han impulsado iniciativas para reducir el consumo de sal, azúcar o grasa en nuestra alimentación. En 2011, Dinamarca fue el primer país en establecer un impuesto contra la grasa, que desapareció al año siguiente por presiones de la industria. En 2012, Francia aplicó una medida impositiva similar para las bebidas con azúcar añadido, que amplió en 2013 para gravar las bebidas energéticas y así desincentivar su ingesta diaria. Rumanía también aprobó un impuesto contra la comida basura en 2010.
Durante el foro celebrado en Austria, Hipertextual tuvo la ocasión de preguntarle al Comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, sobre su opinión respecto a este tipo de medidas impositivas. "Teóricamente sería excelente, pero el establecimiento de estos impuestos a nivel europeo necesitaría ser aprobado de forma unánime", explicó. El político de la Comisión Europea recordó los problemas que hubo para gravar el alcohol y el tabaco a nivel de la UE en la década de los noventa, algo que siempre cuenta con una fuerte oposición por culpa de intereses privados, dado que los lobbies ven estas medidas como un riesgo para sus beneficios. El comisario reconocía así que la lucha contra la comida basura y, por extensión, contra la excesiva ingesta de azúcar, sal y grasa, está siendo frenada por la propia industria alimentaria.
Informes internos de la propia Unión Europea destacan que la adopción de estos impuestos funciona. El principal problema sigue siendo determinar quién tiene más peso en la balanza: el interés privado y legítimo de obtener beneficios por parte del lobby alimentario o el bien general de promoción de la salud pública. Por ahora, son los primeros los que van ganando en esta pelea. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) rechazó aumentar los límites sobre el consumo diario de azúcar, una decisión que sólo fue apoyada por la industria y que contó con la oposición de las sociedades científicas y las administraciones públicas. Recientemente, se supo que la industria del azúcar pagó a científicos de Harvard para que culparan a la grasa por completo de las enfermedades cardiovasculares, obviando el papel que juega el azúcar en estas patologías.
En el seno de la UE, según Acumen Public Affairs, diversos países han tomado medidas diferentes a los impuestos. España, por ejemplo, acordó con las panaderías reducir la cantidad de sal al 18%, un pacto similar al que luego alcanzó con la industria cárnica. Reino Unido también establecerá objetivos para disminuir el consumo de sal a partir de 2017, algo similar a lo que contempla Bélgica en su legislación desde 1985. Croacia adoptó un programa para limitar la ingesta de sal en 2006, mientras que Malta tratará de reducir su consumo en un 10% para 2020.
Otros Estados miembro, como Estonia, Bulgaria o Alemania, han impulsado iniciativas de educación y divulgación sobre los problemas asociados a un consumo excesivo de azúcar, grasa y sal. El Gobierno de Angela Merkel, en particular, ha reservado 2 millones de euros en sus presupuestos de 2016 para una estrategia nacional que tenga como principal objetivo disminuir el azúcar, la sal y la grasa en la comida. Además de estas iniciativas, la Organización Mundial de la Salud lanzó el año pasado una herramienta para reducir progresivamente la publicidad de este tipo de alimentos. Según pudo confirmar Hipertextual durante el congreso en Gastein, la UE trabaja en diversas iniciativas para cambiar el etiquetado de estos productos con el objetivo de desincentivar su consumo. La lucha contra los problemas de salud –tales como la obesidad, considerada como una gravísima epidemia a nivel mundial– continúa, a pesar de las fuertes presiones e intereses privados.
