España se está despidiendo del carbón. Al igual que el resto de países de la Unión Europea, y en aplicación de su normativa, varias de las centrales térmicas del país estaban condenadas al cierre en los próximos años tras no haber podido adaptarse para cumplir con unos objetivos de reducción de sus emisiones. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un cierre controlado puede que ahora sea mucho más abrupto.
La semana pasada Endesa aprobaba cerrar dos de las centrales más importantes que, en principio, sí que eran aptas para seguir funcionando hasta 2030 al haberse adaptado. Se tratan de la gallega As Pontes y la almeriense de Litoral, que se unen a las de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) y también las centrales de Iberdrola y Naturgy, las cuales ya habían iniciado sus planes de cierre. En resumen, de las 15 centrales de carbón que siguen operativas en España, solo 3 seguirían activas más allá del horizonte de 2020 y 2021.
Aunque el cierre de estas centrales 'todavía útiles' debe ser aprobado y acordado junto con el Ministerio -lo cual podría postergar su cierre práctico algunos años más-, todo se puede resumir como la crónica de una muerte anunciada. Europa había comenzado pidiendo que se cerraran las centrales más contaminantes, y las que han pasado este filtro, han acabado siendo insostenibles para sus empresas por el pago por los derechos de emisiones de CO2, los cuales en los últimos meses se estaban situando en torno a los 25 euros por tonelada métrica emitida, y el buen momento de precio que vive el gas natural.
Casi la mitad de la electricidad de España depende de la eólica y la nuclear
En otras palabras, el camino hacia la descarbonización parece que puede ser incluso más rápido que lo marcado en un primer momento. La centrales térmicas son las causantes de aproximadamente un 15% de las emisiones de GEI españolas y su cierre puede rebajar drásticamente las mismas. Sin embargo, su clausura también abre otras preguntas: qué pasará con el empleo que mantenían, buena parte localizado en zonas rurales, y de dónde se obtendrá la energía que su apagón va a dejar al descubierto.
La respuesta a esta última cuestión parece clara: apostar por renovables, ¿pero están preparadas para cubrir la demanda? En los últimos años, según Red Eléctrica Española, el carbón había cubierto en torno a un 15% de la demanda eléctrica del país, siendo el aporte más importante tras la nuclear y la eólica. Pero su peso era mayor en años de especial sequía -por el descenso de agua en las hidroeléctricas- y en meses como febrero o junio, donde se producen picos de demanda por los sistemas de calefacción y de aire acondicionado respectivamente. En esos casos, el carbón era una de las fuentes más manejables para cubrir las peticiones. Simplemente había que quemar más excedente.
José María González Moya es el Director General de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). En su opinión, la actual infraestructura de energía verde en España está preparada “para cubrir buena parte del espacio que pueda dejar el carbón”, y lo harán “de forma mucho más barata”, pero no niega que las renovables siguen teniendo un déficit para cubrir momentos de pico, en los que entraba actualmente el carbón.
Las renovables crecen, pero no al ritmo pronosticado
González Moya apuesta porque parte de esos picos puedan cubrirse con otra renovable en boga en los últimos años: la biomasa. “La eólica y la fotovoltaica son las renovables más asentadas y desarrolladas, pero tenemos el problema de que cuando no hay aire, o no hay sol, no pueden producir tanto. Ese es un problema que se puede solucionar combinándola con la biomasa. De cara a los próximos meses hay planificadas la apertura de varias plantas con una potencia de 200 megavatios. Y en Reino Unido están trabajando desde hace unos años transformando las antiguas térmicas en plantas de biomasa, que gracias al almacenaje de desechos forestales también pueden entrar en el mix energético cuando sea necesario, y de paso también pueden absorber el empleo de las antiguas instalaciones”, señala.
El plan, mientras tanto, pasa por seguir aumentando la potencia instalada de la eólica y la fotovoltaica. Actualmente las renovables cubren en España -contando la hidráulica- el 38% de la demanda, un porcentaje que en el marco de las directrices europeas y del Acuerdo de París debería seguir subiendo en los próximos años. Para ello, el anterior Ejecutivo del Partido Popular lanzó varias subastas para implantar hasta 8.200 megavatios nuevos de cara a 2020. El problema es que solo tres meses de que llegue a esa cifra, parece evidente que no se va a conseguir.
Según los datos de APPA, de esos 8.200 megavatios solo están listos ahora mismo 1.500 de solar fotovoltaica y 550 de eólica. ¿Por qué no se va a conseguir llegar a la cifra marcada? Pues porque parece que las empresas ganadoras de la subasta no van a llegar a tiempo. Al hilo de esto, González Moya explica que, como en los últimos años, la regulación y la implantación de las renovables en España se ha hecho de forma apresurada.
Entre 2006 y 2008 se instaló buena parte de las plantas renovables que tenemos hoy en día gracias a que se contaba con unas condiciones de inversión beneficiosas impulsadas por el Gobieno de entonces. Después, tras la eliminación de las primas, el sector ha pasado unos cinco años de inseguridad y parálisis, que se ha retomado de forma abrupta con las subastas recientes, las que dieron lugar a los 8.200 megavatios futuros.
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“Nosotros pedimos que haya un consenso político lo más amplio posible en materia de renovables. Un marco que al menos mantenga una normativa fija que facilite la inversión. Sin vaivenes. El auge que hubo antes de 2008 demostró no ser acertado, y en las últimas subastas, seguramente habría sido mejor ir sacando megavatios gradualmente y no unas cantidades tan importantes con un margen tan escaso de tiempo”, señala el Director de APPA.
Durante aquellas subastas de 2016 y 2017 entró en el mercado con fuerza una empresa relativamente nueva: la aragonesa Forestalia, que se llevó una parte importante de los megavatios a instalar, en torno a unos 2.000. Pese a que esta compañía ya está a punto de poner en marcha varios de los parques eólicos y huertos solares concedidos, también vendió parte de sus derechos a Repsol, que ahora será la encargada de tenerlos a punto durante el comienzo de 2020.
En declaraciones a Expansión, fuentes de Forestalia indicaban que llegarán en plazo para tener en marcha todos los megavatios que deben estar funcionando. De no hacerlo, ellos, al igual que otras adjudicatarias a las que se achacan ciertos retrasos, perderán un derecho de retribución asegurada del que gozaban los ganadores de la subasta. Eso sí, eso no significa que los proyectos, aunque lleguen tarde, se vayan a paralizar o se pierda su licencia, informan desde APPA.
Con todo, y a expensas de lo que deparen las próximas elecciones, parece claro que España quiere transitar lo más rápido posible el camino para seguir aumentando su potencia renovable. Algunos de los planes del actual Gobierno en funciones pasaban por una batería de subastas que doblara su número de aquí a 2030, momento en el que el carbón debería pasar completamente a ser una tecnología abandonada.