El Gobierno de España intentará, con la ayuda de las teleoperadoras, poner coto a las infracciones de la cuarentena decretada en todo el territorio nacional el pasado día 14 de marzo como consecuencia de la expansión del coronavirus (COVID-19). Desde entonces, las multas y sanciones por salir a la calle sin justificación para ello no han dejado de sucederse, y el Estado se encuentra vigilando por "tierra, mar y aire", tal y como se afirmaba en la rueda de prensa de este viernes.
Para reforzar el seguimiento y endurecer la normativa, cuando fuese necesario, las instituciones gubernamentales podrían comenzar a contar pronto con datos de geolocalización provenientes de las operadoras de telefonía, que se han mostrado dispuestas a ofrecérselos para tal fin. Según informa CincoDías, grandes telecos como Telefónica, Orange o Vodafone ya se encuentran colaborando con el Gobierno para poner en marcha esta propuesta.
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De esta manera, la Administración podría conocer cuáles son las zonas en las que existe un mayor movimiento de personas, detectar aquellos lugares en los que se presenten anomalías y actuar en consecuencia. Con ello se pretende limitar el movimiento de las personas donde no se esté siguiendo la que es la más básica de las normas decretadas en el estado de alarma contra el coronavirus (COVID-19).
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La recogida de datos y posterior entrega al Gobierno es uno de los puntos candentes de cara a los usuarios siempre que entra en planteamiento, pero de la misma manera que ya ocurrido en otros casos, esta información sería de carácter completamente anónimo y, por ende, no serviría para identificar casos particulares.
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El interés de esta medida radica en identificar grandes movimiento anómalos en zonas determinadas de la superficie geográfica, no sancionar a individuos. Acorde con la ley de protección de datos, sería una medida, a todas luces, muy similar a la que ya llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE) en octubre del pasado año.
