La historia que comenzaba hace ahora un año, está llegando a su fin, al menos en Cataluña.
Ada Colau, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress de 2018, aprobaba un texto que dibujaba el devenir de los siguientes meses. No solo a nivel del Área Metropolitana de Barcelona, sino a nivel nacional. La alcaldesa de Barcelona "se sacaba de la manga" lo que ahora se conoce como "la licencia Colau". O lo que es lo mismo que decir que, para que los vehículos de Uber y Cabify pudiesen circular necesitarían una licencia adicional a su permiso VTC. Muy celebrado por el taxi, y condenado por el sector contrario, la propuesta de Colau
tardó poco en ser sancionada. Excedía sus competencias, en ese momento depositadas en el Ministerio de Fomento. Pero la mecha ya estaba encendida.
La normativa a favor del taxi de Ada Colau que se sale de las competencias de su Ayuntamiento
Aunque la medida se echase para atrás, este simple acto generó el caldo de cultivo que habían estado esperando los taxis en España. Justo antes de verano y pidiendo una reforma de las licencias VTC respecto al taxi, el país se paró por las quejas del colectivo. Cerrando el mes de julio de 2018, con estos paros el sector conseguía que su situación se pusiese en la primera línea de la agenda del ministro de Fomento. Hubo que esperar a septiembre, fecha prometida por Ábalos, para ver cómo se resolvía la situación.
La cuestión se resumía en pocas palabras: a partir de ese momento, serían las Comunidades Autónomas las que tendrían el poder de gestionar estos permisos, para después pasarle el testigo a los Ayuntamientos. Para muchos fue una manera de pasar la pelota del problema a las diferentes comunidades, pero para el taxi suponía una oportunidad para resolver sus problema con las administraciones locales.
Poco menos de cinco meses después, la bomba de problema del transporte ha estallado en las manos de todos. Transferir las regulaciones a las Comunidades Autónomas tenía un peligro: 17 regulaciones diferentes. Dependiendo del partido político que esté gobernando en ese momento, la normativa tomaría un perfil u otro. Y, de hecho, así ha pasado.
Se abre la tercera jornada sin acuerdos en el taxi: a por la huelga en FITUR
Hace dos semanas, el taxi de Cataluña exigía a la Generalitat la reforma esperada desde septiembre. Tras una huelga indefinida, que terminó en apenas unos días, el taxi conseguía su objetivo: echar a Uber y Cabify de sus calles. Reserva con 15 minutos de antelación, ampliable a una hora según el Ayuntamiento de Barcelona, obligación de volver a cocheras y la imposibilidad de geolocalizar los vehículos en la aplicación eran las medidas propuestas por el Govern que tenían el visto bueno del taxi. Desde entonces, el sector VTC en Barcelona se manifiesta en contra de lo que supondrá el fin de su actividad en la región, como ya venían adelantando las diferentes compañías desde hace días; este sentido, ya se ha avisado de los despidos en el sector que, avisa la Generalitat, no podrán realizarse antes de que se formalice el decreto. Justo hoy se ha aprobado el mismo, que aparecerá el próximo jueves en el DOGC y entrará en vigor este mismo viernes. Por otro lado, el Govern quiere llegar a un acuerdo de partes, incluido el sector de las VTC: creará un fondo de compensación, tanto para VTC como para licencias de taxi, que tenga el objetivo de evitar la especulación con licencias.
Por su parte, en Madrid, el caos sigue servido. No hay manera de que el taxi y la Comunidad de Madrid sellen un acuerdo favorable por ambas partes. Por un lado, el taxi quiere las mismas condiciones que Cataluña, y la Comunidad no quiere regular las VTC. Desde el lunes pasado, el taxi mantiene su huelga indefinida que, desde el bloqueo de Fitur y la Castellana, mantienen sitiada la sede del Partido Popular o cualquier evento en el que el partido de Pablo Casado se persone.
Hasta el momento, no hay ninguna fecha prevista para una nueva negociación entre las partes en Madrid.