Aunque más de uno podría llegar a pensarlo, la «gente influyente» queda excluida de las famosas demandas colectivas por infracción del copyright. Así lo demuestran las declaraciones como defensa de las acciones a través de los abogados de la industria, quienes eliminan de las demandas a las figuras políticas o importantes, figuras públicas, empleados del ejército o policía con el fin de abaratar los costes de casos así.

Hemos hablado en multitud de ocasiones de este tipo de demandas. Los casos de las películas The Expendables o The Hurt Locker son los casos más sonados. Ambos con récords de demandados por haber subido, descargado o compartido en BitTorrent las obras.

En los últimos meses han existido una serie de situaciones que han acabado con las declaraciones de hace unas horas de uno de los abogados de los titulares de derechos de autor. En muchas ocasiones se ponía de relieve que una IP no equivale a un infractor. Los casos de los usuarios que se encontraban fallecidos, el invidente que supuestamente descargaba porno o los usuarios que al cambiar la IP por el ISP recibían la carta de demanda en múltiples ocasiones, suponían costes extras para un resultado en juicio fallido.

Por esta razón, varios jueces han emitido durante las últimas semanas fallos contra las demandas. Los jueces indican a los titulares de derechos que deben de presentar demandas individuales en lugar de colectivas para que no se den casos sin sentido.

La defensa de uno de los abogados de los titulares de derechos no ha podido ser más bochornosa. James White argumentó que los juicios en masa están garantizados, ya que anteriormente han realizado un «barrido»para evitar casos «contradictorios». En su defensa argumentó:

>Han existido casos donde las demandas iban dirigidas al departamento de policía cuando se estaba ejecutando una investigación encubierta, por lo que la hemos desestimado. En otros caso los acusados eran fallecidos, otras veces personajes públicos o políticos, así que hemos decidido optar por no demandar a estos grupos

El único sentido que le veo a esta decisión es en cuanto a las personas fallecidas, el resto no sólo no tiene ningún sentido, sino que excluirlos de sus demandas significa otorgarle una serie de privilegios que rompen los derechos constitucionales de los ciudadanos y plantean dudas razonables sobre los favores que hace la industria. Si el modelo de negocio en el que se situaban estas prácticas eran de lo más dudosas, la exclusión de grupos influyentes o policía adquiere un matiz vergonzoso.

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