A finales de diciembre de 2013 una sentencia del Tribunal Supremo español caía como un jarro de agua fría entre los telespectadores y cadenas de televisión: se rechazaba el recurso presentado por las cadenas privadas y por extensión se anulaba el reparto de frecuencias, que durante el gobierno de Zapatero se otorgó a las distintas operadoras para aumentar su oferta televisiva aprovechando las frecuencias libres del múltiplex. Como resultado, el alto tribunal obligaba a las cadenas a eliminar 9 de los canales disponibles en la parrilla de la TDT (uno por múltiplex).

Ha sido hace pocos días cuando el Ministerio de Industria, el competente en esta materia, ha recibido la propuesta de las diferentes operadoras en la que se detalla, tanto los canales elegidos para eliminar su emisión de la parrilla, como los pormenores del proceso que debe culminar en pocos días si los operadores quieren acatar la sentencia del Tribunal Supremo en tiempo y forma.

En total serán nueve canales los que desaparecerán la TDT en España antes del próximo 6 de mayo, fecha en la que se deberán dejar libres las frecuencias que ocupan actualmente: laSexta3, Nitro y Xplora del grupo Atresmedia; La Siete y La Nueve de Mediaset; AXN y uno de los canales de teletienda de Unidad Editorial y los dos canales de teletienda del grupo Vocento.

Ahora serán las operadoras las que tendrán que pedir cuentas al gobierno por esta decisión, dos de las cuales ya han solicitado amparo al Tribunal Constitucional para intenar frenar el plazo dado por el Supremo a través de UTECA, la unión que agrupa a las televisiones asociadas comerciales:

"El cese de emisiones de nueve canales de TV al que se nos está forzando supone una situación sin precedentes en cualquier democracia, un ataque a los derechos de los ciudadanos, que van a ver reducida su capacidad de elección y una significativa merma de los canales que ofreció la transición de la televisión analógica a la digital, mayoritariamente gratuita".

Lo que está clara es una cosa, sea cual sea el resultado último, serán el conjunto de los ciudadanos españoles los que pierdan, por una lado, 9 canales que aportan pluralismo a la parrilla televisiva, y por otro lado, la partida presupuestaría que el gobierno tendrá que reservar si al final tiene que indemnizar a las operadoras por el incumplimiento del reparto durante la etapa de gobierno anterior; una indemnización que ya se prevé bastante elevada.