El caso de Apple vs FBI va a traer más cola de la que con el cierre del asunto se presuponía. Y es que tras la caída en saco roto de las pretensiones de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en sus exigencias a la compañía del iPhone, la Corte Suprema de USA quiere adaptar la legislación sobre este tema a las nuevas dinámicas de hoy en día, y eso pasa por darle más competencias en el asunto a cuerpos como el FBI.

En este caso, la BBC se hace eco de una cuestión preocupante en el tan en alza debate sobre la privacidad de los datos y su cruzada con la seguridad. Y es que hasta ahora, la corte solo puede ordenar registros, incluyendo digitales, dentro de su jurisdicción, a menudo limitada a unos pocos condados; por lo que se quiere modificar la regulación para hacerlos extensibles a todo el mundo, siempre lógicamente, dentro de una investigación que se cruce con los intereses de los Estados Unidos.

El asunto es que el Departamento de Justicia quiere que los jueces sean capaces de emitir órdenes de registro remoto (con los problemas que conlleva) para dispositivos ubicados en cualquier lugar en el que los Estados Unidos se declara competente, que podrían incluir otros países, inclusos países aliados de la Unión Europea que lo autoricen a través de un acuerdo bilateral.

La prisa del DoJ en este asunto viene argumentada porque los criminales pueden ocultar su ubicación e identidad en Internet, por lo que el regulador considera que es muy difícil determinar en qué jurisdicción se encuentra un dispositivo al que se quiera acceder remotamente, dando problemas en términos de competencia.

"Los delincuentes ahora tienen fácil acceso a tecnologías de anonimato sofisticadas para ocultar su identidad mientras se involucran en crímenes en internet." - Peter Carr, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El problema es que si se hace extensible, puede correrse el peligro de que un dispositivo fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos sea investigado por agencias como el FBI, vulnerando por tanto los derechos de aquellos que no están sometidos a la legislación norteamericana.

No obstante, el Congreso de los Estados Unidos aún puede optar por rechazar o modificar estos cambios en la regulación federal del procedimiento penal hasta el 1 de diciembre, fecha en la que entrará en vigor.