Un nuevo aviso a los modelos de negocio de las tecnológicas de reparto de comida a domicilio ha llegado, de nuevo, de la mano de la ministra de trabajo.

Durante la comparecencia de Yolanda Díaz, a cargo de la cartera de empleo, en la sesión de hoy viernes en el Congreso de los Diputados se ha vuelto a mandar el mensaje –sin nombres propios, pero con un claro destino a Glovo y Deliveroo–. Díaz ha insistido en que el Gobierno está muy implicado en la revisión de la situación de los falsos autónomos. "Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo", ha declarado de forma tajante. "Debemos impedir que las nuevas fórmulas de economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación", ha añadido.

Para ello, el Ministerio tiene el objetivo actualizar las sanciones para luchar contra esta situación y aumentar las Inspecciones de Trabajo con refuerzos en el personal encargado para poder abordar la magnitud del problema. Revisarán especialmente las contrataciones temporales por encima de lo legal, contratos a tiempo parcial para evitar la jornada completa o las horas extra no pagadas bajo contratos de falsos autónomos o, incluso, becarios.

Asímismo, no es la primera vez que Trabajo anda a la zaga de la actividad de compañías como Glovo o Deliveroo. Ya en noviembre del año pasado, bajo el gobierno en funciones del PSOE, ya se posicionaban de una forma clara endureciendo los controles para el sector delivery. La Inspección de Trabajo iniciaba una investigación contra ambas tecnológicas al considerar que vulneran los derechos de sus trabajadores. Meses antes, en julio y bajo el mismo Gobierno, la misma inspección determinaba que estas compañías emplean a más de 8.000 falsos autónomos.

Estas inspecciones se producían al mismo tiempo que las compañías de reparto se reafirmaban en sus modelos de trabajo y, también, en mitad de las largas batallas judiciales que mantienen abiertas tanto Glovo como Deliveroo. Ambas compañías, a la par victoriosas y perdedoras en juicios por falsos autónomos iniciados por las numerosas demandas colectivas, esperan la decisión del Tribunal Superior de Justicia para determinar cuál es el camino a seguir ahora.

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