El Gobierno de España acaba de aprobar una nueva regulación que obliga a las compañías a ofrecer un número de atención telefónica con un coste reducido, similar al de una llamada convencional. Esto supone de facto la eliminación de la tarificación especial de los números 902 o 901, que pasarán a tener un coste estándar.

Además, en el caso de los servicios básicos, las llamadas deberán ser gratuitas para que los consumidores puedan ejercer sus derechos, como las reclamaciones. Los servicios básicos están relacionados con el suministro de agua, luz, servicios financieros o seguros.

Para el resto de servicios, como decimos, el precio de la llamada pasará a tener un coste estándar. Esto podría no suponer ningún gasto adicional para el cliente en caso de contar con una tarifa plana de llamadas.

Adiós a los números de tarificación especial

Esta nueva medida, elimina una barrera para aquellas personas con recursos limitados. Muchos de ellos no podían ejercer sus derechos al no poder hacer frente al alto coste de las llamadas de los números 902 o 901. Estos números son frecuentemente utilizados en los departamentos de atención al cliente de las compañías.

Para poder llevar a cabo con éxito esta medida, el Gobierno ha tenido que modificar los artículos 21.2 y 49 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Esta norma regula el uso de números de tarificación especial que las empresas utilizaban frecuentemente y que disuadían a los clientes.

Alberto Garzón, actual Ministro de Consumo afirmó en su cuenta de Twitter: Hasta ahora han existido discrepancias sobre la interpretación del concepto de tarifa básica y muchas empresas lo aprovechan para poner números que suponen un coste para quienes llaman.

El coste de las líneas 902 se situaban entre los 0,12 y 0,40 euros por minuto. Un coste adicional muy elevado ante el que muchos usuarios no podían hacer frente, sobre todo en caso de tener una disputa con alguna compañía en la que habían contratado sus servicios.

Las Comunidades Autónomas serán las responsables de sancionar a aquellas empresas que no cumplan con esta medida legislativa. Es una medida que afecta directamente a los consumidores, y tienen competencia para ello.

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