Luego de todo lo que se montó con la famosa portada de El Jueves, cabe ahondar un poco más en esa especie de manto sagrado que protege al Rey de España y a los suyos, tal y como manda la Constitución. Enrique Gimbernat, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense, califica estos privilegios como intolerables y antidemocráticos en un artículo que reproduce El Semanal Digital:
Otras diferencias que señala el artículo es, por ejemplo, que mientras para el común de los mortales se distingue entre falta y delito de injurias, para toda la Familia Real cualquier injuria se considera delito. Además, de esos delitos entiende un juzgado ordinario para el ciudadano común, y la Audiencia Nacional para Don Juan Carlos y los suyos.
Gimbernat continúa diciendo que todos esos privilegios no son nada comparados con el artículo 56.3 de la Constitución, que declara que "no está sujeta a responsabilidad" la persona del Rey, esto es, que "el Rey puede matar, violar o robar sin que por esos hechos sea posible abrir diligencias penales contra él", algo que "apenas tiene paralelo en el Derecho comparado actual", y de hecho España ha firmado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que elimina expresamente ese privilegio, aunque, eso sí, sin suprimir ese artículo de la Constitución.
No digo que Don Juan Carlos se vaya a volver de repente un delincuente, que ya tenemos una edad -y casi una decena de nietos- para esas cosas. Pero ese halo de intocabilidad para un gobernante que además no ha sido elegido democráticamente, no se corresponde con la época, ni con el supuesto primer mundo en el que vivimos.