La ley no siempre es un sinónimo de justicia. Si cree lo contrario, pregúntenle a alguna de las involucradas en los casos de los Premios Garrote 2016, un reconocimiento internacional a lo más grave y representativo del machismo en las instituciones penales, donde jueces otorgan sentencias o moldean a un país entero según sus particulares ideas de lo qué debe hacer o no hacer una mujer.

Los Premios Garrote reconocen las sentencias que hacen retroceder la equidad de género con casos propios de un mundo al revés, como aquella juez española que le preguntó a una víctima de violación si cerró bien las piernas para evitar ser violada. O cuando el tribunal de Southwark Crown, Reino Unido, determinó que un millonario de 46 años había penetrado “por accidente” a una joven de 18 al tropezarse y caerse sobre ella. O cuando la ley del código penal de República Dominicana que prohibió los abortos por causa de violación, malformación del bebé o peligro de la salud de la mujer, y retrocedió en pleno 2015 al código penal de 1884.

El trabajo doméstico es un trabajo

En cambio, los Premios Mallete reconocen las decisiones que ayudan a sentar antecedentes para el reconocimiento jurídico de la igualdad de género. Como el caso de una mujer mexicana de la tercera edad que en su divorcio ganó una pensión por parte de su ex marido por el trabajo doméstico que ella hizo durante el matrimonio, un antecedente que reconoce que el trabajo doméstico debe ser remunerado.

También el caso de una mujer de Irlanda del Norte que se enteró que el feto que habitaba en su vientre tendría malformaciones al nacer y decidió abortar, pero para hacerlo debió viajar al Reino Unido, ya que en Irlanda del Norte el personal médico que practique un aborto puede ser condenado a cadena perpetua. Sin embargo, este caso ayudó a que el Tribunal de Irlanda del Norte determinara que estas medidas no eran compatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos a la que están suscritos.

Y, por supuesto, un reconocimiento de oro para la prohibición del matrimonio infantil en Zimbawe, donde la Corte Constitucional de ese país reconoció que esta práctica somete a las adolescentes a una vida de violencia y pobreza, y estableció la edad legal para contraer matrimonio a los 18 años, como lo dictan los estándares internacionales.

Estos premios fueron creación de Women's Link Worldwide una organización mundial enfocada a las mujeres y niñas. En su página dice que los premios nominan las decisiones en cualquier país sin importar su sistema político, tradiciones o creencias religiosas:

Las decisiones de jueces en cortes y tribunales, tienen una influencia enorme sobre la vida diaria de todas las personas y definen el sentido de la justicia.

El jurado está compuesto por defensores de los los derechos humanos, sobretodo de los derechos reproductivos y sexuales, como Rosa Montero, Baltasar Garzón, Lydia Cacho, la premio Nobel Jody Williams, Claudia Paz y Paz Bailey, entre muchos otros. Los premios Mallote y Garrote también tienen un premio del público, donde fueron escogidos por votos casos de lo peor y lo mejor del machismo en la ley.

Este año, lo peor fue el caso de la ciudadana española Silvia Banegas, quien tuvo un hijo con un mexicano. Cuando se divorciaron, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en México le negó la custodia de su hijo porque ella no “aceptaba los roles tradicionales de género”, por ser atea y negarse a bautizar al niño como muchas familias mexicanas lo hace tradicionalmente, aunque no es una exigencia de la ley, sino libertad de práctica religiosa. Debido a esta resolución, Silvia no puede ver a su hijo desde hace seis años.

Este premio es una manera de acercar al público en general a la defensa de la equidad de género

Aunque lo parezca, no todo está perdido, y las resoluciones favorables también pueden ocurrir en casos individuales que a la larga serán importantes para los derechos colectivos. El caso de Ana María es un ejemplo de ello. La joven de 19 años fue diagnosticada con cáncer facial mientras estaba embarazada de pocas semanas. No le practicaron un aborto aun cuando era necesario para someterla a la radioterapia que necesitaba para tratar su cáncer, sino que esperaron hasta los cinco meses de embarazo cuando su estado ya no le permitió recuperarse. Ocho años después de la muerte de Ana María, la Fiscalía de Santa Fe, Argentina, reconoció la responsabilidad del gobierno provincial en el caso de la joven y pidió a los responsables disculparse públicamente, así como indemnizar y reparar los daños a la familia de Ana María.

Este premio es una manera de acercar al público en general a la defensa de la equidad de género de una manera peculiar, comenzaron en 2009 y no parece que vayan a desaparecer pronto: mientras todavía existan casos en los que la justicia se haga con un garrote en lugar de un mallete, siempre habrá quien merezca la presea.