De acuerdo a a la información de Reuters, Anthony Levandowski, antiguo líder de la división de conducción autónoma de Uber, acordó declararse culpable por el robo de documentos confidenciales de Waymo, filial de Google. El citado medio menciona que el acusado podría durar hasta 30 meses en prisión como parte del acuerdo. "El señor Levandowski acepta la responsabilidad y espera resolver este asunto", declaró su abogado Miles Ehrlich.

Con esta decisión se pone fin a una disputa legal que inició hace tres años. Levandowski trabajó para Waymo antes de unirse a las filas Otto, filial de camiones autónomos de Uber. Sin embargo, en 2017 Google lo demandó por supuestamente robar 14.000 archivos confidenciales antes de abandonar la compañía. Ese mismo año, Uber prefirió lavarse las manos y despidió al ejecutivo, quien no tardaría demasiado tiempo en fundar su propia startup dedicada a los sistemas de conducción autónoma: Pronto.

Si bien en febrero de 2018 Google y Uber llegaron a un acuerdo económico (245 millones de dólares) para evitar un posible conflicto entre gigantes, en el que claramente Uber partía con desventaja, el caso nunca se cerró para Levandowski. En algún momento se involucró a Erika Wong, una trabajadora que cuidaba a sus hijos. En su declaración reveló las múltiples conversaciones que escuchó de Levandowski, incluyendo sus posibles planes de huida para evitar ir a prisión.

La guerra entre Waymo y Uber termina en acuerdo, millonario eso sí

Wong también demandó a Levandowski por diversos daños laborales, como la falta de pago de salarios, violación al código laboral de salud e incluso por generarle una angustia emocional. Exigió 6 millones de dólares por las afectaciones. Más allá de sus acusaciones, la información proporcionada por Wong fue clave para armar un caso concreto contra el ex empleado de Uber, a quien poco a poco se le cerraban las vías de salvación.

Ya en agosto de 2019, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Norte de California inició una nueva investigación contra Levandowski. Tuvo que pagar una fianza de 2.000 millones de dólares y fue obligado a usar un monitor de tobillo por el alto riesgo de fuga. Tras una juicio que se extendió durante varios meses, hoy finalmente el acusado reconoció su culpabilidad y tendrá que afrontar las consecuencias en prisión.