Es, de momento, el único servicio VTC que sigue operando en Barcelona. Ahora quieren redoblar esfuerzos en su pulso contra la normativa que aplica a la gestión de los vehículos con conductor en Barcelona.

Comenzaron con unos 300 vehículos circulando por la Ciudad Condal. Ahora anuncian que amplían a los 800 coches, además de crecer en zonas –en Mataró, Terrassa, Martorell y Sitges–, y mejorar tarifas que, al menos según su información, "prometen ser un 15% más baratas de aquí a fin de año". Con esto cumplen uno de los requisitos que los usuarios habían estado solicitando desde la retirada, y posterior vuelta del servicio: volver a una cierta normalidad en la actividad.

Asímismo, su pulso contra el Real Decreto Ley 13/2018 sigue abierto. Este texto, impulsado por el Ministro de Fomento José Luis Ábalos a principios de 2019, ponía en manos de las Comunidades Autónomas –y por extensión en los Ayuntamientos– la competencia de la gestión de los vehículos con conductor. El objetivo de esta reforma era, además de pasar la guerra del taxi a los siguientes de la lista, igualar la gestión de ambas licencias en sus entornos de trabajo.

Tras largas jornadas de huelga por parte del taxi, el conflicto se saldó con resultados desiguales. Mientras en Barcelona, el Ayuntamiento liderado por Ada Colau, imponía la norma más estricta para las VTC, Madrid se mantenía estática. 60 minutos de precontratación para los servicios solicitados en la Ciudad Condal y la obligación de ir a cocheras una vez terminada la carrera.

Tras este anuncio, justo en los días previos a la celebración del Mobile World Congress, Uber y Cabify se despedían de su actividad en la región. Para sorpresa de todos, este último anunciaba, semanas más tarde, su regreso aprovechando un resquicio legal del texto del Ayuntamiento de Barcelona. De esta manera, y cambiando las condiciones legales de Cabify –que opera en Cataluña a través de su filial Prestige&Limousine, S.L.–, los usuarios se convertían en clientes anuales de la plataforma en un contrato que podría romperse en cualquier momento. Solo el primer viaje estaría cargado con esos 60 minutos; el resto serían parte de una relación contractual.

Ni que decir tiene que tras este anuncio, Ada Colau prometió elevar esta cuestión a instancias legales. Era, para la Alcaldesa de Barcelona, una afrenta directa a la gestión de su ciudad. Lo cierto es que, de momento, los equipos legales del consistorio no han conseguido esquivar la triquiñuela de Cabify. Y no solo eso, lo que empezó siendo una pulso a la ciudad de Barcelona, ha terminado posicionándose del lado de la tecnológica, la cual ahora aumentará su servicio sin la competencia de Uber.