La relación de los Ayuntamientos con las compañías tecnológicas ha pasado por sus más y sus menos. La del Ayuntamiento de Madrid, en la era Manuela Carmena, y Airbnb podría llevarse el premio a la más espinosa.

La posición de Ahora Madrid respecto a la actividad de las plataformas de pisos turísticos en la capital era de sobra conocida. Para el consistorio, la irrupción de esta compañía era el detonante claro del aumento de los precios del alquiler en el centro de la ciudad –al igual que en Barcelona– por la caída de la oferta de vivienda disponible. De esta manera, y sin tapujos, Carmena le declaró la guerra a los pisos turísticos y al aumento de la oferta hotelera en el centro de Madrid. De esta manera, las licencias en trámite y las futuras –tanto para pisos, como para hoteles– quedaron paralizadas. Era la primera medida de una larga lista de condiciones que, entre otras cuestiones, añadían la limitación del volumen de la vivienda vacacional en el centro de Madrid con la idea de promocionarla en otras regiones de la ciudad; además, de condicionar los requisitos para abrir alguno de estos negocios en Madrid.

Impuesta desde 2018, no fueron pocas las plataformas hoteleras y gestoras de viviendas vacacionales en la capital que se posicionaron rápidamente en contra de esta medida. Fue concretamente Madrid Aloja la que presentó la petición ante el juez de declarar nula la decisión de Carmena. De esta manera, el pasado mes de abril, el Tribunal Superior de justicia de Madrid, declaraba nula la decisión del consistorio por considerar que esta no había tomado los cauces reglamentarios para su aprobación en el Ayuntamiento, además de un desarrollo de la normativa suficientemente consistente para ser aprobada.

Ahora, y según adelanta El Confidencial, un juez del contencioso administrativo de la capital ha declarado nula la moratoria de concesión de permisos para la construcción y apertura de pisos y hoteles en el centro de Madrid.

Este movimiento era, de hecho, el que el nuevo Ayuntamiento de Madrid estaría esperando para modificar la regulación de Carmena; manteniendo un perfil bajo, Almeida ha dejado el tema de los pisos turísticos en segundo plano a la espera de la decisión firme de los Tribunales. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Almeida ha continuado con las inspecciones en aras de revisar la actividad de los pisos sin licencia. En lo que va de año ya ha dictaminado más de 350 órdenes de cese por pisos ilegales.

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