Los extremistas del copyright, por alguna extraña razón, siempre ponen al frente de su cruzada a mujeres. Angeles González-Sinde (España), Marielle Gallo (Francia), Gilda Gonzáles (México) y Victoria Espinel (Estados Unidos), son algunas de las damas a cargo de proteger en sus respectivos países la propiedad imaginaria --también llamada intelectual-- de industrias estadounidenses basadas en la explotación del copyright.

Espinel, la zar de protección de propiedad intelectual de los Estados Unidos, es quizá una de las menos conocidas fuera de su país a pesar de ser la responsable de las políticas públicas de propiedad intelectual que afectan la soberanía de otros países y los derechos de millones de ciudadanos alrededor del mundo.

Victoria Espinel publicó este lunes el Reporte 2010 de Protección de Propiedad Intelectual y aunque no es sorpresa el enfoque de regulación extrema y de criminalización para proteger a las industrias que ellos consideran creativas, debemos poner atención en el hecho de que este reporte pugna abiertamente por lograr más acuerdos entre los socios comerciales de Estados Unidos, la cooperación con organismos policiales como la INTERPOL y el intercambio regulado por herramientas comerciales como ACTA.

El reporte básicamente aplaude las cuestionables acciones que agencias como ICE han llevado a cabo este año, como lo son el bloqueo de dominios como rojadirecta.com. También reconoce como un avance el trabajo que han realizado en el Congreso de Estados Unidos para que la legislación de ese país cuente con las herramientas necesarias para perseguir el robo de propiedad intelectual en el entorno digital.

Además el reporte celebra que ACTA “fomente los esfuerzos de cooperación entre las comunidades de negocios para combatir infracciones de copyright”, “prisión, destrucción y multas” y “asegurar que las leyes civiles y penales puedan ser aplicadas igualmente a las infracciones on-line”.

Entre las acciones que se reportan se encuentra la descripción de diferentes operaciones que han llevado a cabo en cooperación con otros países: Operación Mercury II, Operación Global Hoax, Operación Pangea III, Operación En Nuestros Sitios, Operación en Nuestras Fronteras.

A lo largo de 93 páginas el mensaje es claro: para proteger la propiedad intelectual de Estados Unidos hay que perseguir y criminalizar. Aquí una pequeña síntesis de las palabras más utilizadas en reporte (está disponible para su descarga en el sitio de la Casa Blanca), creada en Wordle.

Pretender proteger a un sector comercial que ha sido completamente reinventado --muy a su pesar-- por el internet y la participación colectiva que éste habilita en base a la criminalización, es como pretender que la paz en el Medio Oriente solo puede existir apoyando dictaduras. Las acciones que promueve y celebra este reporte prueban la actitud puramente colonialista de la administración de Obama para imponer un régimen de propiedad basado en la defensa y no en el apoyo a la innovación, como ellos afirman.

La economía digital y del conocimiento tiene varios frentes, el de tipo jurásico está utilizando todos sus medios económicos para atacar el pilar que permite a la sociedad defenderse ante abusos de poder. Estamos ante una especie de DoS legal con el objetivo de paralizar el sistema jurídico que protege a los ciudadanos: lobbying fuera de control, tratados comerciales bi y multilaterales, leyes locales estilo Sinde, congresos e institutos capturados por los intereses que este reporte traza, demandas masivas, etcétera…. Un ataque a las estructuras democráticas en nombre de la protección de los derechos de autor.

El copyright ha perdido su objetivo inicial para convertirse en un instrumento de explotación que para empezar no debería de ser relacionado únicamente con la discusión en torno a la remuneración económica de las supuestas víctimas que este reporte plantea, como afirma Pedro Paranaguá de IPWatch.

El copyright tiene que cambiar o lo tendremos que mandar a donde fue creado: el pasado.